Número- 1373

• Deberá explicar los casos locales que ha atraído y en qué estados se cometieron.
• Señalan senadores en que este fenómeno delincuencial se ha asentado en el país y su incidencia está lejos de disminuir.

El Senado de la República solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre cuántas averiguaciones previas se han iniciado por el delito de desapariciónforzada y especifique cuántos de estos casos ha atraído por conexidad y en qué entidad federativa se cometieron.

Asimismo, le pidió un reporte de la colaboración que ha brindado a las procuradurías de los estados y de la Ciudad de México, tanto en apoyo técnico como forense, en los casos de desaparición forzada del orden común.

Del mismo modo, exhortó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que remita un informe sobre el avance en la integración del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

En el dictamen, aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores, se señala que las desapariciones forzadas se han convertido en un problema estructural del Estado mexicano,“que lejos de disminuir aumenta significativamente”. El Registro Nacional de Personas Extraviadas reconoce que de 2007 a la fecha hay 23 mil 605 casos de desaparición; el 40 por ciento ha sido denunciado durante la actual administración.

Refiere que según lo datos de dicho Registro, Tamaulipas es el estado donde más personas han desaparecido, con cinco mil 380 víctimas registradas, el segundo lugar lo tieneJalisco, con dos mil 150 casos, y en tercer lugar el Estado de México, entidad en la que se tienen contabilizadas mil 745 desapariciones.

Ante este panorama, los senadores coincidieron en que el combate aeste delito debe ser una prioridad para la Procuraduría General de la República y sus homólogas estatales.

Mencionaron que la desaparición forzada de personas es un fenómeno delincuencial que se ha asentado en el país y ha dañando el tejido familiar y social de muchas comunidades, de ahí, la necesidad de que el Estado responda “con toda la fuerza de la ley y bajo los más estrictos estándares de respeto a los derechos humanos”.

En el documento se señala que desafortunadamente, miles de personas que fueron reportadas como desaparecidas aún no han sido localizadas y más casos se suman cada día, por lo que la labor de los órganos de procuración de justicia de todos los órdenes de gobierno es localizarlas con la mayor celeridad posible y evitar nuevos casos.

En este sentido, se destaca que dichos órganos deben someterse permanentemente a evaluaciones que arrojen luz sobre las ventanas de oportunidad que sean detectadas.

Se enfatiza que el Estado no puede ser omiso en su obligación de proporcionar seguridad jurídica y física a la ciudadanía; “es un mandato constitucional que debe cumplirse de manera efectiva, sensible, comprensiva y poniendo como prioridad el bienestar e integridad física de las víctimas de este flagelo”.

Al respecto, el senador Héctor Menchaca Medrano, del Grupo Parlamentario del PT, dijo que las cifras son “alarmantes”, pues se estima que podrían ser 27 mil o más las personas desparecidas en este país, por lo es necesario contar con información puntal y precisa para conocer cuántas averiguaciones previas ha iniciado la PGR.

Opinó que es indispensable que dicho Registro contenga cifras que permitan generar una radiografía de dónde y cómo se comente esta práctica, a efecto de que las estrategias de las autoridades sea focalizada y bien diseñada, de lo contrario, la deuda de los tres órdenes de gobierno con la ciudadanía y la desconfianza en las instituciones también seguirá aumentando.

En tanto, la senadora Dolores Padierna Luna, del Grupo Parlamentario del PRD, señaló que durante las audiencias públicas sobre la ley contra las desapariciones, se dio a conocer que hay una respuesta negligente y omisa por parte del Estado mexicano, cuyas autoridades se han negado a investigar y buscar a las personas reportadas como desaparecidas, delegando tal función a las familiares de las víctimas.

Las autoridades, agregó, únicamente emiten un acta circunstanciada o una averiguación previa por cada nueve personas reportadas como desaparecidas, lo que se traduce en que no se realiza una investigación adecuada y ocasiona que no exista un registro administrativo que haga constar los datos y circunstancias en que desaparecieron, generando una cifra negra de este fenómeno.

El tema de la desaparición forzada es una tragedia a gran escala que exige, desde el Estado mexicano, una respuesta integral y satisfactoria para atender y esclarecer los miles de casos, además debe cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y reparación del daño a las víctimas y sus familiares.

---000---