Número-196

• Establece un Sistema Nacional de Seguridad Pública, integrado por un Consejo Nacional de Seguridad Pública, Secretariado Ejecutivo y Consejo Consultivo Ciudadano.
• Gobernadores de los estados podrán asumir temporalmente el mando de las instituciones policiacas de los municipios en casos de fuerza mayor.

 

El Senado de la República aprobó el proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política, a fin de fortalecer las capacidades institucionales de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública.

 

El dictamen, que se aprobó con 102 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, se envió a la Cámara de Diputados.

 

De acuerdo las reformas, “los Gobernadores de los Estados podrán asumir temporalmente el mando de las instituciones policiacas de los municipios en casos de fuerza mayor, alteración grave del orden público y las demás que determine la ley general en la materia, hasta en tanto el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública determinará lo conducente conforme a esta Constitución”.

 

Dispone que los municipios tengan a su cargo una “Policía de proximidad y tránsito”, con competencia para la aplicación de los bandos de policía y gobierno, e imposición de sanciones por infracciones administrativas, en el marco de lo dispuesto por el artículo 21 constitucional.

 

El dictamen precisa que la seguridad pública también es una función a cargo del Estado, que tiene como finalidad salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, de conformidad con lo previsto en la Carta Magna y la ley general en la materia.

 

Plantea que el Sistema Nacional de Seguridad Pública estará sujeto a una regulación para el reclutamiento, la selección, el ingreso, la remuneración mínima, la formación inicial, continua y de mandos, la permanencia, la rotación, la evaluación, el reconocimiento, la certificación de habilidades, los estímulos y recompensas, así como el régimen disciplinario de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.

 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en la ley general de la materia, que establecerá un sistema nacional de carrera, basado en el desarrollo policial y las prestaciones complementarias de seguridad social.

 

Además, la actuación de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno con base en los criterios de coordinación que establezca la ley general de la materia, que también preverá los casos de excepción en que las instituciones policiales de las entidades federativas actuarán bajo el mando de las federales y en las que las municipales lo harán bajo el mando de las estatales o federales, con el propósito de asegurar la eficacia de la función policial y los fines de la seguridad pública.

 

La enmienda constitucional sugiere que el Sistema Nacional de Seguridad Pública se constituye por el conjunto de principios, reglas, procedimientos y órganos a cargo de la coordinación institucional, la adopción de políticas públicas, la generación de capacidades institucionales y la emisión de reglas para la formación, desempeño y evaluación de las instituciones de seguridad pública del país.

 

Dicho Sistema se integrará por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Secretariado Ejecutivo y el Consejo Consultivo Ciudadano.

 

El titular del Ejecutivo de cualquier orden de gobierno podrá solicitar, al Secretariado Ejecutivo, la delegación temporal del ejercicio de la función de seguridad pública a cargo de las instituciones policiales de los municipios y las entidades federativas,en atención a las situaciones que prevea la ley general en la materia y que afecten la prestación de dicha función.

 

Las instituciones policiales de las entidades federativas y los municipios incrementarán o disminuirán las funciones que les otorga esta Constitución a partir de la certificación que realice el Secretariado Ejecutivo, en los términos que establezca la ley general de la materia, y que comprenderá las funciones de reacción, prevención e investigación, así como la certificación especial en materia de armamento.

 

En los pueblos y comunidades indígenas, la función de seguridad pública y su finalidad se ejercerá conforme a lo previsto por las fracciones I y II del Apartado A del artículo 2 de la Carta Magna.

 

Del mismo modo, la reforma faculta al Congreso para expedir --dentro del plazo de un año, contado a partir de la publicación de este Decreto-- la Ley General de Seguridad Pública, que reglamente el artículo 21 de la Constitución, y defina la concurrencia entre la Federación, las entidades federativas y los municipios en dicha materia; incluidos los servicios privados y auxiliares de seguridad, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública de carácter federal.

 

Además, faculta a la Cámara de Senadores para ratificar el nombramiento del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

En lo particular, el senador Héctor Larios Córdova, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una reserva para modificar el inciso f), del artículo 21 del dictamen, pero fue rechazada por la asamblea.

 

Al presentar el dictamen, el senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, enfatizó que ante la infiltración de grupos del crimen organizado que han tenido las instituciones policiales en los estados y municipios, el modelo distingue grados en la necesidad de actuación de otro orden de gobierno, adaptándose frente a las diferentes situaciones que se presenten.

 

Señaló que las modificaciones plantean una ruta de reconstrucción institucional de mediano y largo plazo, a través de la ejecución consistente y congruente de programas estratégicos, establecimiento de metas, asignación de recursos, y procesos de evaluación y corrección.

 

La presidenta de la Comisión de Gobernación, senadora Cristina Díaz Salazar, dijo que a través de la coordinación y homologación de procedimientos de ingreso y protocolos de actuación se prevé garantizar la seguridad para la sociedad.

 

Recordó que esta reforma es el resultado de diversas iniciativas en materia de seguridad pública, del diálogo y consenso para restablecer la seguridad pública; “hoy, nos comprometemos a dotar a la ciudadanía de la confianza que deben de tener en sus autoridades encargadas de la seguridad pública y que sea en corporaciones confiables y que cumplan con su trabajo de manera eficaz”.

 

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Ernesto Gándara Camou, dijo que con este nuevo esquema constitucional se genera un fortalecimiento institucional y una coordinación efectiva para apoyar a los municipios en el combate al a inseguridad.

 

Destacó que se realizó un trabajo de meses, de gabinete y de consensos, donde el Senado de la República se abrió a sectores como el académico, a los tres niveles de gobierno, así como a todos los sectores interesados en este tema.

