Número-1322

• Plantea castigar a servidores públicos que realicen esta práctica con 100 Unidades de Medida y Actualización.
• Se ha convertido en una cultura de prepotencia y excepción, señala.

 

El senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una iniciativa, cuyo objetivo es desincentivar la cultura de “el charolazo” y sancionar esta práctica, tanto administrativa como penalmente. 

 

La propuesta que reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y el Código Penal Federal, busca imponer multa de 100 Unidades de Medida y Actualización a todos los servidores públicos que, en ostentación de su cargo, presuman o se acrediten ante otros funcionarios para solicitar excepciones, privilegios o quebrantar cualquier tipo de normatividad.

 

Asimismo, para quienes pretendan evitar una sanción, tener una posición jurídica de ventaja o superioridad sobre los demás ciudadanos o cualquiera que le haga obtener beneficios a causa de su cargo.

 

El legislador dijo que esta práctica, realizada por funcionarios irresponsables, ha dañado la imagen de las instituciones del país.

 

Mencionó que en el Estado mexicano la cooptación y el privilegio se han convertido en una piedra fundamental del sistema político, lo que se ha traducido en una cultura de prepotencia y excepción.

 

Una fauna nociva de personajes que han hecho del privilegio y el abuso de lo público una forma de vida: prevaricadores, traficantes de influencias, gestores del bien público para beneficio propio, pero entre estos hay una práctica que destaca por lo desafortunado que es más cotidiano y vulgar conocida como “charoleo”, apuntó.

 

Explicó que el término “la charola” se refiere a aquella credencial o placa que identifica a un servidor público, la cual suele dársele el uso equívoco de infundir respeto y temor, un despliegue de poder, atribuible únicamente al estatus que otorga el ser empleado gubernamental.

 

Por ello, destacó que esta propuesta tiene como objetivo inhibir, prohibir y sancionar administrativa y penalmente las prácticas de uso y abuso de insignias, credenciales e instrumentos de identificación personal, conocidos como “charolas”, que pretendan solicitar, con su exhibición, un beneficio, excepción o privilegio.

 

Además, agregó, se podrá inhibir la prepotencia y valentía que les concede el cargo público. Los privilegios y las diferencias son odiosos, generan desprestigio y animadversión, una democracia no puede funcionar sobre la base de una sociedad diferenciada, enfatizó.

 

La iniciativa se envió a las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

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