Número-312

• Es fundamental conocer quién elaboró los protocolos para el operativo del 19 de junio: Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
• Nochixtlán no debe convertirse en un caso más en el que no se sabe la verdad: senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.

 

La Comisión de Seguimiento a los Hechos Ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio de 2016 sostuvo una reunión con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien informó a los legisladores sobre la labor que este órgano autónomo ha realizado respecto a este caso.

 

La senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Seguimiento, expuso que a 13 días de haberse instalado esta instancia legislativa se han emitido oficios para requerir información a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, a la Policía Federal, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la CNDH, al gobernador de Oaxaca, a la Fiscalía General de ese estado, a la Policía Estatal y al Presidente Municipal de Nochixtlán.

 

Del mismo modo, comentó que se han recibido cinco informes de diversas autoridades y ya se tuvieron reuniones con autoridades de Oaxaca y con el gobernador Gabino Cué Monteagudo, quienes “nos hicieron entrega de la información requerida, la cual será analizada e integrada en el informe que se presentará por parte de esta comisión”.

 

Producto de estas reuniones –agregó la senadora– se tiene conocimiento que fueron ocho las personas fallecidas en Nochixtlán, Oaxaca, y han sido dados de alta todos los que resultaron heridos. Existió la mayor apertura por parte del gobernador para que puedan realizarse pruebas periciales a las armas de la policía estatal, con la finalidad de que se puedan deslindar responsabilidades.

 

“Por nuestra cuenta, estamos con toda la disposición de que no se convierta en un caso más en el que no se sabe la verdad”, enfatizó.

 

En su exposición inicial, Luis Raúl González Pérez explicó que este órgano autónomo ha estado de manera permanente en el lugar de los hechos, recabando todo tipo de evidencia que permita identificar las violaciones a los derechos de la población; “es lo que le toca a la CNDH, no le toca investigar los delitos”, precisó.

 

Indicó que ha llevado a cabo 502 actas circunstanciadas que contienen quejas y testimonios de diez testigos de los hechos en las inmediaciones del hospital comunitario, seis asesorías en materia laboral a maestros y a dos personas en materia penal y de seguridad social, 29 testimonios de lesionados por arma de fuego, cuatro por gas lacrimógeno y uno lesionado por fragmentos de un explosivo “de elaboración artesanal”.

 

Asimismo, incluye los testimonios de seis testigos en la carretera internacional, de familiares de lesionados de la Escuela Normal Experimental de Huajuapan de León, cincuenta entrevistas a diversos comerciantes, a 39 taxistas de tres sitios diferentes, a 11 policías federales lesionados, una evaluación médica a una policía federal que fue retenida en las primeras horas de los hechos.

 

Informó que también inició la investigación en Hacienda Blanca, así como observación fotográfica y ocular en diferentes lugares donde se registraron disparos.

 

Refirió que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca anunció que se iniciaron 43 carpetas de investigación, de las cuales seis son por homicidios, 11 por lesiones, 23 por daños a vehículos e inmuebles, y tres por lesiones a servidores públicos.

 

No obstante, denunció que la Fiscalía se ha negado a entregar a la CNDH información sobre la investigación relacionada con los ocho homicidios, por lo que exhortó a las distintas autoridades a coadyuvar con la Comisión entregándole oportunamente los informes.

 

“Nosotros con oportunidad solicitamos a la Fiscalía General de Oaxaca información sobre la investigación. Se nos dijo que se nos iba a proporcionar. Se nos dijo, incluso, que vendrían a la Ciudad de México a entregarla, y contrario a eso, parece que nos contravinieron para que integráramos nosotros la documentación. Cuando volvimos a requerir nos la han negado porque señalan que ya se la entregaron a la PGR”, atajó González Pérez.

 

Precisó que siete de las muertes se registraron en Nochixtlán y una en Hacienda Blanca; sin embargo, hay tres homicidios más relacionados con los hechos; uno de ellos, del locutor de una radiodifusora de Huajuapan de León.

 

Aclaró que al inició se señaló que había seis personas desaparecidas, de las cuales cinco han sido ubicadas y aún se realiza la búsqueda de la última.

 

El ombudsman mencionó que la CNDH ha emitido medidas cautelares a favor de las víctimas y sus familiares, las cuales fueron aceptadas por las secretarías de Salud y de Gobierno de Oaxaca, así como por la Secretaría de Salud federal.

 

González Pérez hizo hincapié en que aún hay diversas interrogantes que dilucidar, como si hubo o no tiradores desde alguno de los hoteles, infiltrados en la población que habrían disparado en contra de los policías federales, cómo y quién diseñó los protocolos de actuación y si éstos cumplieron con los estándares, si hubo detenciones arbitrarias, si las víctimas eran de la población y no del magisterio, el tipo de armas utilizadas, el uso de la fuerza, en qué momento participó la policía estatal y si negó el servicio médico a los heridos, entre otros aspectos.

Señaló que la CNDH cuenta con una vasta información sobre los hechos acontecidos en Nochixtlán, pero está en espera de recibir los datos oficiales de distintas autoridades, con el objetivo de poder contrastarlos.

