Número-179
- Diez ordenamientos jurídicos fueron reformados para fortalecer la certeza jurídica, la defensoría pública, resoluciones eficaces y privilegiar la igualdad para las partes.
- Entre los cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales destacan el proceso de nombramiento del defensor público, que deja de depender del ministerio público.
El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general --por 109 votos a favor y 5 en contra-- el dictamen de las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos, que contiene reformas, adiciones y deroga diversas disposiciones en diez ordenamientos jurídicos relacionados con la miscelánea penal.
Con esta aprobación se reforman el Código Nacional de Procedimientos Penales; el Código Penal Federal; la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal; y la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política.
También la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; la Ley Federal de Defensoría Pública; el Código Fiscal de la Federación y la Ley de Instituciones de Crédito.
Las distintas reformas obedecen a cuatro ejes fundamentales: primero, la certeza jurídica; segundo, la defensoría pública adecuada; tercero, las resoluciones eficaces; y cuarto, se privilegia la igualdad para las partes.
Los senadores destacan, a través del dictamen, que el propósito de la miscelánea penal es fortalecer a las instituciones encargadas de procuración de justicia en el país, facilitar su operación y hacerlas más eficaces a través de la creación de un marco jurídico sólido y moderno.
Entre los cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales destacan el proceso de nombramiento del defensor público, que deja de depender del ministerio público o del órgano jurisdiccional; la procedencia de medidas cautelares, la autorización judicial para la intervención de comunicaciones privadas, la utilización de medios electrónicos durante el proceso penal, y establece límites a la prisión preventiva.
En lo relativo al Código Penal Federal, se armonizan conceptos con lo establecido en el artículo 18 de la Constitución y con otros ordenamientos legales, a fin de homologarlos con el sistema de justicia penal acusatorio; además de que se incluyen sanciones para los llamados delitos informáticos, que se duplican cuando están relacionados con la obstrucción de la justicia.
En el Código Fiscal de la Federación se precisa la facultad de las autoridades fiscales para obtener datos que sirven para la investigación de delitos fiscales, en este caso también se modifican diversos términos de la ley para adaptarse a las disposiciones del nuevo sistema penal acusatorio, además de que se incluyen las figuras de providencias precautorias y medidas cautelares.
El dictamen establece que “los diez ordenamientos que se reforman mediante el presente dictamen, armonizan el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral que se instauró a partir de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, en el cual se estableció que deberá estar implementado en todo el territorio nacional a más tardar el 18 de junio de 2016”.
Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que las reformas están basadas en la experiencia de los procesos de implementación del nuevo sistema de justicia penal que se realizaron en las entidades federativas, específicamente en aquellas donde el avance de la implementación fue mayor y atendiendo las áreas de oportunidades que se identificaron.
Señaló que los integrantes de las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos realizaron un ejercicio plural y objetivo, escuchando y atendiendo las observaciones y propuestas que les hicieron llegar las instituciones gubernamentales y privadas, así como las de los Grupos Parlamentarios, lo que enriqueció la minuta enviada por la Cámara de Diputados.
Dijo que con la aprobación del dictamen están en la oportunidad de lograr una gran transformación que permita complementar el cuerpo normativo que respaldará al nuevo sistema de justicia penal, que entrará en vigor el próximo 18 de junio en todo el país.
La senadora Graciela Ortiz González, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, precisó que el dictamen busca dotar a México de un marco jurídico en materia penal actualizado y en concordancia con las reformas constitucionales sobre el Sistema Penal Acusatorio.
Puntualizó que, derivado de la reforma en materia penal, se ordena la armonización de la normatividad para la implementación del nuevo sistema judicial a nivel federal y subrayó que, mediante la adecuación de diez ordenamientos se podrán implementar las nuevas tecnologías a los procesos penales, establecer los medios para resarcir el daño y las condiciones para su ejecución.
Señaló que México tiene urgencia de que su sistema penal funcione con eficiencia, las reformas contribuyen a mejorar la aplicación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, procuran la uniformidad de la terminología jurídica de acuerdo al nuevo modelo de justicia oral, y esto evita interpretaciones equivocadas de la ley y contribuye a mejorar su aplicación.
Durante el posicionamiento de los grupos parlamentarios, a nombre del PT, la senadora Layda Sansores San Román señaló que la reforma en materia de justicia penal es importante debido a que nació del consenso de la sociedad civil, sin embargo, dijo que ésta requiere modificaciones a diversos ordenamientos, porque se están utilizando como instrumentos de control y persecución de carácter político.
Consideró que antes de realizar cualquier tipo de reforma estructural es necesario un diagnóstico integral del tema. Además, opinó que existen diversas irregularidades en las modificaciones a las leyes que fundamentan el sistema de justicia.
Al fijar la postura a favor, por parte del PVEM, el senador Carlos Alberto Puente Salas destacó que los objetivos de la reforma a los ordenamientos son hacer a un lado el sistema inquisitorio, así como la lenta e ineficiente burocracia que hacía casi inalcanzable la justicia para la mayoría de la población.
Salvaguardar al inocente, que el culpable no quede impune, protección y resarcimiento del daño a las víctimas, son las máximos propósitos de la reformulación de cómo se concibe el derecho en el país; para que la legalidad no nos aparte de la justicia, enfatizó.
La senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, manifestó el voto a favor de su bancada e hizo un llamado a la Cámara de Diputados para aceptar los cambios realizados por el Senado a la minuta correspondiente, para avanzar con certeza al nuevo sistema acusatorio y oral, que entrará en vigor el 18 de junio próximo.
“Estamos convencidos de que no se puede construir la democracia, si la procuración de justicia no cumple su papel protagónico”, destacó; sin embargo, advirtió que tanto la ciudadanía como las autoridades habrán de enfrentar una etapa de transición entre el viejo esquema y el nuevo sistema acusatorio oral.
