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Con 75 votos a favor y 7 en contra, también estableció que los recursos excedentes deberán invertirse, en tanto se aplican al otorgamiento de créditos, en los valores que determine el Consejo de Administración del Infonavit.
Ello, se resalta en el dictamen aprobado, se realizará con base en los valores previstos para la inversión de los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro, que permitirá garantizar al Instituto los montos para atender las necesidades de vivienda de los trabajadores.
En este sentido, los senadores facultaron a dicho Consejo para que determine “los valores en que habrán de invertirse los recursos, que tendrán que ser compatibles con el fin que se les dará”.
Estimaron que con estos cambios se beneficiará a más de un millón de trabajadores que se han retirado desde 1997, por un monto de 18 mil millones de pesos, además de los 14 millones de empleados de transición que se retirarán en los próximos 20-25 años.
Por otro lado, con dichas enmiendas los trabajadores que liquiden su crédito de vivienda tendrán derecho a obtener otro para comprar una segunda casa o para mejorar, remodelar y ampliar la que ya hayan adquirido.
Consideraron que con la reforma se da “una solución inmediata a la problemática que actualmente enfrentan, tanto los trabajadores que se encuentran bajo el régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, como la del Infonavit, al establecer un mecanismo que les permita recuperar los recursos remanentes en su subcuenta de vivienda 97”.
Con ello, los asalariados que se retiren a partir de la entrada en vigor de esta reforma podrán obtener los recursos depositados en su subcuenta de vivienda acumulados a partir del cuarto bimestre de 1997.
Los legisladores expresaron que se procurará una mayor rentabilidad de dichos recursos y un control de riesgos adecuado para las inversiones del Infonavit en beneficio de los trabajadores, mediante un manejo financiero prudente y eficiente.
Además, se permitirá a los trabajadores obtener créditos en mejores condiciones a las existentes, “como es el otorgamiento de créditos en pesos, además de los otorgados en veces de salario mínimo como ya se prevé actualmente”.
Al hablar a favor del dictamen, el senador priista Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez dijo que desde 1997 se han retirado 2 millones de personas y alrededor de 1.9 millones no demandaron el regreso de sus recursos.
Precisó que de los 140 mil trabajadores que exigieron la devolución de sus remanentes, sólo 5 mil han ganado el juicio o cobrado los montos. Esto --agregó-- ha generado una industria del “coyotaje” y una “enorme carga” administrativa para el Infonavit, el Poder Judicial, así como a la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Al manifestar su voto en contra, el senador perredista Pablo Gómez Álvarez calificó la reforma como inconstitucional, pues pretende que “terceros”, como las afores, administren los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y “engordar el negocio financiero más alevoso que existe en el país”.
El Congreso, dijo, no puede autorizar que la administración del Fondo sea entregada a terceros, porque la Constitución establece que el único que puede hacerlo es el Infonavit y éste no puede tomar una parte de esos recursos y canalizarlos para ser invertidos.
La minuta que reforma los artículos 43, 44 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el octavo transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, se remitió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
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