Sindicatos piden legislar en seguridad social para salvar a universidades públicas de la quiebra
Número-1705
- Sólo tres institutos tienen viabilidad financiera; piden se conforme un fondo solidario.
- El senador Enrique Mayans Canabal anuncia iniciativas para aumentar monto de pensiones y eliminar el Impuesto Sobre la Renta.
El presidente de la Comisión de Seguridad Social en el Senado de la República, Fernando Enrique Mayans Canabal, informó que el Congreso analiza iniciativas de reforma para aumentar el tope de pensiones y eliminar en estas retribuciones el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Durante el cuarto día de la Semana Nacional de Seguridad Social, líderes de agrupaciones sindicales y académicas solicitaron que el Senado de la República impulse una nueva legislación en materia de seguridad social, que salve a las universidades públicas del riesgo de quiebra, derivado del grave déficit que registran por el pago de pensiones y jubilaciones.
En respuesta, el senador Mayans Canabal sostuvo que en el Senado existe voluntad para establecer las condiciones y equiparar las ventajas de retiro para los trabajadores universitarios y de educación superior.
“El estado tiene la responsabilidad de rescatar y fortalecer a las universidades públicas; y las pensiones son parte fundamental en ello”, subrayó.
En el Senado, indicó, se avanza en la protección de las pensiones y jubilaciones, por lo que este día ingresó a la Gaceta del Senado una iniciativa para garantizar el tope máximo de 25 salarios mínimos a las generaciones en transición de la Ley del Seguro Social de 1973, a la de la reforma de 1997.
Explicó que se plantea modificar los artículos 3º y 25 transitorio de la Ley del Seguro Social, vigente a partir del 1 de julio de 1997, con el propósito de dar plena certeza a miles de trabajadores de la generación de transición; a fin de que el monto de sus pensiones, en caso de elegir la ley de 1973, se calcule con el salario diario promedio de las últimas 250 semanas de cotización, con límite de 25 salarios mínimos.
En la Cámara de Diputados, agregó, ingresó otra iniciativa para reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y para la extinción de este gravamen, en una o varias exhibiciones, de los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, previstas en la Ley de Seguridad Social.
Esta iniciativa aprobada en el Senado el pasado 21 abril, busca en la disposición de una sola exhibición de las cuentas individuales, por parte de los trabajadores que no alcancen el derecho a una pensión, por no cubrir los requisitos de cotización, no paguen el 20 por ciento del ISR.
Al exponer la gravedad del sistema de pensiones en las universidades, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Agustín Rodríguez Fuentes, advirtió que únicamente tres universidades públicas reportan que tienen viabilidad financiera; “el resto se encuentran en peligro de quiebra”.
Lo anterior ha sido advertido por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), por lo que incluso ha señalado la necesidad de que el gobierno destine 20 mil millones de pesos más, de los recursos que ya se aplican, para aliviar el déficit del pago de pensiones universitarias.
Rodríguez Fuentes recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que la Secretaría de Educación Pública destinó dos mil 42 millones 138 mil 600 pesos para el Fondo de Apoyo para el Saneamiento Financiero y la Atención a Problemas Estructurales de las UPES (Programa U081), el cual pretende apoyar a 15 Universidades Públicas de Educación Superior (UPES), para que paguen las pensiones de sus trabajadores jubilados.
Sin embargo ello no es suficiente, pues el déficit es superior a los 200 mil millones de pesos; “es tiempo de que el Estado mexicano asuma su responsabilidad constitucional de defender la educación como el patrimonio más importante, dejar de verla como gasto y observarla como inversión”, subrayó el líder del STUNAM.
En lo anterior coincidió Francisco Díaz Aguirre, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, al pronunciarse porque se conforme un fondo especializado en pensiones para trabajadores universitarios, con la participación de expertos que aporten una visión integral que permita enfrentar los retos de falta de recursos, y el envejecimiento de los académicos.
La propuesta, apuntó, “es construir el futuro con ideas certeras, y no con una lógica donde se pretende imponer que el modelo económico va perfecto, que las reformas estructurales van a hacer que todo funcione. Vayamos al problema de fondo”.
En representación de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, de Educación Superior, Investigación y Cultura (CNSUESIC), Sócrates Galicia Fuentes se pronunció un sistema de pensiones solidario.
Lo anterior requiere de una reforma constitucional, subrayó, donde se consideren experiencias de éxito internacionales, como las instituciones de salud y pensiones mutuales y cooperativas de autogestión, que funcionan adecuadamente en países de Europa, y en Argentina y Brasil en América Latina.
A nombre de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), Rafael Garza sostuvo que para revertir totalmente el déficit en universidades e instituciones de educación superior, se requiere dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Sostuvo que esta crisis deriva de la incapacidad de las cuentas individuales, por lo que se requiere que el Congreso legisle en pro de que las universidades cuenten presupuestos crecientes, multianuales.
Propuso la creación de una comisión interdisciplinaria, con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, del Congreso, así como académicos y representantes de los trabajadores, la cual pudiera transformarse en una secretaría de Estado que vele por dar viabilidad a futuro al sistema de seguridad social.
A nombre de la ANUIES, Javier Mendoza Rojas propuso además reformas para el incremento gradual de la edad de jubilación, 50 a 65 años; establecer un mínimo de 30 años de servicio; aplicación de un salario regulador; incremento gradual de las aportaciones mensuales de trabajadores y universidades; y estímulos a los académicos que acepten diferir el momento de la jubilación, sin impactar en la base de cálculo del salario regulador.
Ello, enfatizó, representa un enorme reto, el Estado, autoridades universitarias y de diversas instituciones, junto con los sindicatos, alcancen un nuevo gran acuerdo nacional que dé viabilidad al sistema de seguridad social, en beneficio de las actuales y futuras generaciones de trabajadores.
En el foro participaron los senadores Ernesto Cordero Arroyo, del PAN y Alejandro Fernández Sánchez Navarro, así como los rectores de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Tonatihu Bravo Padilla; Autónoma de Nuevo León (UANL), Rogelio Garza Rivera; y Autónoma de Tabasco (UJAT), José Manuel Piña Gutiérrez, entre otros.
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