Número-1555

• Los ajustes presupuestales afectan al 15 por ciento de programas destinados a la infancia, lo que pone en riesgo a las futuras generaciones de México.
• Dichos recortes eliminan recursos para la alimentación, atención médica, seguridad social y educación, destacan especialistas.

 

El presidente de la Comisión de Población y Desarrollo del Senado de la República, Armando Ríos Piter, afirmó que se atenderán las propuestas del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) para emprender políticas públicas que reviertan el recorte presupuestal anunciado por el gobierno federal, que atenta directamente contra la población infantil, en especial aquella que vive en pobreza extrema.

 

“El tema es fundamental para el país, pues pareciera que en el debate político sólo se utiliza a los niños como un discurso demagógico recurrente”, enfatizó el senador del Grupo Parlamentario del PRD, al inaugurar la mesa de diálogo “Apoyar a niños y niñas hoy, pensando en los jóvenes de mañana”.

 

Reconoció que el Estado mexicano no tiene una visión integral para la niñez, lo cual es más evidente en temas delicados, como son los menores jornaleros o migrantes, por lo que es necesario tomar acciones radicales e inmediatas.

 

Al respecto, la jefa de Políticas Sociales de la UNICEF, Erika Strand, destacó que México sólo destina 0.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a la primera infancia, porcentaje sólo comparado con los países más pobres de la región como El Salvador y Honduras.

 

Los recortes recientemente anunciados por el gobierno federal, subrayó, afectarán directamente al 15 por ciento de programas destinados a garantizar derechos de la infancia, como es el acceso a la alimentación, salud y educación.

 

“Estamos perdiendo una oportunidad como país, pues futuras generaciones no podrán optimizar sus competencias de vida y no lograrán impulsar la productividad”, advirtió, pues los niños, niñas y adolescentes, entre cero y once años de edad, representan 20 por ciento de la población nacional.

 

De estos infantes, 21 millones viven en pobreza y 4.6 millones en pobreza extrema, y las mayores carencias se registran en seguridad, con 63 por ciento, y acceso a la alimentación con 28 por ciento, lo cual deriva en “un impacto para toda la vida de los menores”.

 

Además, apuntó, se abren más las brechas de desigualdad, pues 21 por ciento de menores en zonas rurales registran desnutrición crónica, lo cual es sumamente alto comparado con 11 por ciento de los infantes que habitan las ciudades.

 

Erika Strand recalcó la preocupación de la UNICEF porque el recorte anunciado para 2017, por un monto de 32 mil millones de pesos, afectará directamente al 15 por ciento de los programas destinados a la   infancia, acorde lo informado por el mismo gobierno.

 

“Es muy preocupante que al retirar 900 millones de pesos al Seguro Médico Siglo XXI se elimine un tercio de este programa destinado a menores de cinco años; 60 millones menos a instancias infantiles, y los demás recortes son a salud; vacunación y vigilancia epidemiológica, con todo y Zika encima”.

 

La experta internacional reconoció que entiende la necesidad de los recortes, “pero finalmente, no se aplicaron en los temas más oportunos. Digamos, es una visión de muy corto plazo”, reiteró. 

 

En lo anterior coincidió Raúl Zepeda Gil, asesor del Instituto Belisario Domínguez, al referir que se condena a la niñez a obtener una pobre educación, lo cual representa un riesgo mayor, pues “algunos terminarán siendo parte del ejército criminal que ronda nuestras calles,” y esta responsabilidad recae en un sistema que no es capaz de proporcionarles las mejores herramientas de desarrollo.

 

En este mismo sentido se pronunció Roberto Ruiz Ramírez, director de Diseño Conceptual de la Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quien destacó que el reto “es dar tiros de precisión en donde están las mayores necesidades de los niños”, lo cual implica revertir el abandono a diversos programas, que no son evaluados por las autoridades responsables.

 

Humberto Trujillo Jiménez, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), se pronunció por revertir la falta de integración y coherencia en programas; en especial en aquellos que deben atender graves problemas como el denominado de los “niños de la calle”, el cual tiene una secuela de más de cincuenta años en el país.

 

Gerardo Esquivel, especialista del Colegio de México, destacó por su parte que uno de cada dos niños en pobreza extrema está excluido de programas sociales, por lo que es indispensable diagnosticar las causas para poder erradicar este fenómeno de exclusión.

 

Rodolfo de la Torre, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), consideró por su parte que es indispensable atender las advertencias de la UNICEF, pues el recorte del presupuesto destinado a futuras generaciones “tendrá un efecto multiplicativo en un menor capital humano que ayude a elevar la productividad en el mercado laboral del país”.

 

Eliseo Hernández Ruiz, economista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), refrendó lo anterior y subrayó que, al contar con menos acceso a la nutrición, salud  y educación, niñas, niños y adolescentes carecerán de menor desarrollo cognitivo, y al ser padres, heredarán esta situación a las futuras generaciones.