Número-037

• Hace un llamado a reflexionar sobre la necesidad de reglamentar el derecho a la protesta.
• “Bajo la cortina del ejercicio de un derecho legítimo, la cobardía y rabia de la gente se volcó sobre quienes menos la debían”: senador Jesús Casillas Romero, del PRI.

 

La Comisión Permanente lamentó lo sucedido el 28 de abril en el estado de Chiapas, cuando se obstaculizó el paso a una ambulancia que transportaba a dos menores de edad que debían ser atendidos por intoxicación en el Hospital de las Culturas de San Cristóbal de las Casas.

 

Además, manifestó su preocupación por lo acontecido e hizo un llamado a la conciencia para que este tipo de incidentes no se repita. Apeló a la reflexión sobre la necesidad de reglamentar el derecho de protesta, a fin de que no entre en conflicto con otros derechos, como, en este caso, el derecho a la vida y a la salud, y a la libre circulación de las personas.

 

La Comisión Permanente también exhortó a las autoridades de Chiapas para que hechos como el señalado no queden en la impunidad y se castigue a los responsables.

 

Al presentar el punto de acuerdo, el senador Jesús Casillas Romero del Grupo Parlamentario del PRI, destacó que los dos niños murieron luego de que un grupo de manifestantes de “El Chanal”, en Chiapas, impidió el paso de la ambulancia que los trasladaba al hospital para ser atendidos por una intoxicación.

 

Según testigos, agregó el legislador, los manifestantes golpearon la unidad de emergencia, rompieron vidrios y dañaron la carrocería. Los padres pidieron ayuda a los manifestantes, pero no lo consiguieron, por lo que tuvieron que trasladar a los menores en un vehículo particular.

 

Sin embargo, se perdió tiempo valioso que culminó en la muerte de los dos menores de 7 y 10 años de edad respectivamente, señaló.

 

En este caso, dijo, se presenta un “duelo” de derechos, inconciencia y necedad. “Es una amalgama de varios de estos conceptos, en los que bajo la cortina del ejercicio de un derecho legítimo, la cobardía y rabia de la gente se volcó sobre quienes menos la debían. Dos pequeños en estado grave, a quienes les impidieron el acceso oportuno a la atención médica y perdieron la vida”.

 

No se trata de una disyuntiva ni de un debate sobre cuál derecho debe prevalecer sobre otro, aseguró. Es claro que el derecho a la salud y a la vida está por encima de cualquier cosa; no está en juego ni en dilema de prelación, mucho menos de ponderación de derechos. Aquí el derecho a la protesta fue interpretado de manera sesgada, precisó.

 

Se trata de un evento que debe llamarnos a la reflexión y adentrarnos en la regulación del derecho a la libre manifestación, que como regla y premisa básica debe considerar la salvaguarda del derecho a la movilidad y más en caso de emergencia.

 

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN, subrayó que el Congreso no ha tenido la capacidad de legislar en el tema de la regulación de manifestaciones, plantones y mítines en el país y que esto no es exclusivo de la Ciudad de México. Cuestionó qué tiene que ocurrir para legislar un tema tan sensible y hacer que los gobernadores y el jefe de gobierno hagan que se cumplan las leyes locales y sus reglamentos.

 

Se requiere una ley general de manifestaciones, por lo que pidió ayuda para encontrar el equilibrio entre libertad de expresión y de tránsito. Lamentamos la muerte de estos niños, pero ¿cuántos casos más existen?; incluso, precisó, hay personas que no llegan a su trabajo por las mismas cuestiones, que incluso lo pierden por una manifestación.

 

Por su parte, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que se debe buscar un punto medio que permita que los derechos puedan ejercerse sin afectar o afectar lo menos posible los derechos de terceros. El asunto detrás de quienes se manifiestan, argumentó, es la exigencia de una responsabilidad que las autoridades no han atendido; es un derecho constitucional.

 

Es de sentido común solicitar el paso de vehículos de emergencia cuando hay una manifestación, abundó. Asimismo, se pronunció en contra de que los congresos locales construyan leyes para que no haya manifestaciones y precisó que no se puede sancionar la manifestación porque es violentar un derecho constitucional.

 

El diputado Emilio Salazar Farías, del Grupo Parlamentario del PVEM, subrayó que está de acuerdo con la libre manifestación de las ideas, pero no en afectar el derecho al libre tránsito afectando a terceros. Asimismo, llamó a regular y aplicar la ley en las manifestaciones sin afectar la libertad; y como legislador de Chiapas, recalcó que los responsables fueron detenidos y que se solicitará al Estado resarcir los daños.

 

El punto de acuerdo fue aprobado de urgente y obvia resolución por el Plano de la Comisión Permanente.

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