Número- 1444

• Se busca eliminar el uso problemático de estupefacientes, psicotrópicos o fármacos.
• Las comisiones de Justicia, Salud, Gobernación, Seguridad Pública, Derechos Humanos, así como de Estudios Legislativos, Segunda, analizarán la propuesta.

La senadora Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del PRI, cambios a la Ley General de Salud para incluir y regular políticas de reducción del daño en el tratamiento de adicciones.

La propuesta prevé considerar como materia de salubridad general el Programa para la Prevención, Reducción del Daño y Tratamiento de Personas con uso Problemático de Estupefacientes, Psicotrópicos o Fármacos.

Para ello, la legisladora priista plantea que la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General deberán coordinarse para la ejecución de dicho programa. Entre las acciones que debe incluir, destaca la reducción del daño, el tratamiento de las personas con uso problemático de estupefacientes, psicotrópicos o fármacos.

En este sentido, precisa el concepto de reducción del daño, como el conjunto de políticas, programas y prácticas no coercitivas e incrementales que están orientadas a evitar o disminuir situaciones de riesgo; a mejorar o limitar condiciones de uso y a la gestión responsable del consumo, a fin de reducir los daños asociados al consumo de estupefacientes o psicotrópicos.

La reducción de daños, apuntó, tiene como objetivo central reducir las consecuencias negativas que conlleva el uso de drogas en la población desde un enfoque humano, pragmático y sencillo. Incluso disminuyendo costos del Estado al enfocarse en un aspecto preventivo y de salud en lugar de un aspecto punitivo.

La senadora Cristina Díaz destacó la necesidad de eliminar el concepto “farmacodependiente” para referirse a personas que tienen un consumo problemático, pues es discriminatorio, estigmatizante e incluso criminaliza al usuario, ya que no hace diferencia entre un usuario experimental o casual con uno dependiente o abusivo.

La adicción precisó, se define como una enfermedad crónica pero no como un delito, por lo que consideró importante diferenciar entre un usuario experimental o casual y uno dependiente o abusivo.

En este sentido, puntualiza que el concepto de persona con uso problemático, que será la que presenta algún signo o síntoma de dependencia a estupefacientes, psicotrópicos o fármacos; mientras que la persona con uso problemático en recuperación, será la que está en tratamiento para dejar de utilizar estupefacientes, psicotrópicos o fármacos y está en un proceso de superación de su uso problemático.

Adicionalmente, plantea que para el tratamiento de las personas con uso problemático de estupefacientes, psicotrópicos o fármacos, las dependencias y entidades de la administración pública en materia de salubridad general, tanto federales como locales, deberán crear centros especializados en tratamiento, atención, y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión del farmacodependiente.

Asimismo, prevé que la Secretaría de Salud realice los procesos de investigación en la materia de uso problemático de estupefacientes, psicotrópicos y fármacos; la que cuente con una base científica e instrumentar policitas públicas en la materia; y evalué los programas de reducción del daño, entre otros.

Desde la tribuna, la senadora Cristina Díaz señaló que se requieren políticas públicas eficaces para prevenir el consumo y no para criminalizar al usuario, por lo que se necesita brindar los tratamientos necesarios para la rehabilitación de la persona que consume y no estigmatizarla y dejarla en el desamparo.

Las políticas de reducción de daño se han implementado exitosamente desde hace más de 60 años, explicó y destacó los programas de sustitución de heroína por metadona en Canadá y Estados Unidos o el canje de jeringas vinculadas al uso de drogas en Europa, con lo que se disminuyó la transmisión de la hepatitis b, el VIH Sida y otras enfermedades de transmisión sexual.

México no debe ser ajeno a estas prácticas de reducción de daños que incluso son impulsadas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA (Oficina de Naciones Unidas para la lucha contra el VIH-SIDA) y el Fondo Mundial de la Población, pues nos encontramos en momento crucial en el análisis de la política de drogas y es urgente tomar medidas que atiendan la nueva realidad, aseguró.

La legisladora no omitió mencionar que en noviembre de 2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a cuatro personas para permitirles el uso de marihuana para fines personales. Esta situación, aunada a la autorización para que Grace Elizalde y Alina Maldonado, niñas que consiguieron se les aprobara la importación de medicamentos hechos a base de THC y cannabidiol, respectivamente, han llevado al Estado mexicano a replantear la política de drogas, subrayó.

Todo esto, argumentó, cobra relevancia pues en pocas semanas se celebrará la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016), la cual deberá tener conclusiones importantes para todos los países miembros, que no pueden continuar con la misma tendencia de lo que hasta ahora se ha acordado en este órgano internacional.

La propuesta, signada por las senadoras Diva Gastélum Bajo, Anabel Acosta Islas, Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio Reza, Itzel Ríos de la Mora, Hilaria Domínguez Arvizu, Erika Ayala Ríos, Yolanda de la Torre Valdez, Carmen Izaguirre Francos, Carmen Dorantes Martínez, del PRI; y María Elena Barrera Tapia, del PVEM; se turnó a las comisiones unidas de Justicia, Salud, Gobernación, Seguridad Pública, Derechos Humanos, así como de Estudios Legislativos, Segunda.

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