Número- 1431

• La iniciativa busca contar con las bases mínimas de actuación y exigencias de validez procesal para el uso de esta herramienta.
• El Índice de Percepción de Corrupción, ubica a México en el lugar 106 de 177 naciones.

El senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa que modifica los artículos 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a fin de regular los usuarios simulados o encubiertos, utilizados para combatir la corrupción.

Expuso que la propuesta busca dar vida jurídica a la figura del usuario simulado, contar con las bases mínimas de actuación y exigencias de validez procesal, como una herramienta de apoyo al esfuerzo de la sociedad y gobierno.

Señaló que esta incorporación legal contempla la posibilidad general de que las entidades públicas puedan implementar programas para prevenir y detectar irregularidades por parte de los servidores públicos a su servicio.

El senador explicó que el usuario simulado, en algunos de los casos “simula” una irregularidad para detectar otra, por ejemplo, cuando ofrece una dádiva, cuyo proceder, de no existir certeza de que se trata de una actuación, también constituiría una falta.

Subrayó la importancia de combatir la corrupción que afecta todos los sectores de la sociedad, pues datos Transparencia Internacional (TI), en su Índice de Percepción de Corrupción, ubica a México en el lugar 106 de 177 naciones, con una calificación de 34 puntos, donde cero es la percepción de corrupción más alta y 100 la más baja.

Casillas Romero recordó que este mecanismo fue utilizado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y los Órganos Internos de Control en la Administración Pública Federal para evaluar el desempeño de los funcionarios federales en la realización de trámites, prestación de servicios y ejecución de licitaciones.

Refirió que este instrumento opera como un programa en el que participa cualquier persona dispuesta a denunciar un acto irregular por parte de un funcionario público, así como a coadyuvar con la autoridad para recabar los elementos probatorios del mismo.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Estudios Legislativos, Segunda.

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