 

La senadora Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, aseguró que con esta reforma se crea un instrumento jurídico necesario, que permitirá garantizar, con pleno respeto a los derechos humanos, la seguridad de los mexicanos.

 

Señaló que la iniciativa presidencial se enriqueció con iniciativas de senadores y con la participación de la sociedad, la academia, gobernadores y presidentes municipales. 

 

El senador Fernando Yunes Márquez, al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, subrayó que el reto, luego de aprobar la reforma constitucional, es generar las leyes secundarias que den vida a este sistema.

 

Destacó que el modelo policial actual está rebasado, y ya no es funcional para la realidad que vive México, por lo que es necesario tener un nuevo esquema que respete a las policías municipales y el artículo 115 constitucional, pero que no ate de mano a los gobiernos estatales y federales cuando deban intervenir con controles democráticos.

Alejandro Encinas Rodríguez, a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, subrayó que se planteó un sistema nacional de seguridad que va a permitir la creación de un servicio profesional policial, donde el reclutamiento, selección, el ingreso, la remuneración mínima, la formación inicial, continua y de mandos, la permanencia, la rotación, el reconocimiento, estímulos y recompensas será homogéneo en los tres órdenes de gobierno.

 

Enfatizó que este es un primer paso que no va a resolver de la noche a la mañana los problemas de violencia y de inseguridad en el país, pero que implica sanear, capacitar, profesionalizar y acercar a la sociedad a los cuerpos policíacos para que cumplan con esa responsabilidad primogénita del Estado de garantizar la seguridad de todas y todos los mexicanos.

 

El presidente de la Comisión de Federalismo, senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, dijo que esta reforma deja claras las atribuciones de cada una de las policías, así como las reglas de convivencia entre los tres órdenes de gobierno.

 

Tardará en implementarse este sistema, pero el hecho de aprobarlo el día de hoy, representa un gran avance para todo el país, sobre todo es una esperanza para todos aquellos ciudadanos que hoy lamentablemente viven en estados absolutamente inseguros, concluyó.

 

Al presentar su voto particular, el senador del PT, Manuel Bartlett Díaz advirtió que solucionar la debilidad de las policías municipales a través de la implementación del Mando Mixto, desaparece la soberanía de la Nación ya que se “desvertebra” al Estado federal. “La solución es fortalecerlas, capacitarlas, garantizarles recursos y no desaparecerlas o ponerlas en jaque”.

 

Los que proponen el “Mando Único” obligatorio, ahora “disfrazado” como Mando Mixto, en materia de seguridad pública, están atentando en contra de uno de los elementos fundamentales de la Constitución, como lo es el de un municipio libre.

 

Al fijar el posicionamiento del PRD, la senadora Iris Vianey Mendoza destacó que aun cuando existían posiciones en contra del dictamen, “los consensos entre los presidentes de las comisiones unidas y de la Junta de Coordinación Política han arrojado un extraordinario resultado” para alcanzar el mayor consenso entre los grupos parlamentarios.

 

Sin embargo, advirtió, será necesario trabajar en mayores transformaciones; primero, para atender las crisis humanitaria reflejada en las desapariciones, asesinatos y desplazados, pero además en el combate a la impunidad, pues “no sólo se trata de combatir al sicariato, sino contar con estructura política y financiera que detenga el enorme poder corruptor de estas bandas delincuencias” al interior de las corporaciones policiacas e instancias de procuración de justicia.

 

En su voto particular, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, celebró que se apruebe la reforma constitucional necesaria para atacar el gran mal que representa la inseguridad en el país. “Que el pueblo vea que los senadores de la República asumieron su responsabilidad como parte del Estado, a fin de garantizar la protección de la integridad física y bienes de la población”.

 

La senadora Martha Tagle Martínez refirió que el mando mixto no resolverá el problema de la inseguridad en su totalidad, sin embargo, contar actualmente con una sistema nacional que permita distribuir competencias, para que cada quien asuma una responsabilidad clara, “es algo que hay que celebrar”.

 

Se congratuló por la integración de la fracción XXII del artículo 21, que permite una coordinación en el ejercicio de la función policial en las zonas metropolitas y áreas conurbanas de la Federación, las entidades federativas, los municipios y la Ciudad de México y sus demarcaciones.

 

El senador Juan Carlos Romero Hicks, del Grupo Parlamentario del PAN, refirió que la iniciativa no va a resolver el problema de seguridad pública, porque no es la “medicina integral”; y se requieren tres ingredientes: una visión integral, una coordinación de instituciones del Estado de derecho y la participación ciudadana.

 

Abundó en que se necesitan además dos principios, el de coordinación y el de subsidiaridad; el primero para no tomar por asalto a otras corporaciones policiacas, porque ninguna es más que otra, y cada una tiene características establecidas; y con la segunda se subsana el problema de incapacidad para cumplir con las funciones de seguridad.

 

El senador del PRD, Rabindranath Salazar Solorio reconoció a los legisladores del PAN por no hacer vacío y debatir, “sobre todo tratándose de cálculos políticos. El hecho de que hayan logrado el triunfo en algunas gubernaturas no es motivo para parar una discusión tan importante y tan trascendente para nuestro país”.

 

En tanto, la senadora Luisa María Calderón Hinojosa, del PAN, subrayó que se respeta y fortalece al municipio. “Es importante que haya indicadores en el rendimiento del trabajo de la seguridad, es un problema que todos tenemos que ir atajando y al que tenemos que atender y resolver”.

 

Al hablar en contra, el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT, aseguró que la reforma es inconstitucional, atenta contra la estructura básica del Estado y presenta inconsistencias, ya que prevé indicadores para evaluar los estandartes de seguridad de los cuerpos policiacos en estados y municipios, pero éstos no son precisos.

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