Número- 1396

• La corrupción entre autoridades ha provocado un crecimiento urbano desmedido.
• Pide incorporar la consulta ciudadana a la ley.

La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza, del Grupo Parlamentario del PAN, aseguró que la corrupción, negligencia de autoridades locales y la falta de actualización de la Ley General de Asentamientos Humanos ha generado un crecimiento urbano que no obedece a los lineamientos básicos que se requieren para asegurar una buena calidad de vida para los habitantes de las urbes. 

Informó que, de acuerdo con el reporte “México: Anatomía de la Corrupción”, elaborado por el CIDE y el IMCO, dado a conocer este año, el 44 por ciento de las empresas en México reconoció haber pagado sobornos, de los cuales el 75 por ciento estuvo relacionado con trámites, licencias y permisos.

En este contexto, planteó adicionar los artículos 61, 62 y 63 de dicho ordenamiento, con el propósito de prever que la legislación local de las entidades federativas incorpore mecanismos de participación ciudadana y de control ambiental que actúen como candados en contra de los cambios irregulares de uso de suelo.

Así como sanciones penales para los servidores públicos que otorguen permisos, licencias o autorizaciones cuyo contenido sea violatorio de las leyes  o programas locales de desarrollo urbano y para las personas que destinen dolosamente un bien inmueble a un uso distinto del uso de suelo que tenga permitido y obtenga un beneficio económico derivado de dicha conducta.

Desde la tribuna senatorial, Mariana Gómez destacó que de acuerdo con la Ley General, los usos de suelo son aquellos fines particulares a los que podrán destinarse determinadas zonas o predios de un centro de población. Este ordenamiento, agregó, prevé que las legislaturas estatales, mediante una ley local, legislen sobre el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y de desarrollo urbano de los centros de población de cada entidad.

Por otra parte, subrayó que en todo el país, las constructoras y empresas inmobiliarias construyen obras que violan el uso de suelo autorizado, pues “ya con el proyecto en construcción, tendrán mayores facilidades de las autoridades locales para la regularización de los inmuebles”.

Sin embargo, resaltó, para ser aprobadas, este tipo de solicitudes deben pasar por filtros de análisis para considerar su viabilidad. La realidad es que, en su gran mayoría, los fallos son en el sentido de modificar el uso de suelo para adaptarlo a la obra irregular y no en el sentido de ordenar la demolición de los inmuebles, argumentó.

La legisladora panista aseguró que por las constantes violaciones a la normatividad en materia de desarrollo urbano, urge establecer candados y medidas que permitan llevar las ciudades por un camino de armonía urbana.

Por lo tanto, explicó, las leyes locales deben prever que, por cada solicitud de cambio de uso de suelo, se realice una consulta ciudadana cuyo resultado sea vinculante, con el propósito de escuchar a los habitantes cuando se pretenda cambiar el uso de suelo de un predio específico de su pueblo o colonia.

Finalmente, la senadora recalcó que se deben analizar las 59 zonas metropolitanas del país porque están creciendo de manera desmedida, debido a la corrupción que permea en todos los niveles de gobierno.

Se turnó a las comisiones unidas de Desarrollo Urbano y de Ordenación Territorial y de Estudios Legislativos.

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