Número-181

• La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, tiene como objetivo el establecer los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación.
• La Ley General de Responsabilidades Administrativas pretende distribuir competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran.

 

El Senado de la República aprobó con 116 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

 

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción tiene el propósito de establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción en la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías, así como establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.

Busca establecer las bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, en la fiscalización y en el control de los recursos públicos; y fijar directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.

También tiene el objetivo de regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, su Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, establecer las bases de coordinación entre sus integrantes; fijar las bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana; establece las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público, de la rendición de cuentas, la transparencia, la fiscalización y el control de los recursos públicos.

Esta ley fija las acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos; crea las bases mínimas para que todo órgano del Estado mexicano establezca políticas eficaces de ética pública y responsabilidad en el servicio público, establece bases del Sistema Nacional de Fiscalización, precisa las bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones de los órdenes de gobierno.

La ley también contempla la creación del Sistema Nacional Anticorrupción que estará integrada por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, y el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales de las entidades federativas a través de sus representantes.

El Comité Coordinador establecerá los mecanismos de coordinación y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción; estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de los presidentes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de un representante del Consejo de la Judicatura Federal, y uno del Comité de Participación Ciudadana. Su presidencia será anual y rotativa entre los miembros del Comité de Participación Ciudadana.

 

El establecimiento del Comité de Participación Ciudadana coadyuvará al cumplimiento de los objetivos y será la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas y estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.

 

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción es un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, mismo que tendrá su sede en la Ciudad de México. Contará con una estructura operativa para la realización de sus atribuciones, objetivos y fines. Su objetivo es fungir como órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del Sistema Nacional, a efecto de proveerle la asistencia técnica así como los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.

 

La Secretaría Ejecutiva será la encargada de administrar la Plataforma Digital Nacional, conformada por la información que incorporen a ella las autoridades integrantes del Sistema Nacional y contará con los siguientes sistemas electrónicos: el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses; el Sistema de los Servidores Públicos que Intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas; el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados; el Sistema de Información y Comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización, y el Sistema de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos De Corrupción.

 

Para el ejercicio de sus atribuciones, objetivos y fines, contará con una estructura operativa y con un órgano técnico auxiliar, la Comisión Ejecutiva, que generará insumos técnicos para el Comité Coordinador y estará facultado para proponer políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

 

Asimismo, políticas de fiscalización y control de recursos públicos; la metodología para medir y dar seguimiento, con indicadores aceptados y confiables, a los fenómenos de corrupción; las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.

 

También se integrará el Sistema Nacional de Fiscalización, que establecerá acciones y mecanismos de colaboración para promover el intercambio de conocimientos, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Estará integrado por la ASF, la SFP, las entidades de fiscalización superiores locales, y las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades federativas.

 

Sobre este asunto, el presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Pablo Escudero Morales dijo que a través de este sistema se busca empoderar a los ciudadanos, ya que ellos serán quienes presidan el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva.

 

Consideramos que lo que se presenta el día de hoy está perfectamente blindado y sustentado para que cualquier procedimiento de responsabilidades, sea de servidores públicos o particulares, cumpla con todos los requisitos establecidos en los criterios internacionales y las revisiones que ha hecho la Suprema Corte de Justicia, concluyó.

 

Por su parte el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, Alejandro Encinas Rodríguez aseguró que hay muchos temas pendientes en la discusión de este marco legislativo, como la eliminación de todo tipo de fuero constitucional a los servidores públicos, el tráfico de influencias, lavado de dinero, paraísos fiscales, la rendición de cuentas del origen de las fortunas de los hombres más ricos del país.

 

Expresó que con el dictamen se avanza, pero todavía falta un largo trecho por recorrer, porque no basta con combatir la corrupción, sino que se debe resarcir la impunidad que deriva del “poder intocado de este país”, que es el Poder Judicial, que “todo encubre y tolera” para garantizar la prevalencia del actual régimen político.

 

Al presentar su voto particular, el senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT, señaló que el Sistema Nacional Anticorrupción implica la creación de múltiples órganos e instancias cuyos titulares serán designados por el presidente, la mayoría calificada del Senado o de la Cámara de Diputados, con lo que no hay una auténtica separación e independencia entre los vigilantes y los vigilados.

