Número-386

• Sólo a través de la aplicación de estos estándares resultará posible otorgar efectividad a los derechos y cerrar la brecha existente.
• Los legisladores también solicitaron que se fortalezcan los criterios de evaluación de la calidad de investigación científica.

 

A fin de reconocer la relación indivisible entre el salario mínimo y el derecho a una vida digna, la Comisión Permanente exhortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) del gobierno federal, para que entre sus acciones para el fortalecimiento progresivo del salario mínimo, considere los estándares y elementos expuestos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 

El dictamen precisa que los elementos expuestos en el documento “Salario Mínimo y Derechos Humanos”, de la CNDH, tienen el objeto de acercar a la STyPS algunos referentes normativos y elementos que sirvan en la definición de la política y acciones concretas de recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos.

 

“La situación del salario mínimo en México es tal que un aumento tendría mayores beneficios que costos”, se indica.

 

Se subraya que es necesario que la política de recuperación gradual y sostenida del poder adquisitivo de los salarios mínimos generales y profesionales, asegure un monto adecuado para las trabajadoras y trabajadores que perciben el equivalente a uno solo. “Las familias deben vivir dignamente, con pleno goce y disfrute de los derechos humanos”.

 

En este sentido, los legisladores solicitaron un informe sobre el avance de los trabajos de la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales, creada con el objeto de proponer las bases o elementos de una política salarial que haga posible la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos generales y profesionales.

 

Los ingresos de una persona le deben permitir que cubra sus necesidades básicas de alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras, no solo para sí misma, sino también para su familia; por lo que tal derecho está relacionado directamente con el goce y la satisfacción de diversos derechos humanos.

 

Sólo a través de la aplicación de estos estándares resultará posible otorgar efectividad a los derechos y cerrar la brecha existente entre los postulados constitucionales e internacionales, por un lado, y la realidad jurídica, por otro.

 

Es urgente detener la caída salarial y su estancamiento, comenzando su recuperación de forma gradual pero sostenida, garantizando a los trabajadores los derechos adquiridos como lo es el reparto de utilidades justo. Esta es una reforma imprescindible, urgente y absolutamente pertinente para establecer nuevas estructuras de igualdad y equidad en el país, puntualiza.

 

Fortalecer los criterios de evaluación sobre la calidad de investigación científica

 

Posteriormente los legisladores hicieron un llamado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a realizar una revisión integral del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores para fortalecer los criterios de evaluación sobre la calidad de investigación científica, tecnológica y de innovación para investigadores.

 

El dictamen tiene el objeto de garantizar la formación de capital humano de alto nivel mediante procedimientos competitivos, eficientes, equitativos, transparentes y públicos.

 

Es indispensable robustecer los criterios de evaluación sobre la calidad de investigación científica, a fin de resolver los problemas nacionales, contribuir al desarrollo del país y elevar el bienestar de la población en todos sus aspectos.

 

Solicitan que se firme Convención interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia

 

Finalmente, los integrantes de la Comisión Permanente exhortaron a al Poder Ejecutivo Federal a que firme y remita al Senado de la República para su análisis y eventual aprobación, la Convención interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en Antigua, Guatemala, el 5 de junio de 2013.

 

Dicho documento afirma que una sociedad pluralista y democrática debe respetar la identidad cultural, lingüística, religiosa, de género y sexual de toda persona, que pertenezca o no a una minoría, y crear las condiciones que le permitan expresar, preservar y desarrollar su identidad.

 

Por ello, el dictamen también hace un llamado al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en estrecha coordinación con las autoridades de las entidades federativas, fortalezcan las acciones y campañas para prevenir y erradicar la discriminación en los establecimientos mercantiles.

 

Se precisa que la discriminación mantiene a nuestra sociedad sumida en viejos atavismos autoritarios porque constituye, de tacto, una negación de derechos y una ruptura del principio democrático mínimo, por ello es indispensable tomar acciones que permitan la igualdad formal de todos en un estado de derecho.

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