Número-195

• Establece que la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales.
• La ASF promoverá las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.  

El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular –con 105 votos a favor y 4 en contra– la minuta que expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, reforma el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El proyecto establece que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) fiscalizará las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales, a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público-privadas o cualquier otra figura jurídica, y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de entidades y municipios.

 

Reglamenta atribuciones de la ASF, para conocer, investigar y substanciar faltas administrativas que detecte mediante la fiscalización, en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entre las nuevas atribuciones de la ASF está la de fiscalizar, en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones federales que reciben las entidades federativas.

 

Además, la ASF podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores; para ello, las entidades fiscalizadas deberán proporcionar la información que se solicite para la revisión y en caso de incumplimiento a lo solicitado, serán sancionadas.

 

Asimismo, la ASF entregará a la Cámara de Diputados, el último día hábil de los meses de junio y octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes individuales de auditoría del periodo respectivo; y entregará el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública.

Conforme a lo dispuesto por la información contenida en el Informe General, el Informe específico y los Informes Individuales, será publicada en la página de internet de la ASF, en formatos abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, siempre y cuando no se revele información que se considere temporalmente reservada o que forme parte de una investigación.

 

Derivado de sus investigaciones, la ASF promoverá las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos federales, servidores públicos estatales, de municipios y a los particulares.

 

Por otra parte, los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales o participaciones federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la ASF para efectos de sus auditorías e investigaciones.

 

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero Morales sostuvo que el Congreso atiende la queja histórica de que una autoridad distinta al gobierno, sea la que investigue y sancione los actos de corrupción, al interior de las mismas instituciones de Estado, por lo que se fortalecen las facultades la ASF, en tanto que la Fiscalía Especial será la responsable de sancionar los actos irregulares.

Destacó que en la Cámara de Diputados, la fracción de Morena voto a favor de esta ley, lo cual evidencia un gran acuerdo entre los grupos parlamentarios, y se puede concluir que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) empodera a los ciudadanos y fortalece a las instituciones.

A nombre de la Comisión de Justicia, la senadora María del Pilar Ortega Martínez refrendó que la ASF tendrá nuevas facultades en materia de fiscalización, no sólo en las instituciones del gobierno federal, sino también en cuanto a deuda local garantizada con recursos federales.

Destacó que la ASF podrá fiscalizar directamente la deuda que los estados y municipios contraten utilizando como garantía las participaciones federales, o en coordinación con los órganos fiscalizadores locales.

Durante el posicionamiento de los grupos parlamentarios, el senador del PT, Manuel Bartlett Díaz, criticó que la ASF siga dependiendo constitucionalmente de la Cámara de Diputados, ya que no se propone su autonomía constitucional, ni que su titular sea electo por los ciudadanos.

Indicó que esta institución tendría grandes posibilidades de desarrollo si pudiera funcionar libremente y tuviera recursos propios. Eso sería suficiente para vigilar al Estado; aunque la ASF carece de dientes y músculos para ser el órgano anticorrupción más importante del país, añadió.

La senadora del PRD, Dolores Padierna Luna, dijo que ésta es una buena ley, aunque lo más importante es llevar un seguimiento puntual de su aplicación, su aplicabilidad y construir los mecanismos operativos para la vinculación efectiva con las otras leyes del SNA.

La legisladora comentó que la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas es un avance importante, que elimina en gran parte las limitaciones de la ASF para hacer efectiva su labor.

Por el PAN, Laura Rojas Hernández dijo que con estas reformas las actividades de revisión y fiscalización de la ASF se fortalecen en materia de participaciones federales, deuda pública estatal, ejecución de auditorías al año en curso y años anteriores, así como sus acciones de investigación.

Se mejoraron las actividades de la ASF para auditar a todo aquel ente público y privado que tenga relación con el quehacer público, incluso aquellas personas físicas y morales que puedan llegar a representar un riesgo en el mediano y largo plazo en las finanzas públicas, puntualizó.

A nombre del PRI, la senadora Rocío Pineda Gochi señaló que este nuevo paradigma es resultado de un esfuerzo conjunto de las principales fuerzas políticas y la decisión del Presidente de la República para enfrentar la corrupción por medio del diálogo y la concertación política entre los poderes de la Unión.

Este conjunto de leyes dotan a la ciudadanía de una serie de herramientas legales, que les permitirán ser observadores y garantes de las irrestrictas aplicaciones de estas leyes, y en el uso adecuado de los recursos públicos y el desarrollo de la función pública: “de manera conjunta debemos fomentar la cultura de la legalidad y aprovechar las bondades de estas leyes y del Sistema Nacional Anticorrupción”.

Al iniciar la discusión de la minuta en lo general, la senadora Layda Sansores San Román del PT, advirtió que la ASF sigue sin autonomía; además, avasallará las competencias de las auditorías superiores de los estados y fiscalizará las participaciones federales. “Esto es un retroceso democrático; mejor que desaparezcan los estados”, argumentó.

