Número-369

• Integrantes de la Segunda Comisión reconocen que la desindexación del salario mínimo permitirá crear una política de recuperación del poder adquisitivo.
• Avalan 10 dictámenes más sobre temas como la afiliación de estudiantes al IMSS, la crisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el pago a docentes, entre otros.

 

La Segunda Comisión de la Permanente aprobó un dictamen para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, considere dentro de las acciones para el fortalecimiento progresivo del salario mínimo, en particular a favor de las personas y familias con menores ingresos, los estándares y elementos expuestos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el documento “Salario Mínimo y Derechos Humanos”, reconociendo la relación existente entre salario mínimo y el derecho a una vida digna.

 

En el mismo sentido, solicita agilizar los trabajos de la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de octubre de 2014, con el propósito de proponer las bases de una política salarial que haga posible la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos generales y profesionales.

 

En el dictamen, los integrantes de la Segunda Comisión advierten que, en la recién aprobada reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se establecen las bases que permitirán instituir una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos. “Con esta reforma se actualizarán 35 años de rezago salarial histórico”, precisa el texto.

 

Asimismo, detallan que un aumento al salario tendría mayores beneficios que costos, ya que con una política pública destinada a elevar el salario mínimo, moderadamente mejoraría los ingresos de los trabajadores ubicados en la escala salarial más baja, sin que tuviera repercusiones negativas hacia los demás trabajadores, con lo que se daría un primer paso para la construcción de un país más equitativo.

 

En otro de los once dictámenes aprobados, la Comisión Permanente hace un llamado a las autoridades correspondientes en el ámbito federal y de las entidades federativas, para intensificar las campañas de información, difusión y concientización, que abonen a alcanzar la meta de afiliación total de estudiantes al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

 

El propósito es que todos los estudiantes cuenten con asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria gratuita, y con mejores condiciones para evitar el abandono escolar por causas de enfermedad.

 

Además, en el acuerdo se hace un reconocimiento a las acciones instrumentadas por el gobierno federal para que los jóvenes que estudian en las instituciones de educación pública de los niveles medios superior y superior, cuenten con la protección de la seguridad social.

 

En el dictamen avalado, se informa que según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para el ciclo escolar 2015-2016, se tienen registrados 9.2 millones de alumnos en el nivel educativo medio superior, de los cuales, casi siete millones corresponden a escuelas públicas y constituyen la meta mínima de afiliación que se ha propuesto el gobierno federal.

 

Actualmente, agrega, se ha afiliado a poco más de 4.3 millones de jóvenes, por lo que es importante fortalecer los esfuerzos para promover la inscripción de los casi tres millones restantes. No obstante, reconocen que el principal problema que se presenta para lograr el objetivo es el desconocimiento de este derecho por parte de los propios jóvenes, quienes a pesar de las campañas implementadas, aún no han hecho efectivo su derecho a la afiliación al IMSS.

 

En otro de los dictámenes aprobados, la Comisión Permanente expresa su preocupación por la crisis financiera que enfrenta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y exhorta al Poder Ejecutivo Federal a promover ante los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), acciones para encontrar una solución estructural y sustentable que fortalezca la operación de la CIDH y garantizar el derecho de las víctimas a acceder a la justicia internacional.

 

El resolutivo también plantea hacer un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que exprese el respaldo político del Estado mexicano al trabajo de la CIDH, y evalúe la posibilidad de brindar apoyo financiero extraordinario que contribuya para no dejar en la desprotección a las personas para quienes la Comisión Interamericana representa el último recurso y su última esperanza.

 

En el texto del dictamen se precisa que la crisis financiera de la CIDH se debe a distintos factores, así como a la reducción de contribuciones voluntarias, en particular de países europeos, y a la ausencia de una solución de largo plazo para alcanzar el pleno financiamiento de los órganos del sistema (Corte y Comisión) con base en el presupuesto regular.

 

Aunado a esto, se tiene la deuda pendiente de algunos países al presupuesto de la OEA, que representa también una fuente de presión adicional a los recursos de la organización.

 

Los integrantes de la Segunda Comisión también aprobaron un dictamen por el que se exhorta a la Secretaría de Educación Pública a informar sobre la evolución del proceso de pago a docentes federalizados.

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