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El senador perredista Armando Contreras Castillo propuso homologar la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura con la Convención Internacional respectiva en la materia, que señala como delito de lesa humanidad a la tortura, otros tratos, penas crueles inhumanas y degradantes.

Adicionalmente, sugirió inhabilitar a quien cometa tortura y de ser un servidor público, ésta sea definitiva.

En su iniciativa, plantea aumentar las sanciones de cinco a 15 años de prisión, con el objetivo de hacerla concordante con las convenciones Internacional en Contra de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

Contreras Castillo expuso que su propuesta obedece a que el Gobierno federal ha sido omiso a los llamados de organismos internacionales de derechos humanos y de las víctimas de este delito.

Recordó que la reforma constitucional en derechos humanos vigente obliga al Estado a respetar, promover, proteger los derechos humanos y a reparar su menoscabo.

Sin embargo, comentó que la comunidad internacional ha sido muy insistente en atribuir al Estado Mexicano el incremento en la comisión de la tortura.

En este sentido, citó el informe de la Organización Human Rights Watch, emitido el pasado 15 de noviembre de 2011, donde se advierte sobre la recurrente práctica de la tortura de todas las fuerzas de seguridad que participan en operativos contra el narcotráfico.

Según el informe, el protocolo de Estambul se aplica solamente en una pequeña proporción de los casos donde civiles denuncian torturas, y que de acuerdo con datos proporcionados por funcionarios de la PGR a la organización sólo se aplicaron las causas del protocolo en 149 casos entre 2006 y 2010.

En 35 de estos casos los investigadores concluyeron que existían evidencias de que funcionarios federales habían torturado a las víctimas. De ese total, solamente cinco “continúan en proceso” y sólo en uno se condenó a funcionarios.

En los otros 29 casos, las investigaciones no prosperaron.

El senador perredista, señaló que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió entre 2005 y 2007, cuatro recomendaciones donde concluyó que autoridades federales habían cometido tortura, en comparación con las 28 que se formularon entre 2008 y 2010.

En tanto que las denuncias de tratos crueles, inhumanos o degradantes, presentados ante la CNDH aumentaron notablemente cada año: 330 en 2006; 395 en 2007; 987 en 2008; 1,105 en 2009; y 1,161 en 2010.

La iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Fue turnada a las Comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

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