A favor, la senadora Martha Tagle Martínez señaló que no solamente se necesita saber el origen y destino de los recursos, también si son bien empleados, y para ello se podrá hacer la fiscalización del desempeño. Puntualizó que estas reformas son un recordatorio para los funcionarios públicos de que los ciudadanos tienen el derecho y obligación de exigir cuentas.

Jesús Priego Calva, senador del PRI, dijo que con la aprobación de las leyes reglamentarias que permitirán operar el SNA “damos un paso trascendental” para enfrentar este problema que impera en el país, por ello, expresó, “todos tenemos que cumplir con las responsabilidades que mandata la ley.

A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el senador Daniel Ávila Ruiz dijo que se trata de una propuesta que fortalece el sistema de fiscalización y otorga mayores atribuciones a la ASF para cumplir con su trabajo, vigilar el ejercicio del gasto público y de los recursos que son de todos los mexicanos.

Al hablar a favor, el senador Mario Delgado Carrillo, del PRD, resaltó el avance en materia de fiscalización, pues la ASF podrá realizar auditorías en tiempo real, además de que se fortalecen sus atribuciones, y podrá auditar el gasto federalizado y participaciones federales en los estados.

En el mismo sentido, la senadora del PAN, Marcela Torres Peimbert, dijo que esta “nueva ingeniería anticorrupción” evitará el dispendio y desvío de recursos públicos por parte de gobernadores sin ningún contrapeso autónomo. Serán auditados fideicomisos, fondos, empresas productivas del Estado y sus filiales.

El senador del PRD, Fernando Mayans Canabal, dijo que es evidente que, ante los índices de corrupción que vivimos, el pueblo demanda menos opacidad y más transparencia en el ejercicio de los recursos, y en el quehacer cotidiano de quienes realizan una función pública.

Para el senador del PRI, Sofío Ramírez Hernández, en cada administración, en los tres órdenes de gobierno, aparecen “nuevos ricos”. No sólo son funcionarios, sino también de la iniciativa privada, por lo que estimó conveniente que los particulares que reciban recursos públicos también transparenten el uso de este dinero.

El senador del PT, Marco Antonio Blásquez Salinas, emplazó al Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, a vetar, en parte, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues argumentó que es necesario revisar y cotejar el artículo 29 que se votó con la Ley 3 de 3, y el artículo 32 por ser, dijo, ininteligibles.

La senadora del PRI, Hilaria Domínguez Arvizu, aseguró que con la nueva legislación se dará un paso decidido en el combate a la corrupción y a la rendición de cuentas, toda vez que la reforma en esta materia dará la transparencia y los resultados para que la sociedad mexicana encuentren la obra pública, el alimento, la educación, la salud y para que el país encuentre la justicia social.

El senador del PVEM, Jorge Aréchiga Ávila, consideró que estas reformas representan la pauta para eliminar “el cáncer” que representa la corrupción en el país, un paso certero para empoderar a la ASF a fin de que pueda revisar cabalmente los recursos que ejercen las entidades federativas, a fin de eliminar problemas de malversación de recursos públicos y falta de transparencia.

En tanto, la senadora del PRI, Lucero Saldaña Pérez expresó que el dictamen es de la mayor relevancia, pues fortalece la evaluación y la fiscalización de los recursos públicos, “este es uno de los temas más sensibles de la sociedad mexicana, que está cansada de la corrupción y la opacidad”.

El senador Marco Antonio Olvera Acevedo, del PRI, reconoció que no es suficiente aprobar las reformas: se debe trabajar en la planeación, asignar menos recursos al gasto corriente y más a la inversión; se deberá fortalecer la gobernanza, entregar más presupuesto a la atención de las necesidades de la población; y supervisar el desempeño de los gobiernos en tiempo real, a fin de hacer efectiva la transparencia.

La senadora del PRD, Dolores Padierna Luna, expuso fallas en las nuevas leyes: se eliminaron diversos criterios de auditoría en tiempo real, pese estar prevista en la reforma constitucional que dio pauta al SNA; además se dejaron fuera de la fiscalización a filiales de las paraestatales, como Pemex Internacional, que recibe millones de recursos públicos y debe estar sujeta a vigilancia por parte de la ASF y de la Fiscalía.

Con estas reformas, dijo la senadora Angélica Araujo Lara, del PRI, se fortalece a la ASF y se da pauta a una nueva forma de organización y de trabajo, para realizar revisiones en los estados y cuenta pública federal. Es una pieza clave para identificar, sancionar y prevenir los casos de corrupción en el país, agregó.

Las reservas a los artículos 1, 2, 4, 10, 44, 45, 46, 47, 59, 93 y la adición de un nuevo artículo 12, hechas por los senadores de los grupos parlamentarios del PAN y del PRD, no fueron admitidas a discusión, por lo que todos los artículos quedaron en sus términos.

Las reservas de los senadores Mario Delgado Carrillo, al artículo 4; del senador Rabindranath Salazar Solorio, a los artículos 7 y 12; y de la senadora Martha Tagle Martínez, al artículo 17, tampoco se admitieron a discusión y se aprobaron en los términos del dictamen.

El proyecto de dictamen aprobado por el Senado de la República se remitió al Ejecutivo federal.

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