Número-1522

• Roberto Gil Zuarth dijo que el Senado atenderá el tema con mucha responsabilidad, porque merece una respuesta urgente del Estado mexicano.
• Establecer la forma cómo se cumplirá con la acreditación de la calidad de víctima y reconocer derechos de las víctimas de desplazamiento interno forzado, entre las propuestas.        

 

El presidente del Senado de la República, Roberto Gil Zuarth, recibió una iniciativa ciudadana que proponen un centenar de organizaciones y colectivos de víctimas, para reformar la Ley General de Víctimas, ya que consideran que no atiende y resuelve sus problemas.

 

Entre los aspectos que proponen se encuentran: proteger el espíritu garantista original de la Ley General de Víctimas, tal como se logró cuando las organizaciones y colectivos impulsaron su creación; establecer con claridad la forma en la cual se cumplirá con la acreditación de la calidad de víctima en los momentos y condiciones que se realiza ésta ante las autoridades obligadas por la ley.

 

Así como establecer el procedimiento para la revocación del mandato, en su caso, y las sanciones a los servidores públicos que incumplan con los derechos que la Ley otorga a las víctimas del delito y a las víctimas de violaciones a derechos humanos.

 

También, garantizar el reconocimiento como víctimas directas de los familiares de personas como resultado de que sus victimizantes hubieran fallecido o se encuentren desaparecidas; ampliar la exigencia de independencia en la gestión y administración de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas en las entidades federativas.

 

Reconocer los derechos de las víctimas de desplazamiento interno forzado; establecer mecanismos para evitar que la normatividad reglamentaria o las políticas públicas en la materia restrinjan en la práctica el alcance de los derechos reconocidos por la ley; y crear la figura de las relatorías temáticas para establecer el diseño de políticas públicas y contar con un punto de vista técnico riguroso en la dictaminación de planes de reparación integral, entre otros.

 

Roberto Gil Zuarth le dijo al colectivo de víctimas, expertos y activistas, encabezados por Javier Sicilia, que le entregaron la iniciativa, que el Senado de la República atenderá el tema con mucha responsabilidad, porque merece una respuesta urgente del Estado Mexicano.

 

Javier Sicilia, en representación de las organizaciones civiles, señaló que durante los dos años en los que se ha aplicado la Ley General de Víctimas, sus mecanismos no han funcionado ni operado, y no se ha dado justicia a las víctimas, por el contrario, éstas han aumentado.

 

Detalló que en 2014, cuando empezó a operar la Ley General de Víctimas, había 40 mil asesinados y 10 mil desaparecidos y un número indeterminado de desplazados; y actualmente hay 200 mil asesinados y más de 30 mil desaparecidos, según cifras oficiales. “Pero conforme nos enfrentamos a las fosas, vemos que esto es mucho más grande de lo que imaginamos”, enfatizó.

 

Dijo que existe un desprecio absoluto de parte de las autoridades hacia las víctimas, y no están entendiendo el tamaño de la emergencia nacional y de la tragedia humanitaria que padecen. Por último, señaló que una ley de víctimas no puede ser tutelada por el gobierno, porque es él mismo quien comete las violaciones a derechos humanos.

 

Atanasio Rodríguez Sampayo, integrante del Grupo de Deudos y Defensores por los Derechos de Nuestros Desaparecidos, leyó el documento que entregaron, donde se señala que la implementación de la Ley General de Víctimas ha sido accidentada e ineficaz, de tal modo que la estructura institucional diseñada para garantizar los derechos de las víctimas, se ha apartado de las expectativas que se tenían de ella.

 

Durante la entrega de la iniciativa, acompañando al presidente del Senado, estuvieron presentes los vicepresidentes de la Mesa Directiva, senadora Rosa Adriana Díaz Lizama y senador Luis Sánchez Jiménez, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, y la senadora Sylvia Leticia Martínez Elizondo, integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, al igual que activistas y familiares de personas desaparecidas.

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