Número-211

• El uso de la fuerza no puede volverse la forma en que la sociedad mexicana dirima sus conflictos; hechos como los ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, no deben repetirse: CNDH.
• En el Senado de la República se lleva a cabo foro “Violencia y Paz: diagnósticos y propuestas para México”.

 

El presidente del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, senador Miguel Barbosa Huerta, hizo un llamado para generar una conciencia colectiva que rechace la violencia e impulse una cultura de la paz y de respeto a los derechos humanos en la convivencia social.

 

En el tercer día del foro “Violencia y Paz: diagnósticos y propuestas para México”, el legislador expresó: “No nos acostumbremos a la violencia, no seamos anuentes a aceptar que México debe ser o será para siempre un país violento”.

 

Reconoció que México es un país “con enormes desigualdades” no sólo en materia económica, sino en el acceso a la justicia y a los servicios necesarios para un mediano bienestar, lo que genera desorden y desacomodo en la sociedad.

 

Por ello, dijo, “no dejaremos de hacer esfuerzos desde los órganos del Estado para mejor proveer a la vida del país, no dejaremos de hablar con crítica y autocrítica para tener mejor relación en el ejercicio del poder y la sociedad”.

 

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dijo que hechos como los ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, no deben repetirse ni “debemos permitir que el diálogo y el entendimiento en el marco de la Ley sean dejados de lado por la violencia”.

 

Agregó que “el uso de la fuerza no puede volverse la forma como la sociedad mexicana dirima sus conflictos ni podemos permitir que el imperio de la ley y la justicia sea sustituido por el de la violencia y la imposición”.

 

Frente a todo esto, dijo, se reitera y hace evidente la necesidad de trabajar por la paz, entendida no sólo como la ausencia de violencia sino como una forma o vía para solucionar conflictos y dirimir controversias entre las personas, pues la vigencia de los derechos humanos sólo es posible con esta condición.

 

“La construcción de la paz es una responsabilidad y un compromiso compartido entre autoridades y sociedad. Por una parte, asentó González Pérez, la autoridad tiene la obligación de sujetar sus actos a lo previsto por las normas, de aplicar la ley a quien la incumpla y no permitir forma alguna de impunidad, sin que ello impida que se dé el diálogo y la construcción de acuerdos como forma de prevenir y solucionar conflictos”.

 

En su participación, el ombudsman nacional señaló que la violencia registrada en algunas zonas del país ha cuestionado a las instituciones democráticas y puesto en riego la vigencia del régimen de derechos humanos reconocidos en la Constitución Política.

 

Sergio Aguayo, coordinador del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, manifestó que el diálogo es el único camino que nos puede permitir librar uno de los momentos más difíciles en la historia de México.

 

Durante las mesas de debate, la senadora independiente, Martha Tagle Martínez, reprobó los actos de violencia suscitados en Nochixtlán, Oaxaca, sin importar que se esté o no de acuerdo con la posición del magisterio en esa entidad. “No podemos permitir la violencia y menos si es por parte del Estado”, dijo.

 

Por ello, consideró necesario trabajar por establecer y fortalecer una cultura de paz entre sociedad y gobierno, y asumir la responsabilidad en el espacio que cada persona desempeña y no solamente señalar los errores de otros órdenes, instituciones o autoridades

 

Además, el politólogo Reynaldo Rojo, señaló que la región noroeste del país se ha caracterizado por una fuerte presencia de violencia, no obstante la sociedad vive y se adapta a las situaciones, que por su ubicación geográfica los estados se vuelven centros de migratorios y pasos para la compra y venta armas y drogas hacia Estados Unidos.

 

Aun con los cambios a la ley, no hay política pública que cambie dicha situación especialmente en la zona del llamado triángulo dorado que abarca los estados de Chihuahua, Sinaloa, Durango y parte sur de Sonora.

 

Javier Llausás Magaña, líder del Movimiento Sinaloense de Participación Social, enfatizó que no habrá nunca un problema, por complejo o difícil que parezca que no podamos resolver si trabajamos juntos sociedad y gobierno: “el crimen por organizado que esté --acotó-- jamás será más fuerte que el Estado mexicano”.

 

Alejandra Delano Alonso, doctora en relaciones internacionales por la Universidad Oxford, dijo que se trata de crear los espacios para dignificar a las víctimas, de crear protocolos, leyes e infraestructura institucional para responder a quienes enfrentan una situación de violencia.

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