Por el PRI, el senador Miguel Romo Medina expresó que con las reformas “logramos restar complejidad a los procedimientos” y, a través de la regulación del uso de medios electrónicos, se da un paso más en la búsqueda de un sistema de justicia moderno, que facilite su impartición, corte los tiempos y agilice los procesos.
Además, dijo, se garantiza el interés superior de la niñez y se fortalecen las bases de los derechos humanos como el acceso a la justicia, la presunción de inocencia y la igualdad en el procedimiento: “Hemos dialogado con diversos sectores de la sociedad y buscamos la conciliación de los diversos puntos de vista para generar con ello una legislación incluyente”.
En la discusión en lo general, la senadora independiente Marta Tagle Martínez destacó que el dictamen elimina el párrafo que propuso la colegisladora para que las policías pudieran presentar a los detenidos ante ministerios públicos distintos al lugar donde se cometieron los delitos, así como la disposición que permitía ampliar, más allá del plazo constitucional establecido, la prisión preventiva.
El senador del PVEM, Jorge Aréchiga Ávila, indicó que el dictamen redituará en la consecución de una verdadera justicia y en el cumplimiento del Estado de derecho, en beneficio del bienestar al que aspiramos los mexicanos, además de que atiende las observaciones que autoridades, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales, como la ONU, han hecho respecto de la llamada miscelánea penal.
La senadora del PRD, Dolores Padierna Luna, resaltó que la minuta de la Cámara de Diputados incluye mayores garantías para las víctimas de delito y sus asesores jurídicos, además de que privilegia la protección de los derechos humanos de forma progresiva; agiliza los procedimientos y elimina un catálogo de delitos que ameritaban prisión preventiva, que estaba en manos de los gobernadores de las entidades.
El senador Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD, destacó que el dictamen correspondiente a la miscelánea penal se debe considerar como un trabajo legislativo amplio para eliminar y corregir vicios del actual modelo inquisitorio de justicia. En la letra, agrega, recoge aspiraciones históricas del pueblo, pero también se debe reconocer que algunas cosas pueden quedar en letra muerta.
Del mismo Grupo Parlamentario, el senador Benjamín Robles Montoya, expresó su preocupación por que se nieguen las prerrogativas del artículo 55 del Código Penal Federal a las personas mayores de 70 años o afectadas por enfermedad grave o terminal, cuando se trate de secuestro o de delitos que ameritan prisión preventiva: se corre el riesgo de convertir las medidas en una especie de venganza de Estado, impropia de un sistema de justicia democrático, sobre todo cuando el imputado podría ser eventualmente absuelto.
El senador Héctor Adrián Menchaca Medrano, del PT, señaló que el dictamen dista de ser una solución a los problemas que enfrenta el sistema de justicia penal en México, y solamente se busca autorizar mayores facultades en materia de control e intervención de comunicaciones.
Miguel Ángel Chico Herrera, del PRI, dijo que con estas reformas se subsanan omisiones normativas y deficiencias que se han identificado en la experiencia del proceso de implementación del nuevo sistema de justicia penal; porque se pasa de un sistema semi-inquisitivo a uno acusatorio y adversarial.
En lo particular, se aprobaron con 96 votos a favor, 6 en contra y una abstención, los artículos reservados de los dictámenes en materia de miscelánea penal.
Éstos son: las reservas presentadas por la senadora Angélica de la Peña Gómez al Código Nacional de Procedimientos Penales. La legisladora del PRD planteó un agregado al segundo párrafo del artículo 165, para garantizar que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso, y en ningún caso será superior a dos años.
Explicó que si una vez cumplido ese término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.
Además, se autorizó la reserva al artículo 174, que establece que si el imputado es sorprendido infligiendo una medida cautelar de las establecidas en las fracciones V, VI, VIII, IX, XII, XIII del artículo 155 del Código Procedimientos Penales, el supervisor de la medida cautelar deberá dar aviso inmediatamente y por cualquier medio al juez de control, quien con la misma inmediatez ordenará su arresto.
El Pleno aprobó modificar el artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a propuesta del senador del PRI, Jesús Casillas Romero, quien pidió respetar el texto original en la materia enviado por la Cámara de Diputados, donde se refiere que la víctima puede remitir pruebas directamente al juez, sin necesidad de que sean valoradas por el ministerio público, eliminándose así trabas en el debido proceso.
Asimismo, fue modificado el artículo 11 bis del Código Penal Federal, a propuesta del senador del PAN, José de Jesús Santana García, para eliminar párrafos en los que se hace referencia a apartados que en la reforma a dicho ordenamiento ya no existen.
El Pleno también aprobó las reservas presentadas por las senadoras Dolores Padierna Luna y Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, a los artículos 170 y 173 del dictamen a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política.
En caso contrario, los artículos 51, 176, 218, 251, 256, 303 y Transitorio Tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales, reservados por los senadores Benjamín Robles Montoya, Manuel Bartlett Díaz y Marco Antonio Blásquez Salinas, no fueron aceptados para su discusión por lo que quedaron en sus términos.
Del Código Penal Federal, la reserva a los artículos 11 bis y 97, presentados por los senadores Mario Delgado Carrillo y Benjamín Robles Montoya, no fueron aceptados a discusión y quedaron en los términos del dictamen. El artículo 61 de la Ley de Amparo, reservado por el senador Manuel Bartlett Díaz, tampoco se aceptó a discusión y quedó sus términos.
La minuta que reforma diez ordenamientos jurídicos, será enviada a la Cámara de Diputados con las modificaciones realizadas por los legisladores del Senado de la República.
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