 

El senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación en el Senado, preguntó si se respetaron los protocolos internacionales, como el trabajo de inteligencia por adelantado para realizar el operativo, el exhorto a las personas para que se retirasen antes del uso de la fuerza pública y la utilización de las diversas armas que se tienen documentadas.

Cómo es que se toma la decisión, después de retirar a las personas que están bloqueando la carretera, de avanzar a una distancia importante hacia la población, si ya se había cumplido con el objetivo inmediato; ¿por qué avanzar y tener un operativo mayor?, cuestionó.

En su turno, el senador Ismael Hernández Deras, del Grupo Parlamentario del PRI, manifestó que es necesario identificar “quién mece la cuna para provocar enfrentamiento, violencia y rispidez entre sectores de la sociedad”.

 

“Sin duda, en ocasiones el signo de interrogación de grupos ajenos a la causa magisterial nos preocupa en este tema”. Quién se identifica con el discurso violento; quién se beneficia políticamente a partir de esto, preguntó.

 

El senador Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del PRD, apuntó que se debe investigar si fue “un ataque de Estado a la población civil”, pues no se respetaron los protocolos en la actuación de los cuerpos policiales.

 

La Comisión juega un papel importante en la pacificación y concordia en el país; sin embargo, se habla de un crimen de Estado y los autores tienen que enfrentar su responsabilidad, no puede haber más matanzas en el país y que los culpables queden impunes, aseguró. Asimismo, pidió a la CNDH emitir una recomendación al presidente de la República para que atienda el conflicto magisterial.

 

En su oportunidad, la diputada Mariana Benítez Tiburcio, del Grupo Parlamentario del PRI, subrayó que diversos organismos y actores sociales han presentado quejas relacionadas con lo ocurrido el 19 de junio, derivadas del conflicto magisterial, por lo que cuestionó el tratamiento que la CNDH les dará, pues consideran que se les vulneraron sus derechos.

 

Para el diputado Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario del Morena, es preocupante el contexto político en que ocurren los hechos y la indignación que se ha producido en el país por la reforma educativa, pues el país está en ebullición y se tiene que dar prisa a las conclusiones y acuerdos.

 

Cuestionó si la violación a los derechos humanos no es un delito, pues ante lo ocurrido en Nochixtlán, se podría concluir que se trata de una agresión de Estado a la población.

 

Por otra parte, el diputado Alejandro González Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, dijo que no se debe tomar partido ni sacar ventaja, no es un tema de demagogia ni para ganar adeptos, sino que se debe de decir las cosas como son.

 

La diputada Angélica Reyes Ávila, del Grupo Parlamentario Partido Nueva Alianza, destacó que en la mesa de diálogo no debe discutirse la aprobación o desaprobación de la ley; “no nos podemos convertir como legisladores en voceros o intérpretes de grupos o expresiones políticas”, consideró.

 

Al dar respuesta, Luis Raúl González Pérez señaló que se presta atención a las víctimas, tanto de Nochixtlán como de las comunidades cercanas. Asimismo, agregó que el comportamiento de los servidores públicos del organismo es el de un equipo profesional que trata con respeto a todas las personas.

 

Afirmó que los lesionados ya fueron dados de alta, sin embargo, recalcó la existencia de brigadas médicas de atención. Precisó que de la población civil hay 72 lesionados, de los cuales 42 ya fueron valorados por la CNDH, 30 se encuentran enlistados en la Secretaría de Salud, y en el caso de los policías, 57 son señalados en el reporte de atendidos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

 

Sobre los protocolos de actuación, explicó que son prioridad en la investigación, por lo que se llevará a cabo un análisis y comparación de la información que llegó del Comisionado Nacional de Seguridad, y de la Procuraduría General de la República, para conocer a detalle lo que ocurrió.

 

Sobre las quejas, señaló que se tienen 45 recibidas en la Ciudad de México, 41 de ellas sobre los hechos del 19 de junio, cuatro sobre personas lesionadas; una de la presidenta de la Alianza Empresarial y Comercial de Propietarios de diversos comercios de Oaxaca, por el plantón; una por el desacuerdo con el cierre forzado de una secundaria; una de un lesionado en contra de la Fiscalía General, Policía Federal y estatal; y una de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) por la violación de derechos fundamentales de la población.

 

Subrayó que la CNDH no está facultada para sancionar, “con gusto si me dan ese mandato y modifican el marco jurídico para que la Comisión pueda conocer de aspectos jurisdiccionales, pero la comisión tiene un marco regulatorio que no puede conocer de los aspectos jurisdiccionales”.

 

Aseguró que en los pronunciamientos emitidos ha solicitado dar prioridad a las niñas, niños y adolescentes; y sobre los maestros aprehendidos dijo que se han abierto expedientes sobre la posible violación de sus derechos humanos en su detención, el ámbito competencial de la CNDH. Mencionó que la Comisión ya ha recibido quejas, debido a que este conflicto ha afectado el interés superior de la niñez; “tememos quejas en cursos obre esa circunstancia”.

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