Número-030

• Asentamientos irregulares son manifestación de pobreza urbana y de políticas de desarrollo equivocadas.  
• La formación de asentamientos irregulares es consecuencia de la cultura de la ilegalidad que impera tanto en las autoridades como entre la sociedad.

 

El Senado de la República plantea generar una agenda común para el diseño de políticas públicas, a fin de lograr ciudades sustentables y asentamientos humanos bien planificados y eficientes, que fomenten la cohesión comunitaria y estimulen la innovación y el empleo.

 

A través de un punto de acuerdo, la Cámara de Senadores formula dicha solicitud a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del gobierno federal, y le pide coordinar esfuerzos con la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) y con las diferentes asociaciones municipales en el país.

 

Advirtió que está próxima la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat 111), que se realizará en Quito, Ecuador, del 17 al 20 de octubre de este año, y cuyo objetivo es asegurar el compromiso político de los gobiernos para un desarrollo urbano sostenible.

 

De acuerdo con el dictamen aprobado, en la sesión del pasado 28 de abril, los asentamientos irregulares no sólo son manifestación de la pobreza urbana, sino también de políticas de desarrollo inadecuadas, de falta de planeación urbana y programas de financiamiento, falta de acceso a recursos y oportunidades, de marcos normativos rígidos y restrictivos, y de la ausencia de coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

 

“Es también insoslayable el hecho de que la formación de asentamientos irregulares es consecuencia de la cultura de la ilegalidad que impera tanto en las autoridades como en la sociedad”, precisa el texto.

 

Asimismo, expone que no existen sanciones claras para las personas que promueven o se asientan en éste tipo de zonas, y en muchos de los casos se ignoran las consecuencias de establecerse en dichas áreas; aunado a esto se encuentra la oferta insuficiente de suelo para vivienda, principalmente la que es accesible para los sectores de menores ingresos.

 

Por otra parte, señala que según datos de la Comisión Nacional de Vivienda no se conoce con exactitud cuántas hectáreas ha crecido cada una de las ciudades de la República Mexicana en los últimos años. No obstante, se calcula que cada año se requerirían incorporar cerca de 28 mil hectáreas para soportar el crecimiento urbano del país, de las cuales 60 por ciento deberían destinarse a uso habitacional y 40 por ciento a equipamiento y otros usos.

 

En contraste con estos datos, se estima que la superficie de suelo formal que podría ser incorporado actualmente es de alrededor de cinco mil hectáreas por año, lo que representa aproximadamente una quinta parte de lo necesario.

 

El marco legal que regula la creación y expansión de asentamientos humanos se desarrolló en respuesta al crecimiento de las ciudades mexicanas y se compone de diversos cuerpos legales con diferentes jerarquías y alcances, que no garantizan la consecución de un ordenamiento territorial apropiado, destaca el dictamen.