Número- 1420

• Facultar al Congreso en la materia permite establecer el sustento para expedir normas generales, válidas en los tres órdenes de gobierno, destacó el senador Enrique Burgos.
• La senadora Angélica de la Peña Gómez destacó que, a través de la legislación general, se pueden resolver las faltas de los congresos estatales que no han legislado en la materia.

El Senado de la República aprobó adicionar una nueva fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política, para facultar al Congreso de la Unión a expedir la ley general que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en materia de derechos de las víctimas.

En el dictamen avalado por unanimidad con 87 votos y turnado a la Cámara de Diputados, se precisa que al realizarse la publicación de la Ley General de Víctimas vigente, el 9 de agosto de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, se dio cumplimiento al objetivo de emitir el ordenamiento que contempla normas acordes a la sistemática de una ley general para que los órdenes de gobierno federal, local y municipal realicen acciones en materia de derechos de las víctimas.

Con ello, señala, se cumpliría el propósito de ordenar la emisión de la legislación correspondiente, además de que se estableció en la misma ley que las legislaturas locales llevaran a cabo las acciones legislativas necesarias para armonizar orden jurídico a las previsiones de la legislación general emitida, en un plazo de 180 días naturales posteriores a su publicación.

Por otra parte, precisa que con la reforma constitucional en materia de justicia penal de 2008 y de establecer un nuevo sistema para la impartición de justicia penal, basado en los principios acusatorio y adversarial, se amplió en la Constitución el apartado del reconocimiento a los derechos humanos de las víctimas.

Por ello, el artículo 20 constitucional cuenta con un apartado C en el que se enuncian los derechos de la víctima o del ofendido por la comisión del delito. Es decir, se reconocen los derechos de las personas y las obligaciones del poder público para brindar asesoría jurídica a la víctima; significarle su participación en el proceso penal como coadyuvante del Ministerio Público y precisar su acceso a la atención médica y psicológica que demande su condición.

Así como actuar a favor de la reparación del daño; resguardar su identidad en los casos donde sea necesario; acceder a las medidas cautelares y providencias para su protección y restitución de sus derechos; y reconocer su derecho a impugnar ante la autoridad judicial las resoluciones de la autoridad de procuración de justicia.

Al presentar el dictamen, el senador Enrique Burgos García, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales precisó que facultar al Congreso en la materia, tiene una doble implicación; por un lado, establecer con nitidez el sustento para expedir normas generales que se apliquen de manera concurrente por los tres órdenes de gobierno, y por otro, delimitar la libertad de configuración legislativa de las entidades federativas en esta materia con base en las previsiones de la legislación emitida por el Congreso de la Unión.

El Estado mexicano ha firmado no sólo sus deberes de investigación en los delitos y de procuración e impartición de justicia en el ámbito penal, sino en el reconocimiento de que quienes han sido víctimas de un delito puedan ejercer sus derechos a ser asesorados en el procedimiento penal, a coadyuvar con el ministerio público y actuar en el expediente, a recibir la atención médica y psicológica que requiera, a que se le repare el daño causado, entre otros.

La senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que en el dictamen se establece que pese a los esfuerzos del Congreso para dotar de la base constitucional a la normativa de la Ley General de Víctimas no había sido posible efectuarlo, pues no se había concretado por la misma dinámica de los procesos legislativos y la misma expedición de la ley vigente.

Puntualizó que la Constitución reconoce los derechos indeclinables que requieren un desarrollo legislativo basado en una normatividad homóloga para la República y destacó que a través de la legislación general correspondiente, que tenga aplicabilidad en todo el país, se puede resolver el grave problema de las faltas de muchos de los congresos de los estados donde no han legislado en la materia o donde lo han hecho y es “ley muerta”.

A nombre del Grupo Parlamentario del PVEM, el senador Jorge Aréchiga Ávila expresó que con esta reforma se refrenda que el Estado mexicano está a favor de las víctimas, bajo criterios de atención y reparación del daño causado mediante un adecuado sistema de justicia en el país.

Asimismo, el legislador destacó que se ratifica el compromiso del Senado por la defensa de los derechos humanos y de los principios para la protección de las víctimas.

Por el Grupo Parlamentario del PRD, la senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza expresó que el Movimiento Nacional de Víctimas quiere acompañar esta reforma, con el objetivo de preservar su carácter garantista y de justicia restaurativa.

Consideró que con esta medida se coloca nuevamente a las víctimas de este país en el eje central de la política de derechos humanos y de la gobernanza democrática.

Por su parte, el senador Héctor Flores Ávalos, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que la aprobación del dictamen refuerza la actuación del Estado mexicano en la protección de los derechos humanos y la reparación del daño de las víctimas.

Dijo que su fracción respalda el documento que compromete a la Federación, estados y municipios, y al gobierno de la Ciudad de México en el nuevo paradigma para reforzar la tendencia en la protección de los derechos de las víctimas.

La senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que esta ley debe subsanar la parte de normatividad para que de forma homogénea, armonizada, sin lagunas, ni contradicciones, los tres niveles de gobierno garanticen la protección de los derechos de las víctimas.

Producto de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, sean venido desdoblando otras que garantizan su respeto. El Estado ha actuado en consecuencia para brindar atención, reparar, resarcir y estar pendiente de las víctimas con una atención de calidad, dijo. 

La senadora por el PRD Dolores Padierna Luna, destacó la importancia de la reforma para facultar al Congreso a establecer las concurrencias de los tres órdenes de gobierno, pues “la protección y garantía del derecho de las víctimas le corresponde al Estado mexicano en su conjunto, no sólo a una instancia como se pretende exponer ante la opinión pública”.

Anticipó que, al margen de esta modificación, se construirá una nueva y moderna ley “donde la víctima sea el centro de la justicia, pues hay acciones en que favorecemos al victimario. Primero deben ser las víctimas y a ellas debe servir el fondo de mil millones de pesos” que se conformó en su apoyo.

La senadora Silvia Garza Galván, de la fracción del PAN, coincidió en que existe la oportunidad de hacer una nueva ley acorde a la realidad que actualmente viven las personas frente a la delincuencia organizada.

Celebró que se conceda facultad al Congreso para legislar en la materia, pues se atiende un reclamo ciudadano para que se hagan valer los derechos de las víctimas del delito. 

El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para su análisis.

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