Número-1597

• No debe ser privatizadora, tiene que crear contralorías estatales para controlar cobro, subsidios para grupos marginados y el controlar el trasvase de cuencas, entre las propuestas.
• El senador Aarón Irízar López confía en que este mismo año se termine el proyecto de una nueva legislación y se pueda discutir en el próximo periodo ordinario.

Integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República y expertos del sector productivo, empresarial y de los usuarios debatieron los problemas que deberá resolver una nueva ley general de aguas, entre los que se encuentran: considerar el acceso al agua como un derecho, crear una contraloría que vigile el cobro y que no se elabore una legislación privatizadora, entre otros elementos.

Durante el “Panel de reflexión hacia una nueva Ley General de Aguas”, el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, senador Aarón Irízar López, dijo que debe proyectarse como un instrumento jurídico moderno, competitivo y sustentable que una a los mexicanos.

Dijo que el país no puede continuar con una ley que no cumple con los marcos, compromisos y la ley reglamentaria en la materia; y expresó su confianza en que este mismo año se termine el proyecto de una nueva ley general, que se pueda discutir en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Senadores.

El senador Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del PRD, resaltó la importancia que tiene la obtención y distribución del agua en México, donde, detalló, 10.6 millones de personas no tienen acceso a ella.

Comentó que no se va a permitir la privatización del agua por ningún motivo, y que la legislación general deberá considerar temas transversales como el Sistema Nacional Anticorrupción, la salud, la planeación territorial, el desarrollo metropolitano, la gobernanza del agua, la participación pública y el cambio climático.

Patricio Martínez García, senador del Grupo Parlamentario del PRI, refirió que la inclusión del derecho al agua en la Constitución Política es una buena propuesta, pero que no resuelve el panorama adverso para millones de personas que no tienen acceso al mínimo requerido para uso diario.

También señaló que se debe especificar que el agua potable ya no debe utilizarse para usos no potables, como el riego de cultivos; ya que esta práctica ha causado el colapso de las cuencas, y ni la tecnificación del campo lo ha evitado.

El director general de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, comentó que es necesaria una nueva ley que sustituya a la de 1992, que resolvía los problemas de hace más de 20 años pero que ha sido rebasada. Se deben contemplar factores como el cambio climático, que deja ver sus estragos en fenómenos naturales como huracanes y lluvias atípicas. También se debe contemplar la regulación del agua en todos sus usos, porque actualmente sólo se regulan algunos, dijo.

Refirió que la administración del agua tiene que hacerla el Estado, como lo establece el artículo 27 de la Constitución; se deben establecer mecanismos para que no tenga un uso mercantil; se debe regular la transmisión de títulos de agua; crear bancos de agua para paliar la sobreexplotación de acuíferos; priorizar a los grupos vulnerables en la ley; y crear entes reguladores en cada entidad federativa, expuso.

Juan José Huerta Coria, director ejecutivo del Consejo Consultivo del Agua, dijo que el país no tiene realmente un problema de escasez de agua, sino que no hay una buena administración de la que existe. Dijo que es obligación del Estado de garantizar el derecho al agua.

Detalló que la ley general debe contener de manera clara las facultades de la Federación, de las entidades y los municipios; así como plantear los subsidios para los grupos marginados; y crear una contraloría y mecanismo para controlar el cobro del agua en el país.

Judith Domínguez Serrano, coordinadora académica del doctorado en Estudios Urbanos y Ambientales de El Colegio de México, refirió que la discusión para delinear una nueva ley general de aguas debe empezar por considerar al agua como un bien común.

Dijo que se debe incluir a los investigadores para que aporten otra visión y soluciones a la escasez de agua en México; y advirtió que el problema que causa la falta de agua en el país es un tema social y no técnico.

Alejandro Sosa Reyes, director ejecutivo de Global Environmental Management Initiative, coincidió en que es necesario actualizar a la legislación actual en la materia, porque “ya no da para más”.

Identificó tres problemas existentes en el tema del acceso al agua en México: la disponibilidad en cantidad suficiente, que está relacionado directamente con el crecimiento de la población; la calidad, para diferentes tipos de uso, entre ellas el consumo; y la administración y gobernanza del agua, que tiene que ver con el cobro.

Quintín Suárez Andujo, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, detalló que en el país existen 600 mil concesionarios de agua, en 3.5 millones de hectáreas, aunado a casi 40 mil unidades de riego y que producen 68 por ciento de los alimentos en el país y 75 por ciento de las exportaciones, por lo que una nueva ley general de aguas es un tema de suma importancia para ellos.

Explicó que para la Asociación no es conveniente una nueva ley general como hasta ahora la han planteado porque afecta a los acuíferos. Sin embargo, no están en contra de que se proyecte un nuevo documento, y además que en él se plantee el trasvase de cuencas de una manera diferente a la que ya se ha hecho. Finalmente refirió que la legislación deberá dar certidumbre jurídica y no quedar a la interpretación de autoridades.

Al panel con expertos también asistieron los senadores Humberto Mayans Canabal y Silvia Guadalupe Garza Galván.

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