 

La propuesta, agregó, es precisar que durante su encargo el Presidente de la República pueda ser acusado por delitos y faltas como corrupción, traición a la Patria y delitos graves del orden común. Además, apuntó que mientras no se acabe con la corrupción todo lo demás seguirá igual. Consideró que el Sistema Anticorrupción es un galimatías que no llegará a ningún lado, pues la impunidad empieza desde arriba, desde el Presidente y los expresidentes que, dijo, siguen ejerciendo el dominio de la conducción para comprar, someter y nombrar.

 

Por su parte, la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, aseguró que frente a la corrupción no se ha presentado una política de Estado que realmente se oriente hacia su disminución o exterminio. Si este nuevo marco jurídico no va acompañado con la convicción plena de erradicar la corrupción y la impunidad, agregó, solo se estará simulando.

 

En su voto particular, la senadora dijo que en la Ley General de Responsabilidades se deben establecer los pilares básicos del nuevo diseño institucional para combatir la corrupción, y plantear con claridad y fortaleza los mecanismos de control internos y externos de la administración pública, además de fijar los límites de actuación de los funcionarios.

 

El senador Armando Ríos Piter, del Grupo Parlamentario del PRD, al razonar su voto particular señaló que el proyecto de decreto quedó sumamente corto, porque el tema de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal son limitadas, al no hacerse un requisito obligatorio, por lo que la entrega queda a voluntad de los servidores públicos.

 

Añadió que la corrupción es una de las tres principales preocupaciones de la sociedad mexicana; detalló que aproximadamente 91 por ciento de la gente percibe la corrupción como un problema que tienen los partidos políticos, y “que se vive en el Congreso de la Unión, en este Senado y en la Cámara de Diputados”.  

 

Al comenzar con los posicionamientos de los grupos parlamentarios, la senadora Layda Sansores San Román, del PT, advirtió que la iniciativa nace muerta, y promete convertirse en un aparato burocrático costoso e inútil; señaló que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción estará integrado por siete miembros, la mayoría impuestos “sutilmente” por el Presidente de la República.

 

Consideró que para que la ley tenga trascendencia, se debe incluir a la otra parte que compone un acto de corrupción, o sea a los proveedores de servicios del gobierno, empresas constructoras, televisoras y bancos que tengan una relación comercial.

 

Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del PVEM, destacó que la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción debe impactar en la impartición de justicia, en la gobernanza, en la convivencia pacífica, y éste debe contar con el mayor respaldo político para su correcto funcionamiento.

Con la concreción del sistema, añadió, se refuerza la gobernanza, se satisfacen las demandas sociales respecto a los gobiernos transparentes, pues el combate a la corrupción debe ser una tarea de autoridades y ciudadanía.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, el senador Armando Ríos Piter manifestó que es preocupante que no se haya querido avanzar en el tema de las declaraciones, a fin de saber cuántos recursos posee un servidor al comenzar el desempeño de su función pública.

“El PRD está en contra de que no se quiera avanzar en este esquema. Si hoy hay una iniciativa ciudadana con 640 mil firmas, lo que debemos hacer es restituir el pacto de confianza con la ciudadanía”, señaló.

En representación del Grupo Parlamentario del PAN, el senador Juan Carlos Romero Hicks destacó que las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción son resultado de una inédita coalición ente diversos actores sociales y políticos; ahora, destacó, “es muy importante la participación ciudadana para combatir eficazmente la corrupción”.

 

El camino aún “es largo y no podemos bajar la guardia”, apuntó, pues a la aprobación de los dictámenes en mención, será necesario modificar 15 leyes más para conceder mayor fortaleza al Estado de derecho y garantizar eficacia en el combate a la corrupción e impunidad, así como a la inseguridad y violencia. “A eso estamos todos convocados, el reto es grande, la voluntad debe ser mayor”.

 

El PRI se manifestó en el mismo sentido, en voz del legislador Raúl Pozos Lanz, quien destacó que las fuerzas políticas han reconocido que la impunidad no puede seguir, “requerimos cambios radicales e inmediatos; no nos equivocaremos, las leyes anticorrupción ayudarán a superar el descontento y malestar de la ciudadanía hacia la política y los políticos”.

 

Reconoció además que la corrupción ha provocado una gran erosión a la democracia, situación que se espera revertir con una legislación moderna la cual, además, “contribuirá a que México salga de esa lista roja, en la que nadie quiere estar”, concluyó.

 

En el debate en lo general, el senador Daniel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que la nueva legislación refrenda el compromiso de combatir la impunidad y la corrupción. “Conviene apoyar este dictamen porque se contará con una plataforma digital nacional que contendrá el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaraciones fiscales”.

