Número-352

• Exhortan legisladores continuar con las indagatorias para sancionar a los responsables.
• Necesario, reestablecer el orden y garantizar la seguridad de los presidentes municipales, coinciden los grupos parlamentarios.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión manifestó su condena enérgica por el asesinato del alcalde de San Juan Chamula, Chiapas, Domingo López Gonzalez, y por el de Ambrosio Soto Duarte, edil de Pungarabato, Guerrero, el sábado del pasado fin de semana.

A través de un acuerdo de la Mesa Directiva, la asamblea externó sus condolencias a amigos y familiares, al tiempo que exhortó a las instancias federales y estatales de Chiapas y Michoacán para que trabajen de manera coordinada, a fin de continuar con las investigaciones que permitan esclarecer los sucesos y sancionar a los responsables.

A propuesta de la senadora Angélica de la Peña, del Grupo Parlamentario del PRD, se incorporó una solicitud al titular de la Comisión Nacional de Seguridad y a las autoridades estatales que implementen los protocolos que permitan brindar protección a los alcaldes que están siendo amenazados por la delincuencia organizada.

Además se solicita que la realización de un análisis de riesgo y se establezcan acciones para la atención, prevención y persecución de las bandas que se han apoderado de territorios, afectando flagrantemente el Estado de derecho.

En el acuerdo, también se pide a los titulares de los poderes ejecutivos locales a que prevengan hechos que ponen en entredicho la paz, tranquilidad y la seguridad de los habitantes que gobiernan.

Sobre el mismo tema, el gobierno de Chiapas envió un informe a la Comisión Permanente sobre las acciones realizadas tras los acontecimientos violentos del pasado fin de semana en San Juan Chamula.

En el documento, el gobierno estatal explica que, por la mañana del sábado elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del estado se trasladaron al lugar de los hechos para restablecer el orden e iniciar las investigaciones.

Posteriormente, el gobernador Manuel Velasco ordenó a la procuraduría estatal acelerar las investigaciones hasta dar con los responsables, y se inició la carpeta de investigación 0314-078-1001-2016. Además, el mandatario supervisó la atención médica a los heridos y les manifestó su apoyo.

Por la tarde del sábado, la Procuraduría estatal dio a conocer la captura de seis sujetos implicados en los hechos y este lunes se anunció la detención de un séptimo implicado, quienes ya fueron puestos a disposición de un juez de control.

Se explica que, el domingo pasado, el gobernador instaló la Comisión para la Reconciliación en el Municipio de San Juan Chamula, donde participan las autoridades constitucionales y las autoridades tradicionales del ayuntamiento, así como los senadores Zoé Robledo, del PRD; Roberto Albores, del PRI; y Luis Armando Melgar, del PVEM.

Además, diputados federales y locales de todos los partidos y sus dirigentes, representantes de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos y funcionarios del gobierno del estado, a fin de alcanzar la paz, unidad y desarrollo del pueblo, precisa el documento.

En tanto, el Congreso estatal de Chiapas se encuentra en proceso de integración del nuevo Ayuntamiento Constitucional.

De acuerdo con el informe que remitió el gobierno del estado, se reestableció el orden en San Juan Chamula, se logró avanzar en la investigación para que haya justicia ya con los detenidos, se atendieron a las víctimas y se construyó un canal institucional para garantizar la estabilidad política y social en el municipio.

A solicitud del diputado del PAN, Federico Döring Casar, la Asamblea guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas en los hechos de violencia en los ayuntamientos de San Juan Chamula, Chiapas, y de Pungarabato, Guerrero; y en solidaridad con sus familiares y amigos.

A nombre de la bancada de Nueva Alianza, la diputada Angélica Reyes Ávila condenó enérgicamente estos actos de violencia que atentan contra la seguridad y estabilidad de los ciudadanos, además de las instituciones del Estado.

El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, expresó que la violencia contra servidores públicos ha llegado a “niveles alarmantes” en el país y muestran el rostro más claro de la impunidad y el fracaso del modelo de seguridad nacional que se ha implementado en los últimos años.

A su vez, el diputado de Morena, Virgilio Dante Caballero Pedraza, advirtió que el discurso del México en paz y la ausencia de una estrategia, pública e integral, de combate al narcotráfico y al crimen organizado, han incrementado los asesinatos producto de la violencia e inseguridad en el país. “La impunidad en México es el principal factor que permite a los sicarios continuar con las matanzas”.

El senador del Grupo Parlamentario del PVEM, Luis Armando Melgar Bravo, manifestó que ante los hechos ocurridos el pasado sábado, resulta fundamental que se incremente el presupuesto para que se promueva el desarrollo sano, estable y en paz de los pueblos y comunidades indígenas.

Aseguró que se deben evaluar las reglas de operación de los diferentes programas que tienen efecto en los pueblos y comunidades indígenas, para que estas permitan cubrir las necesidades y realidad de las regiones del país.

Al fijar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del PRD, el senador Zoé Robledo Aburto se pronunció por la conformación de un grupo interdisciplinario que garantice la paz sustentable y duradera en los municipios localizados en los estados de mayor pobreza y violencia en el país, el cual quede alejado de los “regateos” político-partidistas.

La labor del grupo propuesto, refirió, será hacer un análisis a fondo de las causas de la violencia social y política, para lograr un diagnóstico certero y que se tomen las medidas necesarias que permitan revertir la inconformidad social, ya sea con la revocación del mandato, el empate de la política electoral con la estructura de usos y costumbres, o el reordenamiento de las políticas públicas, etcétera.

A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado Ricardo del Rivero Martínez apuntó que es necesario que se tenga conciencia de que, durante el sexenio, 16 alcaldes de todos los signos partidarios han sido asesinatos, en los estados de Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Puebla, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Guanajuato, Morelos y Estado de México.

La senadora Yolanda de la Torre, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que estos hechos dañan al Poder Legislativo pero especialmente a la sociedad en su conjunto; y condenó los homicidios cometidos en Michoacán y Chiapas.

Detalló que, de acuerdo a datos de la Asociación Nacional de Alcaldes y la Asociación de Autoridades Locales de México, desde hace una década han sido asesinados 79 presidentes municipales y ex alcaldes, principalmente en Michoacán, Guerrero y Oaxaca.