Número-1682

• Impostergable, solución al problema de pensiones que amenaza con la pobreza extrema a personas de la tercera edad: senadores Isaías González y María Elena Barrera.
• Expertos piden mesa de trabajo en la que participen autoridades, sindicatos, academia y empresarios.

 

La Comisión de Seguridad Social del Senado de la República está abierta a trabajar con especialistas en una reforma estructural en materia de seguridad social, ante la advertencia de especialistas sobre el problema de la insuficiencia de recursos para garantizar pensiones dignas.

 

Esta situación amenaza con dejar en la pobreza, incluso extrema, a las futuras generaciones de la población de la tercera edad, señalaron los secretarios de dicha comisión, los senadores Isaías González Cuevas y María Elena Barrera Tapia.

 

Lo anterior durante el panel “Estudios sobre el panorama de pensiones en México: recomendaciones y propuestas”, realizado dentro de la Semana de Seguridad Social, donde actuarios mexicanos propusieron una reforma estructural que permita una transición en el sistema de pensiones, basado en la solidaridad intergeneracional y el equilibrio financiero.

 

“Son cuatro años y seguimos discutiendo lo mismo, por tanto consideramos que se debe tomar una solución y para el año que entra ya tengamos otro panorama; para no tener más descalabros con este problema, hay que atenderlo”, apuntó el senador González Cuevas, del Grupo Parlamentario del PRI.

 

El tema es cómo financiar las pensiones en beneficio de todos los mexicanos, acotó, y manifestó su confianza de que con una comisión interdisciplinaria será posible conjuntar propuestas de solución al grave problema que enfrentan el IMSS, ISSSTE, Pemex y los sistemas de seguridad social en general, “y no llegar a otro año, sin tener una respuesta”.

 

La senadora Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del PVEM, reconoció que en el Senado se debe dar el paso para establecer soluciones, por lo que en principio es necesario realizar una evaluación de los avances reales que se han alcanzado con las anteriores reformas a los sistemas de seguridad social.

 

Afirmó que la Comisión de Seguridad Social analizará las propuestas presentadas durante la Semana de Seguridad Social, y atenderá lo concerniente a un trabajo conjunto con los sectores obrero, patronal, así como con los especialistas.

 

Al respecto, el presidente ejecutivo de Valuaciones Actuariales del Norte, Francisco Miguel Aguirre Farías, fue el primero en advertir que “el problema de la seguridad social es estructural, porque no se puede resolver con adecuaciones administrativas”.

                                                                 

Para evitar “construir paraísos económicos sobre cementerios sociales, y viceversa”, apuntó, la reforma debe estar fundamentada jurídicamente, manteniéndose el equilibrio de los aspectos económico, político y social.  

 

“No se puede hablar de seguridad social sin sustento económico, esto es sólo demagogia. Nadie, ni siquiera el gobierno, está obligado a lo imposible, o bien contra la insolvencia se estrella el derecho”, enfatizó al referir que trabajadores y autoridades deben ser aliados, en tanto que los patrones deben fungir como facilitadores, pues “no es una negociación, es la búsqueda de una solución conjunta”.

 

A fin de avanzar de manera firme, propuso se realice una valuación actuarial estandarizada de todos los sistemas públicos, incluidos además del IMSS e ISSSTE los sistemas de pensiones de estados, municipios, universidades, paraestatales como Pemex, entre otras.

Indicó que la reforma estructural deberá contener: pensión universal no contributiva, cuotas y aportaciones mínimas y máximas, aportación voluntaria con acompañamiento del patrón, cuota social, pensión garantizada, salario regulador, edad y antigüedad mínima para jubilación, incremento a pensiones igual a la inflación, pensiones máximas y mínimas, portabilidad entre los distintos pilares de seguridad social.

 

Agrega también aspectos que regulan a las Afores, como límite máximo de comisión, que los trabajadores actuales puedan migrar al nuevo esquema, creación de un sistema nacional de información, así como que existan informes periódicos al Legislativo respecto a la situación del sistema de pensiones.

 

Aguirre Farías aclaró que un nuevo esquema de seguridad social deberá mantener intactas las prestaciones y derechos que actualmente ofrecen el IMSS e ISSSTE, modificándose exclusivamente aquellas leyes relacionadas a la resta que se deba hacer al monto de la pensión que otorga la institución, correspondiente por pensión universal.

 

La propuesta fue avalada por Pedro Vásquez Colmenares Guzmán, socio director de Marpex Consultores; quien al advertir que la transición tendrá costo financiero, político y social, se pronunció porque no se destinen recursos públicos para financiar regímenes privados de pensiones.

 

Propuso como alternativa que se establezca un fondo de uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para financiar la transición, lo cual tendría respaldo de todos los sectores porque no se destinaría presupuesto al déficit.

 

El vicepresidente de la Sección de Pensiones y Seguridad Social de la Asociación Actuarial Internacional, Abraham Hernández Pacheco, se sumó también a la propuesta, al considerar que la crisis que se enfrenta en las pensiones se debe considerar ya un problema de seguridad nacional.

 

Esta situación deriva, expresó, de que menos del seis por ciento de los adultos mayores tienen una pensión de más de tres salarios mínimo, en tanto que más de la mitad de los trabajadores no cotiza en un sistema de pensiones y, por tanto, no logrará ni siquiera una mínima jubilación, en cuanto a las empresas, menos del siete por ciento tienen un sistema de pensiones privados, derivado de la reforma que eliminó los deducibles en este rubro.

 

“Estamos convirtiendo el bono demográfico en una bomba de tiempo, si no hacemos nada, vamos a ser un país de viejos pobres y la pobreza en la vejez es lacerante, es un problema no sólo financiero y social, sino de seguridad nacional”, refrendó.

 

El académico Alejandro Villagómez Amezcua destacó que en la transición los involucrados, instituciones de gobierno, empresarios y trabajadores, deben entender que deben aportar para lograr que se garanticen pensiones dignas.

 

Las instituciones de gobierno, expuso, deben abrirse a los estudios actuariales y aceptar que estos deben ser públicas, “no se pueden guardar en el cajón, es de interés general saber cómo se encuentra financieramente cada sistema de pensiones”.

 

En cuanto a los trabajadores, destacó que ellos también deben asumir la parte que les corresponde, lo cual implica tomar conciencia de que “las pensiones no se crearon por mérito de antigüedad, sino como mecanismos contra riesgos por vejez, incapacidad laboral. No debe haber pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión”.

 

La propuesta de la reforma estructural también fue avalada por los académicos Berenice Ramírez, de la UNAM; Carlos Contreras Cruz, del CIESS, y el actuario José Luis Sales, quienes coincidieron además en que en el análisis se debe contemplar que para alcanzar una mejor pensión para todas las personas, es necesario revisar el esquema salarial, pues a partir de contar con mayores recursos, los trabajadores podrán un mayor ahorro para su retiro.  

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