Número-1618

• Sólo 20 de cada 100 padres de familia, que están obligados por ley a dar pensión, cumplen con esta medida.
• Se deben garantizar los derechos alimentarios de la niñez y de la adolescencia, señalan.

 

En el foro “Derechos Alimentarios de la Niñez y la Adolescencia, Mecanismos para Garantizarlos”, senadoras, especialistas y dependencias gubernamentales acordaron impulsar la propuesta de crear el Registro Nacional de Obligados Alimentarios Morosos, mecanismo que permitirá dar seguimiento a los padres de familia que no cumplan con el pago de la pensión alimenticia.

 

La iniciativa, propuesta por la senadora Marcela Torres Peimbert, del Grupo Parlamentario del PAN, busca que el deudor alimentario cumpla con su obligación y que dicho Registro permita dar seguimiento a los deudores alimentarios, con la finalidad de que cumplan con el pago de la pensión alimenticia.

En la propuesta se menciona que en México aproximadamente 67.3 por ciento de las mujeres madres solteras no reciben pensión alimenticia y que sólo una tercera parte obtiene el recurso necesario para alimentar a sus hijos. En promedio, sólo cumplen 20 de cada 100 padres de familia, entre los que están obligados por ley a dar pensión.

Torres Peimbert señaló que se debe dar un paso más y establecer mecanismos legales que hagan real la obligación de dar la pensión alimenticia, a fin de que niñas, niños y jóvenes, independientemente de las circunstancias que los rodeen, puedan hacer valer su derecho a la alimentación y a tener un sustento.

 

La legisladora indicó que el registro de deudores que se propone no solamente servirá para tener una base de datos pública a nivel nacional, sino lograr que los “morosos” puedan ser cuestionados al momento de solicitar un crédito bancario o en una entrevista de trabajo.

 

Se busca, agregó, elevar la presión social y hacer leyes “que incentiven la responsabilidad primaria que tenemos los padres: nuestros hijos”.

 

La senadora Martha Elena García Gómez expresó que se deben generar mecanismos que garanticen una alimentación y nutrición adecuada a este sector de la población e impulsar legislaciones que brinden herramientas eficientes para lograr este objetivo.

 

Asimismo, la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia señaló la necesidad de proveer los procedimientos y orientación jurídica, así como de medidas de apoyo para asegurar y garantizar los derechos alimentarios de los menores.

 

Recordó que Chiapas, Coahuila y la Ciudad de México ya cuentan con un listado de este tipo; no obstante, la falta de homogeneidad hace que este derecho no sea fácilmente exigible en el resto del país.

 

A su vez, la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, vicepresidenta de la Mesa Directiva, expresó que de nada sirve estar a la altura de otros países en este tipo de legislación “si no podemos ponerla en práctica porque nos faltan instrumentos legales para aplicarla”.

 

Quedan pendientes para garantizar que tanto padres de familia como el Estado garanticen que los menores estén bien alimentados, por lo que se comprometió a impulsar la dictaminación de esta iniciativa antes de que termine el actual periodo de sesiones.

 

En su turno, Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, consideró que se deben tomar en cuenta los cambios presupuestales para las instancias responsables de la operación de la Ley, sobre todo, para asegurar que el derecho alimentario se dé a toda la población en general.

 

Indicó que el DIF lleva acabo la elaboración de un registro nacional para conocer el peso y talla de los menores a nivel nacional, lo que permitirá conocer datos sobre el estado nutricional de niñas, niños y adolescentes en cada estado y municipio del país.

 

Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideró que detrás de las omisiones maternas o paternas en el pago de pensiones alimenticias, confluyen factores económicos, sociales, educativos, culturales, e incluso, estereotipos de género que obstaculizan las garantías alimentarias y repercuten directamente en la eficacia de los mecanismos previstos en la legislación para exigir su cumplimiento.

 

Por ello, dijo que repensar y renovar las vías legales y procesales es una labor imprescindible y urgente, que requiere un análisis desde la perspectiva de derechos y la condición primordial del interés superior de la niñez y de la adolescencia, como lo mandata la Constitución.

 

Es prioritario asegurar que tengan cubiertas sus necesidades básicas, pues sin acceso a alimentos, vivienda, servicios de salud, educación, oportunidades de recreación, entre otros, se les coloca en una situación de vulnerabilidad que puede derivar en una cadena de transgresiones sistemáticas a sus derechos, apuntó.

Nelly Montealegre Díaz, titular de la Procuraduría Federal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dijo que es prioridad dar curso a la iniciativa, con el objetivo de hacer efectivo este derecho.

 

Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, aseguró que se trata de una “batalla cultural contra el machismo” y la violencia de género. Dijo que esta última incide en este problema ya que, muchas veces, las mujeres que deciden no seguir con el proceso de pensión alimentaria, lo hacen debido a amenazas y el riesgo a su seguridad e integridad personal.

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