Número-1356

• Pide González Pérez dar prioridad a la prevención y fortalecer lucha contra células financieras de la delincuencia organizada.
• PGR se manifiesta por no criminalizar el consumo de estupefacientes.

 

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, consideró que el debate sobre las drogas “no se agota en modo alguno con la marihuana” y si se ha tomado la decisión de discutir el tema a nivel mundial “busquemos abordarlo de manera integral, evitando enfoques o tratamientos parciales”.

 

Lo anterior en las audiencias públicas sobre el posicionamiento de México ante la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas que organizó el Senado de la República.

 

El ombudsman nacional destacó la necesidad de revisar los esquemas y políticas que han imperado en materia de producción, distribución y consumo de drogas, pues se ha evidenciado desde hace varios años como una consecuencia de la violencia, la inseguridad, el debilitamiento institucional y de nuestro Estado de Derecho, así como la ruptura en el tejido social que ha afectado varias regiones del país.

 

Subrayó que es fundamental distinguir entre los efectos de las drogas y los que se derivan de las políticas que en esta materia se adopten, pues los altos índices de violencia y la generación de diversas actividades ilícitas que se asocian a estas, no son una consecuencias vinculada a su consumo, “sus causas son mucho más complejas y atiende a diversos factores de carácter social, económico, cultural y político”.

 

Aseguró que la violencia directa o indirectamente vinculada a la aplicación del actual esquema punitivo, no puede desvincularse de una serie de efectos adversos que han propiciado violaciones a los derechos humanos o que han conformado situaciones de vulnerabilidad o riesgo, las cuales van desde los daños a la estabilidad y tejido social, hasta las desapariciones y homicidios.

 

Es preciso actuar más del lado de la prevención que del de la reacción, se debe fortalecer tanto en el ámbito local como internacional, la lucha contra las células financieras de la delincuencia organizada, vinculada al tráfico de drogas, manifestó.

 

Señaló que el adicto no debe verse como un delincuente, ya que el control de adicción debe abordarse como un problema de salud pública y salud social que reconoce diferencias entre las drogas y los riesgos al consumirlas. “La cárcel y la estigmatización social no son las respuestas que resolverán el problema del consumo de drogas”.

 

Quienes consumen drogas, conforman el conjunto de personas más proclives a ver afectados sus derechos humanos por parte de las autoridades, así como a ser sujetos de abusos y vejaciones de quienes distribuyen y comercializan dichas sustancias, advirtió.

 

Se deben tomar a los derechos humanos como eje funda mental de toda política y parámetro de validez de cualquier acción que se emprenda en el ámbito de drogas, “las personas, el conjunto de sus derechos, sus realidades y necesidades y las condiciones para el mejor desarrollo de sus vidas, deben ser consideradas y atendidas en toda medida que se adopte, puntualizó.

 

José Alberto Rodríguez Calderón, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, dijo que México ha propuesto diversas acciones para atender esta problemática como la de generar respuestas más inteligentes en favor del desarrollo de la salud pública y los derechos humanos.

 

Dijo que se trata de un problema de salud pública, por lo que no se debe criminalizar el consumo de drogas, además planteó trabajar conjuntamente para atender los problemas sociales ocasionados por la utilización de este tipo de sustancias, garantizar un mejor acceso con fines médicos y científicos.

 

Asimismo, se pronunció a favor de mantener un frente común ante la delincuencia organizada internacional y cerrar los espacios a las operaciones financieras y alienar los esfuerzos internacionales para el desarrollo, inclusión y el bienestar de las personas.

 

Antonio Romero Duarte Ortiz, embajador de Guatemala en México, manifestó que el problema de las drogas afecta de manera distinta a los países, por lo que su discusión debe tomar en cuenta las diferentes realidades de las regiones a las que aqueja, a fin de asegurar la eficacia de la política global y de la cooperación internacional.

 

El diplomático consideró fundamental impulsar un modelo integral y balanceado de política de drogas, en el cual, prevalezca un enfoque de salud pública basada en evidencia científica y una perspectiva transversal de derechos humanos.

 

 El magistrado Eduardo García Salcedo, de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dijo que se requiere un marco regulatorio fuerte, ordenado, integral, consensado democráticamente y una posición mexicana moderna y eficaz ante el modelo prohibicionista que priva “y cuyos resultados no han sido apetecibles”.

 

Resulta indispensable, enfatizó, replantear nuestro marco normativo para evitar la vulneración de los derechos humanos de los gobernados y pasar del esquema de la prohibición sancionada penalmente, al de la legalización regulada bajo los parámetros generales de la salud pública.

Catalina Pérez-Correa González, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, reiteró que el enfoque actual ha aumentado la violencia letal, ha aumentado el número de desplazamientos forzados “y parece que es hora de pensar en alternativas más racionales y que convengan a la población”.

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