Número- 1452

• Legislación debe abonar a la implementación del sistema de justicia penal iniciado en el país.
• Destacan importancia de las medidas cautelares, de la homogenización de las penas, del procedimiento abreviado, de la capacitación y especialización, y de la reinserción y reparación del daño. 

El presidente de la Comisión de Justicia, senador Fernando Yunes Márquez, advirtió la importancia de que la legislación en materia de justicia para adolescentes sea operante, eficiente y que permita hacer la ecuación del sistema de justicia penal iniciado desde hace tiempo en el país.

Destacó la necesidad de contar con la visión experta de quien operará el sistema –operadores jurídicos– y consideró que el Senado no debe legislar por legislar, sino escuchar a quienes participarán en la implementación de las leyes y a quienes se verán beneficiados o no de las leyes.

La senadora Pilar Ortega Martínez, secretaria de la Comisión, aseguró que se puede obtener una muy buena ley como resultado de la conjunción de la visión de los derechos y el interés superior del niño. No se debe tratar a los jóvenes como adultos y se debe lograr la reinserción social, pues en medida que esto se cumpla, se traerá paz y seguridad a los mexicanos, dijo.

La legisladora del Grupo Parlamentario del PAN añadió que las comisiones dictaminadoras analizan la regulación de las adicciones, la parte de la competencia entre tribunales locales y federales, las medidas cautelares, el procedimiento abreviado, la capacitación y especialización, así como la supletoriedad, reinserción y reparación del daño.

Por su parte, la senadora Yolanda de la Torre Valdez, secretaria de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, subrayó la responsabilidad de los tres poderes de la Unión, y de la sociedad en su conjunto, para garantizar y cumplir los derechos de los niños. La legislación de justicia para adolescentes sentará un piso básico y debe contar con la visión del interés superior de la niñez y de la reforma de derechos humanos, a fin de lograr la homogenización en el país.

La magistrada Rebeca Xicoténcatl Corona, de Tlaxcala, destacó que no se cuenta con jueces capacitados ni especializados en la materia, aunado a que no hay presupuesto para ello. El tema de adolescentes no requiere solo conocimientos técnicos, sino también en diversas especialidades como sociología, psicología y trabajo social, entre otras, además de que ningún órgano de gobierno le da la importancia que debe tener, subrayó.

De Baja California Sur, el magistrado Paul Razo, dijo que a pesar de que el índice delictivo no es muy alto en el estado, desde hace dos años la delincuencia organizada genera delitos de alto impacto. Además, precisó que es muy importante tener en consideración los temas de la ejecución y el tratamiento de las sentencias que se les darán a los adolescentes, así como su reincorporación a la sociedad.

La magistrada Sara Patricia Orea Ochoa, de la Ciudad de México, advirtió que en una de las leyes de carácter penal se considera la Corte de Drogas, que rompe con el modelo al que se le apostó con la reforma de 2005, en donde “no se iba a ver a los menores de 18 años como enfermos”, y lo calificó como un “retroceso”.

La magistrada Gabriela Ramos, de Guerrero, destacó que a pesar de que cada entidad es diferente, existen aspectos en que se tiene que poner especial atención en su conjunto, como en la ejecución de las resoluciones y vigilancia de las medidas cautelares porque no hay seguimiento. Adicionalmente, refirió el tema presupuestal es muy importante, ya que existen serias deficiencias en el sistema de justicia para adolescentes en su estado. 

Por su parte, Luis Eugenio Serrano, del Poder Judicial de Guanajuato, precisó la necesidad de hacer una revisión del proceso y duración de las medidas cautelares, ya que presentan algunas incongruencias. Estas medidas abonan al principal problema en la justicia para adolescentes: la adecuada ejecución de las medidas que se le dictan, argumentó.

Sobre el procedimiento abreviado para adolescentes, la magistrada Mariela Ponce Villa, del Poder Judicial de Querétaro, destacó que “se trae mucho la copia del Código nacional”, el cual funciona en los adultos pero no en los adolescentes, porque en la Convención de los Derechos de los Niños se plantea que los adolescentes gozarán de todos los derechos en todas las etapas, mientras que en la legislación, de cierta forma, se pide que se autoincrimine y va en contra del principio de inocencia.

Por su parte, el Consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Mario Ernesto Pfeiffer Islas, dijo que los problemas de las medidas cautelares y de la ejecución, no corresponden únicamente a los jueces, sino a la integralidad de las instituciones que participan en el sistema de organización.

Armando David Prieto Limón, juez en Morelos, precisó que la idea de la ley nacional es buena para homogeneizar el procedimiento y que haya certidumbre de los justiciables en toda la República. El Senado debe tener presentes los plazos y los términos; pues no se cuenta con mucho tiempo para sacar adelante los procesos y, en el caso de las medidas cautelares, hay adolescentes implicados en delitos muy graves, manifestó.

El magistrado Pedro Lara Mendiola, de Tamaulipas, señaló que una ley nacional llevará a la uniformidad de derechos procesales y objetivos y ayudará a contar con medidas y cantidades de tiempo para su realización. Asimismo, dijo que se debe tomar en cuenta que el sistema de adolescentes no es un sistema penal duro como en los adultos, sino que se trata de imponer la responsabilidad y lograr la reinserción en la sociedad y en su familia.

Pedro Pablo Álvarez Vega, Juez en Quinta Roo, apuntó la importancia de dar seguimiento al tema de sanciones y reinserción social de los adolescentes, pues comúnmente recaen ante la falta de esta vigilancia. Asimismo, coincidió en la necesidad de capacitar a los operadores y destacó que el gran problema se encuentra en la rotación de ministerios públicos.

Por otra parte, el magistrado Altamirano, del Poder Judicial de Yucatán, destacó la urgencia de fortalecer a las instituciones, “dar dientes a las instituciones” para que los entes de investigación puedan obligar a los internos para contribuir a las investigaciones. Señaló que independientemente de las facultades que tiene el código de ejecución, lo más importante es el modelo de aplicación para el joven.

Alejandro Carlín Balboa, juez de Nuevo León advirtió la necesidad de publicar la ley de adolescentes para homologar el tratamiento a los jóvenes. Asimismo, dijo que los proyectos tienen puntos favorables, entre los que destacó el relativo al Tribunal de Tratamiento de Adicciones, que en su estado ya funciona. Se trabajan aspectos como el modelo voluntario, el cual ha tenido resultados satisfactorios.

Para el caso de Chiapas, la jueza Jaqueline Ángel Juan, expresó que se debe tener presente dos aspectos importantes en materia de ejecución: que tiene principalmente chicos indígenas y migrantes. Es un reto, porque en el internamiento no hay maestros bilingües para cumplir con lo ordenado en la sentencia y tampoco se cuenta con el apoyo del gobierno del otro país para cumplir con lo que establecen las sentencias.

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