La senadora independiente Martha Tagle Martínez dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ser integral, por lo que si no se aprueba alguna de las siete leyes que lo conforman “no va a funcionar”.

Al fijar su postura en contra, el senador del PT, Adrián Menchaca Medrano, dijo que el problema de la corrupción va más allá de los alcances del dictamen, ya que estas prácticas deben abordarse por medio de la conciencia, voluntad y ética, o “no habrá ley que alcance para contener este tipo de prácticas delictivas”.

Por su parte, el senador independiente Manuel Cárdenas Fonseca expresó que con este dictamen se busca establecer medidas preventivas y correctivas para que, con información cierta y veraz, se vuelva necesaria la fiscalización y se actúe en consonancia, en función de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.

Al pronunciarse a favor, el senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del PT, propuso que tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana se reúnan cada mes y no cada tres meses, esto a fin de evitar una parálisis del modelo anticorrupción.

A favor, el senador Zoé Robledo Aburto, del PRD, dijo que el Sistema es un primer paso de responsabilidad ante una situación crítica que se vive en el país; no obstante “tener un buen sistema lustroso, brilloso, aceitado, pero que no da resultados volverá a ser una bofetada al rostro limpio de millones de mexicanos”.

El senador Jorge Aréchiga Ávila, del PVEM, comentó que estas leyes son las leyes más importantes de la historia mexicana, a fin de erradicar la corrupción y eficientar el servicio público; se aprobará la legislación que ayudará a combatir y erradicar el fenómeno que transgrede el desarrollo de la administración pública.

La senadora del PRD, Dolores Padierna Luna advirtió que en el proyecto, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no son considerados como servidores públicos, a pesar de que reciben recursos públicos, por lo que son inmunes a cualquier sanción. Al Sistema, agregó, le faltó contar con más recursos humanos, financieros y materiales suficientes para su operación y el cumplimiento de sus atribuciones.

La senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del PAN, señaló que la corrupción es el principal problema estructural de México, y un obstáculo para lograr el desarrollo; porque no sólo afecta la pérdida directa de los recursos, sino también a la economía a escala nacional, evita la redistribución del ingreso, transgrede los derechos humanos y mina la confianza en la democracia.

Isidro Pedraza Chávez, senador del PRD, señaló que muchas de las investigaciones que se han realizado sobre corrupción no han desembocado en sanciones o inhabilitaciones de funcionarios que incurrieron en ellos; detalló que en los últimos 32 años, la Secretaría de la Función Pública sólo ha castigado a 16 mil 91 servidores por conductas ilícitas.

Lisbeth Hernández Lecona, del PRI, señaló que la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción contiene una serie de valores para prevenir la corrupción y generar un ambiente de confianza entre la sociedad. “Nuestra historia hoy nos reclama ante un lastre que ha lastimado a nuestra nación, nos toca la oportunidad de hacer estas leyes, de acciones afirmativas a favor de la transparencia”, indicó.

El senador Fernando Mayans Canabal, del PRD, refirió que existen vacíos en el Sistema Nacional Anticorrupción, entre ellos, la falta de sanción contra el Presidente de la República. En este sentido, consideró necesario controlar las acciones del Ejecutivo de manera certera desde el ejercicio del Sistema Anticorrupción, y no dejar fuera de la observación de la Ley a quien presida el gobierno mexicano.

La senadora del PRI, Lilia Guadalupe Merodio Reza, expuso que el resultado en las urnas revela el hartazgo de la población de un sistema corrupto, e indicó que la aprobación de los ordenamientos va a permitir implementar un sistema que combata eficazmente la corrupción y se pueda erradicar del quehacer diario del aparato gubernamental.

El Pleno aprobó la reserva presentada por la senadora del PRD, Iris Vianey Mendoza, para modificar el artículo 26 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, referente a la Contraloría Social que propone al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias de contraloría social existentes, así como para recibir información generada por estas instancias y formas de participación ciudadana, lo que significa, agregó, dar más facultades al comité de participación ciudadana.

Los artículos 2, 9, 18, 21, 23, 33, 39, 49, 52 y 53 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, reservados por los senadores Rabindranath Salazar Solorio, Luis Sánchez Jiménez, Zoé Robledo Aburto, Isidro Pedraza Chávez, Angélica de la Peña Gómez, Dolores Padierna Luna, Humberto Fernández Fuentes y Ernesto Ruffo Appel no fueron aceptados para su discusión, y quedaron en los términos del dictamen.

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