Número-1335

• El dictamen a discusión simplifica el marco jurídico que regula la preparación, autorización y gestión presupuestaria para este tipo de proyectos.
• Senadores tienen posiciones encontradas; algunos señalan que habrá mayor transparencia, otros refieren que promueve la opacidad.

 

El Pleno del Senado de la República comenzó el debate el dictamen que reforma la Ley de Asociaciones Público Privadas, cuya finalidad es fortalecer y simplificar el marco jurídico que regula la preparación, autorización y gestión presupuestaria de los proyectos denominados APP.

El dictamen aprobado en comisiones señala que se podrán aprobar proyectos durante todo el ejercicio fiscal correspondiente, ya que ahora tienen como límite el mes de agosto para incluirse en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.

Establece la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de publicar en su Portal de Transparencia Presupuestaria, la información prevista en el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, es decir, el dictamen que refiera que es viable la asociación.

En la Minuta se prevé la obligación dela Secretaría de Hacienda y Crédito Público de remitir a la Cámara de Diputados, para consideración de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, los proyectos dictaminados favorablemente por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación.

Para tales efectos, se dispuso de un periodo de treinta días naturales para que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública se pronuncie al respecto; de no hacerlo, se entenderá aprobado el proyecto de que se trate.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación deberá incluir en un capítulo específico y por sector, en adición a los compromisos plurianuales, los proyectos APP que hayan sido aprobados por la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación a la fecha de presentación del proyecto mencionado.

Además deberá señalar la descripción de cada uno de los proyectos, montos erogados acumulados conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y del calendario, así como el monto de los pagos anuales comprometidos en el caso en que ya se hubieran contratado.

La Minuta estimó la obligación del Ejecutivo Federal de reportar al Congreso de la Unión, a través de los informes trimestrales que remite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las Propuestas no Solicitadas que reciban las dependencias y entidades durante el periodo que se reporta, que hubiesen cumplido con todos los requisitos que la Ley establece para su valoración.

Al presentar el dictamen ante el Pleno del Senado, José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, dijo que con la modificación de 21 artículos de la Ley de Asociaciones Público Privadas se busca generar condiciones de transparencia en la aplicación de los contratos.

Enfatizó en que este conjunto de reformas harán de las asociaciones público privadas un vehículo de desarrollo, sujetos a principios de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas.

En su participación, Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, dijo que estas asociaciones, hasta ahora, han representado una subordinación del interés público al interés privado, y se mantiene una enorme opacidad en su operación.

Advirtió que con las modificaciones se profundiza la opacidad, y hasta tiene visos de inconstitucionalidad, porque se incorpora a los órganos reguladores coordinados en materia energética, dentro de las dependencias que pueden establecer contratos de asociación público privadas, cuando éstos sólo tienen la facultad de dictar normas pero no pueden asumir labores de carácter ejecutivo.

La senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Dolores Padierna Luna, calificó como grave la aprobación del dictamen, toda vez que facilita la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, la corrupción y los conflictos de interés porque no se establecen controles para revisar la calidad de los servicios, ni de las obras, que al finalizar, éstas quedan en manos de las empresas privadas y no del Estado.

El grupo parlamentario no respaldará un documento que no resuelve la debilidad institucional, pues son un instrumento que se caracteriza por la alta fragmentación, falta de controles y flexibiliza los requisitos para la contratación de obras; las asociaciones son el outsourcing para las actividades de infraestructura del Estado, dijo.

Al iniciar el posicionamientos de los Grupos Parlamentarios, el senador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett Díaz, aseguró que las empresas trasnacionales que pretenden participar en la creación de infraestructura “son monstruos que quieren estar en todos lados”, en servicios, desarrollo e infraestructura.

Aseguró que el “atraco” en los servicios de salud, fondos de pensiones y transporte son órdenes del Banco Mundial, con la anuencia de los gobiernos, porque la participación de las grandes empresas resulta en “ríos de dinero” en detrimento de las poblaciones, no sólo de México, sino de todas las naciones.

El senador del Grupo Parlamentario del PVEM, Jorge Aréchiga Ávila dijo que este esquema representa una alternativa para que la obra y prestación de servicios públicos no se vean limitados por la insuficiencia de recursos, ya que se incorporan nuevas disposiciones que permiten hacer más ágil y eficiente la programación del presupuesto destinado a este tipo de asociaciones.

Indicó que si bien se propone flexibilizar las reglas para la celebración de asociaciones público privadas, esto no implica la discrecionalidad de recursos, pues su ejercicio quedará sujeto en todo momento a mecanismos de control, ya que se establece un monto máximo y todos los proyectos tendrán que cumplir con reglas estrictas en materia de transparencia y rendición de cuentas.

En tanto, el senador del Grupo Parlamentario del PRD, Mario Delgado Carrillo manifestó que estas modificaciones lo único que hacen es darle mayor discrecionalidad a la Secretaría de Hacienda para que tenga una nueva modalidad de deuda, “no se puede resolver un problema de transparencia con mayor discrecionalidad”.

Este modelo abre la puerta al sector privado en la gestión de servicios públicos y será pervertido por la corrupción, ya que no hay competencia cuando se contratan este tipo de asociaciones, debido a que normalmente hay un solo proyecto en la gestión, concluyó.

Jorge Luis Lavalle Maury, senador del Grupo Parlamentario del PAN, consideró que asociarse con el sector privado “es una buena alternativa para explotar el potencial económico de México”, con una legislación que regula el financiamiento de proyectos para la prestación de servicios.

Refirió que tanto la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico como el Banco Mundial recomiendan este tipo de mecanismos para “superar el subdesarrollo”. Con las modificaciones, agregó, la competitividad obligará a las grandes empresas a invertir más, con la certeza de que sus esfuerzos resultarán atractivos para futuras inversiones y con factores de riesgo más factibles y convenientes para ambas partes.

Por el Grupo Parlamentario del PRI, el senador Manuel Cavazos Lerma dijo que se trata de una Ley que complementa, enriquece y engrandece el gasto público, con la que el Estado aumenta su papel de promotor del crecimiento, vía las inversiones, y no abdica de esta función que es indelegable.

El objetivo de los cambios, enfatizó, es hacer más ágiles, eficaces y eficientes las reglas, mecanismos y procedimientos para que las propuestas de las asociaciones público-privadas sean más numerosas, transparentes, rentables socialmente y en consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo.

Los senadores continúan con la discusión, en lo general y en particular, sobre las modificaciones de la Ley de Asociaciones Público Privadas ante el Pleno.

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