Número-273

• Durante la conferencia magistral “Técnica legislativa y seguridad jurídica” se señaló que además deben estar redactadas con un lenguaje claro y comprensible.
• El senador Arturo Zamora Jiménez dijo que el lenguaje debe ser entendible para no dar cabida a lagunas de interpretación o a vacíos en las leyes que se proponen en el Congreso.   

 

En el Senado de la República se realizó la conferencia magistral “Técnica legislativa y seguridad jurídica” donde se refirió que para incidir en la calidad de las leyes que se elaboran en el Congreso, se debe aplicar el principio de legislación mínima y utilizar un lenguaje comprensible.

En ese sentido, el senador Arturo Zamora Jiménez, vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado, señaló que la construcción de una ley se realiza a partir del lenguaje que se utiliza en ella, y éste tiene que ser entendible para no dar cabida a lagunas de interpretación o a vacíos, y además cuidar que las nuevas normas no se contrapongan a otras.

Abundó en que la construcción o modificación de una ley debe seguir dos principios: siempre estar precedida de la buena fe y con un contenido importante que beneficie al destinatario. Dijo que todos los legisladores deben asumir que cada letra que se añade a una ley o cada coma que se suprime, tiene efectos en la sociedad, lo que exige que cuenten con equipos capacitados que los asesoren.

Piedad García Escudero-Márquez, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, encargada de dictar la conferencia magistral “Técnica legislativa y seguridad jurídica”, especificó que al elaborar un proyecto de ley o de reforma, el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa.

Especificó que al redactar una ley no sólo se debe pensar en que no tenga errores ortográficos, sino que se debe proyectar que las normas puedan conseguir los objetivos que persiguen, por lo que deben ser bien redactadas para que resulten benéficas para la sociedad.

Añadió que para la técnica legislativa es tan importante la calidad de la ley concreta como la homogeneidad del ordenamiento, y la ausencia de contradicción de las normas que la integran.  

Detalló que en un Estado social y democrático de derecho, la seguridad jurídica implica también que el Estado no pueda abrogar libremente aquellas normas que están destinadas a dotar de una mínima garantía a determinados grupos sociales.

Comentó que la entrada en vigor de las leyes debe cumplir una serie de requisitos para no vulnerar la seguridad jurídica, como: establecerse de forma clara y concreta, y que cada ley tenga su vacatio legis propia, para posibilitar de forma real su conocimiento y el establecimiento de las medidas necesarias para su aplicación.

La catedrática hizo algunas propuestas para incidir en la calidad de elaboración de las leyes, primero aplicar el principio de legislación mínima, reflexionar sobre si es necesaria una ley. En segundo lugar, el principio de homogeneidad, es decir, a cada ley le corresponde una materia, y viceversa.

El tercer punto es redactar con un lenguaje claro y comprensible; una cuarta propuesta es la publicación consolidada de las leyes, es decir con un valor oficial y una divulgación, porque no basta con la publicación. Por último, debe haber transparencia en la evaluación legislativa, específicamente para cuidar la técnica legislativa.   

Por su parte, Javier Domínguez Morales, de la Asociación Nacional de Oficiales Mayores, dijo que el Poder Legislativo ocupa un lugar central en el quehacer público, por lo que no debe haber servidores públicos improvisados, por el contrario, es necesaria la capacitación, profesionalización y el intercambio de experiencias.

En ese tenor, solicitó al senador Arturo Zamora que se establezca un mecanismo para acercar a los congresos locales, cuando dichos congresos votan para aprobar cambios legales, especialmente en los procesos que se refieren a reformas constitucionales.

A la conferencia magistral también asistieron: Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación; Arturo Garita Alonso, secretario general de Servicios Parlamentarios del Senado; Carlos Lezama Fernández, secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado; y Ánuar Dáger Granja, director general del Centro de Capacitación y Formación Permanente del Senado.