Número-1318

• Plantean impedir que nacionales con retraso en el pago de alimentos salgan del país.
• Buscan incorporar tratados internacionales a la Ley de Migración para la protección de los derechos de los migrantes.

 

El Pleno del Senado de la República remitió al Ejecutivo Federal para sus efectos, el dictamen a la minuta por la que se adiciona una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración, para impedir que los nacionales que se encuentren en mora en el pago de alimentos salgan del país hasta en tanto no cubran el total de su adeudo.

 

En el dictamen aprobado por unanimidad con 76 votos, se destaca que en México, además que el derecho a la alimentación de los niños y niñas está consagrado en la Constitución Política y regulado en el Código Civil Federal, se encuentra también establecido en diversos tratados internacionales de los que el país es parte.

 

Asimismo, destaca que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que los alimentos son de orden público, porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario, y por ello, de concederse la suspensión contra la resolución que los concede se atacaría al orden público y se afectaría al interés social.

 

Por lo tanto, el derecho a recibir alimentos es irrenunciable y no puede ser objeto de transacción, y nace de la necesidad que tienen los acreedores alimentistas para sufragar sus necesidades más elementales de subsistencia.

 

La senadora Erika Ayala Ríos, del Grupo Parlamentario del PRI, advirtió el derecho a entrar, salir y transitar por el territorio nacional, así como para cambiar de residencia se encuentra previsto en el artículo 11 constitucional, el cual, puede ser limitado por las autoridades judiciales en casos de responsabilidad criminal o civil y por autoridades administrativas en cuestiones de migración o salubridad.

 

Con este dictamen, dijo, se aseguran los derechos de los acreedores alimentarios, pues impide la salida de territorio nacional de los que no han cumplido con la obligación de pensión alimenticia. El interés superior de la niñez debe prevalecer como principio rector de la política del país, en la construcción de políticas públicas y en la creación de nuevas leyes que protejan los derechos de los niños y niñas, argumentó.

 

Avalan reformas para la protección de los derechos de los migrantes

 

Con 81 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó un dictamen que propone incorporar a la Ley de Migración los tratados internacionales en la materia como marco de referencia para la protección de los derechos de los migrantes.

 

El proyecto, que se envió a la Cámara de Diputados, establece que correspondería a la Procuraduría General de la República celebrar convenios de cooperación y coordinación, así como realizar las acciones necesarias para lograr una eficaz investigación y persecución de los delitos de los que son víctimas u ofendidos los migrantes.

 

Los senadores modificaron la redacción de un artículo de la minuta para precisar que la política migratoria se sustentará bajo el interés superior de la niña, niño o adolescente y la perspectiva de género.

 

Al presentar el dictamen, la senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, destacó que el número de mujeres y niños migrantes se ha incrementado y representan dos de los grupos vulnerables en esta materia.

 

Dijo que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de promover, proteger y garantizar los derechos de los migrantes conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

 

Posteriormente, se aprobó con 79 votos a favor una minuta que reforma la Ley de Migración, con el objetivo de precisar que la política en materia migratoria se instrumentará con respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros.

 

Asimismo, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, lleven a cabo conjuntamente programas, medidas y acciones que promuevan la seguridad de los migrantes en el tránsito por zonas consideradas de alto riesgo.

 

Con esta reforma también se establece que los servidores públicos que deban tener contacto físico con los migrantes, deberán actuar conforme a un protocolo establecido en el reglamento de la Ley y deberá ceñirse al principio de respeto irrestricto a la dignidad humana.

 

Del mismo modo, busca garantizar el respeto de las garantías del extranjero presentado y facilitar su comunicación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de que reciban por escrito sus derechos y obligaciones, así como las instancias donde se puedan presentar denuncias y quejas.

 

Al respecto, la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del PT, dijo que es importante esta reforma para fortalecer el marco el marco jurídico y contribuir en gran medida a garantizar los derechos humanos de los migrantes.

 

En su turno, el senador del Grupo Parlamentario del PRI, Sofío Ramírez Hernández, comentó que los estados de Chiapas, Veracruz, Tabasco y Oaxaca concentran la mayoría de los casos de migrantes presentados ante las autoridades migratorias, las cuales provienen de Centroamérica

 

Ambas minutas se devolvieron con cambios a la colegisladora.  

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