Número-010
- El propósito de la reforma es contar con sustento constitucional y convencional en la materia, aseguró la senadora Gabriela Cuevas.
- La reforma hace que está tradición se ponga al día en México, consideró el senador Manuel Bartlett.
La senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, el coordinador del Grupo Parlamentario del PT, Manuel Bartlett Díaz, servidores públicos y especialistas coincidieron en que la reforma al artículo 11 constitucional coloca nuevamente a México como un país líder en la protección del derecho de asilo y protección de refugiados.
En conferencia de prensa, Cuevas Barrón precisó que el propósito de la reforma es, primeramente, contar con un sustento constitucional y convencional en la materia, lo que permitirá a México rencauzarse nuevamente en su tradición humanitaria, que lo llevó a tener un liderazgo, el siglo pasado, en estos temas.
Enfatizó que el punto nodal de la reforma es que se reconoce el derecho de toda persona a buscar y recibir asilo; que toda persona perseguida por motivos políticos o cuya vida, libertad o seguridad se encuentre en peligro pueda ejercer su derecho al reconocimiento de la condición de refugiado y a solicitar el asilo político.
Lo que necesitamos, expresó, es volver encauzar la política de asilo en el país; con esta reforma lo que hacemos es apegarnos a lo que México ha suscrito y ratificado en los tratados internacionales, de una manera amplia y siempre vigilando los derechos humanos.
Explicó que la reforma está por iniciar su proceso de aprobación en los congresos estatales e indicó que, una vez que entre en vigor, otorgará sustento constitucional al andamiaje jurídico internacional en materia de asilo y refugio.
El senador Manuel Bartlett Díaz resaltó el hecho de que México será reconocido nuevamente como pionero en esta materia, pues ya contaba con esta tradición desde hace ya muchos años. Ahora, esta tradición se pone al día con la nueva legislación, puesto que México ha sido un país de refugio, abierto durante décadas como en el caso de los refugiados por la guerra civil guatemalteca, recordó.
Sostuvo que México ahora tiene una estructura jurídica de lo más avanzado en la región.
El subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, expresó la satisfacción del gobierno de la República por el hecho de que se haya concretado la modificación al artículo 11 constitucional.
Subrayó que el gobierno federal realizará un intenso cabildeo para lograr que los votos que deban ser emitidos de las legislaturas de los estados, la mitad más uno, es decir, 17 votos, puedan estar en el Senado y en la Cámara de Diputados lo antes posible, para que la reforma llegue a su punto final.
Alberto Brunori, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, indicó que con la reforma se pretende cerrar un círculo que se dejó abierto desde la reforma constitucional de derechos humanos en el 2011.
“Gracias a esta reforma, México ingresará al selecto grupo de países que regulan el derecho de buscar y recibir asilo, cuya regulación será consistente con los compromisos internacionales con los que cuenta el Estado mexicano, particularmente lo previsto con el artículo 22 de la Convención Americana de los Derechos Humanos”, y se convertirá en uno de las más avanzadas que existen a nivel mundial, expuso.
Mark Manly, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señaló que la reforma coloca a México como país líder en materia de protección del derecho de asilo y de protección de refugiados en la región de Latinoamérica.
Así termina con una dicotomía falsa entre protección de refugiados, por un lado, y el derecho de asilo, lo que da como resultado, resaltó, que la Constitución mexicana está ahora en concordancia con la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 22, párrafo 7.
Santiago Corcuera, jurista especializado en derecho humanitario, consideró que la reforma alinea nuestra Constitución con los más altos estándares internacionales en la materia, pues será una facultad del Estado otorgar o no asilo diplomático, pero reconoce el derecho humano fundamental a solicitar y recibir asilo en caso de persecución.
Resaltó que la exclusión de último momento del reconocimiento al derecho a no ser devuelto, pues quedaba como una limitación. Con la redacción definitiva, el derecho humano fundamental a la no devolución, que deriva del derecho a pedir asilo, queda con estándares más flexibles; con ello y gracias a las convenciones internacionales firmadas por México las autoridades deberán interpretarlo de manera más amplia para la protección de las personas que requieran protección.