Número-182
- El dictamen fue aprobado por el Pleno del Senado, con 94 votos en pro y 23 en contra.
- El Pleno avaló las reservas presentadas por los senadores Manuel Cárdenas Fonseca y Miguel Romo Medina.
El Pleno del Senado de la República aprobó por 94 votos a favor y 23 en contra la Ley General De Responsabilidades Administrativas, cuyo objetivo es establecer las obligaciones y sanciones por actos u omisiones a funcionarios y particulares que incurran en faltas administrativas graves.
Esta Ley distribuirá competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran; y las que correspondan a particulares vinculados a faltas administrativas graves; así como los procedimientos para su aplicación y los mecanismos de prevención.
Entre los objetivos de la ley están: establecer los principios y obligaciones que rigen la actuación de los servidores públicos; establecer las faltas administrativas graves y no graves de los servidores públicos, las sanciones aplicables a estas faltas, así como los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes para tal efecto.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas serán competentes para investigar y sustanciar el procedimiento por faltas administrativas graves que detecten en sus auditorías; en caso de faltas administrativas no graves darán cuenta a los órganos internos de control, para que continúen la investigación y promuevan las acciones que procedan; y ante la presunta comisión de delitos, presentarán las denuncias correspondientes ante el ministerio público.
En un adendum aprobado por el Pleno, se incluye el artículo 29 de esta Ley, se señala que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.
Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana –que son parte del Sistema Nacional Anticorrupción– emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos de los aludidos queden en resguardo de las autoridades correspondientes.
Al respecto, la senadora Martha Tagle Martínez dijo que con esta reforma se abre la puerta para que las leyes dispongan a quién no se le podrán imponer responsabilidades; asimismo, no contempla como tráfico de influencias la obtención de beneficios, como bienes muebles e inmuebles.
En este sentido, dijo que la propuesta carece de un sistema de protección a denunciantes y testigos. Lamentó que quienes estén involucrados en un acto de corrupción, al denunciarlo podrán tener un beneficio para que se les disminuya la sanción administrativa o penal, “lo que resulta de una gravedad mayúscula”.
La senadora del Grupo Parlamentario del PVEM, María Elena Barrera Tapia, dijo que a través de esta ley se entiende un reclamo social, ya que la ciudadanía quiere gobernantes íntegros y sin miedo a la rendición de cuentas, que ejerzan la correcta aplicación de la ley, erradicando así la corrupción en México.
El dictamen busca inhibir cualquier acto ilegal de un servidor público para beneficio personal, ya que fortalece sus responsabilidades administrativas y las sanciones aplicables por actos u omisiones en qué estos incurran.
El senador Zoé Robledo, del Grupo Parlamentario del PRD, refirió que los legisladores se encuentran en la coyuntura de aprobar la propuesta como se planteó en un principio, con la publicación completa y sin reservas de las tres declaraciones; “aún podemos hacer de la política un instrumento digno al servicio de la gente, y no uno del cual los políticos se sirven”, dijo.
Señaló que la llamada Ley 3 de 3 no es el elemento más importante del Sistema Nacional Anticorrupción, “pero sí es el elemento más legitimador de nuestra acción política”, el más simbólico y que le da más significado a la existencia de todo el sistema, abundó.
La senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN, comentó que las reformas que combaten la corrupción no se aprueban por la voluntad política del partido en el gobierno, “sino por la presión incontenible de la ciudadanía y de la oposición responsable del Congreso”.
Propuso que se cambie la redacción del adendum para describir el formato actual de las versiones públicas que se utilizan para la Ley 3 de 3. Dijo que las declaraciones patrimoniales no son un capricho de los ciudadanos, sino la gran deuda pendiente que existe en México.
En contra de la propuesta, el senador Raúl Morón Orozco, del PRD, comentó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas “no cumple con las exigencias de la sociedad mexicana, más bien ha traicionado su voluntad”.
Señaló que por encima del derecho a la privacidad en la información personal, debe prevalecer la supremacía del interés social y el interés público, por lo cual es necesario generar un sistema de rendición de cuentas que permita la transparencia y el combate a la corrupción.
A favor, la senadora Anabel Acosta Islas, del PRI, aseguró que el nuevo ordenamiento legal establecerá bases sólidas en la lucha contra la corrupción. “Asumimos los reclamos de la sociedad mexicana. Analizamos la iniciativa ciudadana 3 de 3, analizamos las mejores prácticas que se llevan a cabo a nivel internacional”. Aseveró: en el PRI “somos sensibles al sentir de la ciudadanía, estamos comprometidos con la construcción de mejores gobiernos, servidores públicos más honestos y apegados a la legalidad”.
