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El nuevo marco jurídico regula las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero de origen antropógeno, que son contaminantes y alteran la composición de la atmósfera, por lo que provocan cambios en el clima e impactos negativos en la salud, biodiversidad, seguridad alimentaria, desarrollo económico y medio ambiente.
Dispone que los tres órdenes de gobierno --de manera concurrente-- elaboren y apliquen las políticas públicas de protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico.
En este sentido, prevé involucrar a la sociedad en la formulación de dichas políticas y toma de decisiones.
Además, se crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que elaborará un Inventario de Emisiones y se constituye el Fondo para el Cambio Climático con el objeto de captar y canalizar recursos públicos, privados, nacionales e internacionales, para enfrentar el cambio climático.
La Ley establece el Registro Nacional de Emisiones como el instrumento donde las personas físicas y morales responsables de los establecimientos sujetos a reporte, deberán inscribir el reporte anual de dichas emisiones directas e indirectas y de absorciones por sumideros de gases de efecto invernadero.
También faculta a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, con la participación del Consejo respectivo, a establecer un sistema de comercio de emisiones y, en su caso, proponer la creación de un organismo regulador, a fin de que los participantes obtengan derechos de emisión o reducciones de emisiones.
Lo anterior, para que las reducciones de emisiones se realicen con el menor costo posible, de forma medible, reportable y verificable.
El dictamen, que reúne el análisis y estudio de siente iniciativas, se avaló en lo general con 76 votos a favor, dos en contra y cinco abstenciones, al reservarse los artículos 2, 7, 8, 29, 34, 35, 36, 40, 63, 85, 88, 100, 101 y 102.
La asamblea modificó los artículos 29, 34 y 35 del dictamen para que en la formulación de la política respetiva se tome en cuenta el compromiso para lograr la sustentabilidad del desarrollo económico, sin vulnerar la competitividad frente a los mercados internacionales.
Los cambios permitirán que dicha política incluya un diagnóstico, planificación, medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación de emisiones, con metas específicas y sujetas a la disponibilidad de recursos financiaros y tecnológicos de los sectores a los que van dirigidas.
En la discusión, el senador panista Alberto Cárdenas Jiménez destacó que México es uno de los cinco países más vulnerables al cambio climático por su biodiversidad, posición geográfica, pobreza y precariedad de personas, así como por los asentamientos humanos en zonas de riesgo.
El también presidente de la Comisión de Agricultura aseveró que se pronostican efectos más devastadores como aumento del nivel de mar y el esparcimiento de infecciones en humanos, flora y fauna.
Detener este fenómeno provocado por el hombre, subrayó, requiere de un cambio de patrones de consumo y producción e ingresar a una “segunda revolución industrial” con la participación de “todos actores del mundo”.
Por el PRI, Francisco Labastida Ochoa resaltó que ante la alta de vulnerabilidad de nuestro país al calentamiento global el dictamen define políticas públicas de corto y largo plazo, suma las acciones de los tres niveles de gobierno y precisa qué puede hacer la sociedad para mitigar sus efectos.
Además, busca y concilia el combate a este problema con el crecimiento económico y la generación de empleo sin degradar la competitividad de la economía, aseguró el senador por Sinaloa y titular de la Comisión de Energía.
Lo anterior, agregó, porque México contribuye sólo con el 1.6 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo y si la solución no la “hacemos compatible con el crecimiento económico nos vamos a hacer dañó”.
En su turno, el senador Antonio Mejía Haro, del PRD, advirtió que en este siglo la temperatura global promedio podría incrementarse alrededor de tres grados celsius, lo que provocaría el aumento del nivel del mar, fenómenos hidrometeorológicos extremos, conflictos sociales y disminución de la productividad agrícola.
Dijo que a consecuencia del cambio climático, en este año ya “estamos sufriendo la peor sequía de los últimos 70 años con efectos devastadores en prácticamente el 70 por ciento del territorio”.
“Está provocando la muerte de 315 mil personas cada año por el hambre, las enfermedades y desastres naturales vinculados a su impacto, y esta cifra puede aumentar hasta medio millón de personas para el 2030.
La senadora del PVEM, Ludivina Menchaca Castellanos afirmó que el rezago social que prevalece en diferentes regiones, la desigualdad entre zonas urbanas y rurales, así como la situación de pobreza de 50 millones de mexicanos, incrementan el riesgo de nuestro país ante los desastres naturales.
“Si no tomamos de una vez en serio este problema e implementamos acciones concretas, por supuesto que en el norte de México seguirá habiendo más sequías y en el sur aumento de inundaciones como las sufridas en Tabasco, Veracruz y Chiapas”, añadió.
Al argumentar su voto en contra, el senador petista Ricardo Monreal Ávila señaló que “los peores enemigos del deterioro ambiental son el desempleo, la pobreza y la falta de conocimiento, pues los hábitos de consumo promueven y provocan más del 53 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Indicó que en el dictamen no se tomó en cuenta el desarrollo sustentable, la creación de condiciones para el uso racional de los recursos naturales, el crecimiento económico y generación empleos, reducción de la pobreza, autosuficiencia alimentaria y la planeación demográfica.
Los artículos que no modificó el pleno senatorial se aprobaron en sus términos con 72 votos a favor, 12 en contra y una abstención.
En el dictamen, que se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales, se menciona que según el Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 nuestro país ocupa el treceavo lugar a nivel mundial por sus emisiones de gases de efecto invernadero, lo que representa el 1.6 por ciento del total.
El inventario nacional identifica que los principales sectores que emiten dichas emisiones son energía, incluido el transporte, con 60.7 por ciento; desechos, 14.1 por ciento; cambio de uso de suelo y silvicultura, 9.9 por ciento, procesos industriales 9 por ciento y agricultura, 6.4 por ciento.
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