El senador del PT, Manuel Bartlett Díaz, aseveró que los administradores del sistema anticorrupción son los mismos que serán vigilados, por lo que no puede ser un sistema eficaz, toda vez que no existe una independencia entre los vigilados y los vigilantes, y sí una subordinación de los supuestos vigilantes hacia los vigilados debido a los mecanismos de nombramientos de los vigilantes.
Asimismo, subrayó que este sistema deja fuera a los empresarios y su vínculo con el gobierno, además de que no hay una obligación para el sector privado, pese a la participación que tiene en licitaciones y contratos con el gobierno. Recalcó que para erradicar la corrupción es indispensable sujetar al Presidente de la República a este sistema y anular la impunidad.
El senador del PAN, Raúl Gracia Guzmán, señaló que “lo que nos reclama y exige la ciudadanía es justicia, que se acabe con las redes de corrupción” y que exista transparencia plena; e indicó que para atacar la corrupción se debe tapar la entrada y la salida.
También expuso que los empresarios no son tocados y son ellos quienes se hacen millonarios con concesiones, licitaciones o con obras públicas, y son los que corrompen o se corrompen en sinergia uno al otro, políticos y dueños del dinero. “Si queremos darle a la ciudadanía una herramienta integra y cabal se tiene que adicionar apertura plena y tapar los dos orificios”, expuso.
El senador del PAN, Luis Fernando Salazar Fernández, dijo que se busca brindar mayores herramientas para que las autoridades prevengan y sancionen el uso y abuso de poder sólo para el beneficio de unos cuantos, así como dotar de mecanismos de prevención como lo será el registro y el seguimiento de la evolución patrimonial de cualquier funcionario público.
El senador del PRD, Mario Delgado Carrillo, expresó que la “Ley 3 de 3” no es la solución única, ni la “varita mágica” para resolver el problema de la corrupción en el país, sin embargo, es importante porque en México es tan grave este problema que no permite avanzar, por lo que tiene que haber una medida radical que cambie por completo los incentivos de los funcionarios públicos y de las empresas privadas, “ya que cualquier gradualismo es simulación”.
El senador Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que quienes cometan actos de corrupción deben ser castigados y suspendidos de su labor, porque es el único camino que existe para erradicar ese problema tan dañino para la sociedad. Consideró que la corrupción no está delimitada al servicio público, porque el enriquecimiento ilícito también se realiza por las asociaciones, sindicatos y organizaciones de naturaleza análoga que tienen a su cargo la asignación y ejecución de un fondo público.
La senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, comentó que el dictamen establece las faltas administrativas graves de los servidores públicos, como el cohecho, peculado, enriquecimiento oculto, conflicto de interés o tráfico de influencias, entre otros.
Los legisladores avalaron las reservas presentadas por el senador Manuel Cárdenas Fonseca a los artículos 3, 4, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 46, 48, 73 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con las cuales se busca atacar la impunidad, la corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, “acotando las posibilidades de usufructuar ilegalmente el patrimonio de todos los mexicanos”.
Cárdenas Fonseca mencionó que a través de estas reservas se busca que los servidores públicos queden obligados, en los términos demandados por amplios segmentos de la sociedad, y comprometidos con una gestión gubernamental más abierta, transparente y de sana cercanía con la sociedad.
El legislador señaló que, de acuerdo a la relación fijada entre los empresarios y el gobierno, se debe de imponer a todo sujeto la obligación de su declaración patrimonial y fiscal, para garantizar el buen uso del patrimonio nacional. Subrayó que se debe de impulsar la transparencia en toda transacción en la que interviene el patrimonio nacional.
Asimismo se aprobó la reserva del senador del PRI, Miguel Romo Medina, al artículo 9 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual señala que serán competentes para investigar e imponer las sanciones que correspondan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, conforme el régimen establecido en los artículos 94 y 104 de la Constitución y en su reglamentación interna correspondiente, los poderes judiciales de los estados y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como sus consejos de la Judicatura respectivos, de acuerdo a lo previsto en los artículos 116 y 122 de la Constitución, así como sus constituciones locales y reglamentaciones orgánicas correspondientes.
Lo anterior, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior y de las entidades de fiscalización de las entidades federativas en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.
Los artículos 5, 26, 27, 29, 34, 49, 50, 61, 77, 95, 98, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, reservados por los senadores Benjamín Robles Montoya, Armando Ríos Piter, Fidel Demédicis Hidalgo, Zoé Robledo Aburto, Fernando Enrique Mayans Canabal, Rabindranath Salazar Solorio, Angélica de la Peña Gómez yLaura Rojas Hernández quedaron en los términos del dictamen.
Finalmente el Pleno del Senado avaló una fe de erratas por 88 votos en pro, 3 en contra y 2 abstenciones, para que el Comité de Participación Ciudadana tenga las siguientes atribuciones: proponer al Comité Coordinador Mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias de contraloría social existentes, así como para recibir directamente información generada por esas instancias y formas de participación ciudadana.