Número-1294

  • Los tribunales electorales se han sujetado a las consignas e intereses políticos y personales de los grupos del poder, afirma legislador del PAN.
  • Necesario que estas instancias gocen de autonomía presupuestaria y puedan resolver sus conflictos laborales sin que intervenga el Poder Judicial de cada estado, considera.

 

El senador Fernando Yunes Márquez, del Grupo Parlamentario del PANpresentó una iniciativa para reformar el artículo 116 de la Constitución Política, a fin de fortalecer la autonomía de los tribunales electorales locales.

 

Desde la tribuna de la Cámara de Senadores, el legislador advirtió que no se puede hablar de una verdadera autonomía de estas instituciones “cuando se depende económica y financieramente de alguien más”.

Por ello, propuso dotar de autonomía presupuestaria a los tribunales electorales locales y que sus conflictos laborales se resuelvan de manera interna sin que sea necesaria la intervención del Poder Judicial de cada estado.

Yunes Márquez destacó el control que se tiene por partidos y gobernadores en los procesos electorales a nivel local: “Los tribunales electorales --afirmó-- se han sujetado a las consignas e intereses políticos y personales de los grupos del poder”.

De esta manera, agregó, se han edificado “instancias jurisdiccionales obsoletas que en ningún momento garantiza la aplicación de la justicia electoral ni la existencia de un verdadero sistema de medios de impugnación”.

En la práctica, enfatizó el senador de Acción Nacional, los magistrados electorales tienen que negociar con los actores políticos de cada entidad para obtener presupuestos que les permitan tener recursos mínimos para desarrollar su función.

 

Esta situación, dijo, es completamente indeseable porque debilita los equilibrios democráticos al generar dependencia de la autoridad jurisdiccional electoral hacia el poder político y provoca desconfianza en las resoluciones de los tribunales en litigios muy controvertidos.

Refirió que la autonomía de los órganos electorales en México se ha visto impulsada por una necesidad política e histórica de depositar, en una autoridad independiente de los partidos políticos y del gobierno, el desarrollo de las elecciones, así como la necesidad de implementar medidas que fortalezcan la credibilidad de los organismos encargados de sancionar las controversias que surjan con motivo de las elecciones en el territorio nacional.

 

Es importante que el Congreso de la Unión retome la importancia de la función jurisdiccional electoral para la consolidación de nuestro Sistema Constitucional Democrático y lo tome con base en la fortaleza de sus instituciones electorales, dándoles un presupuesto propio, adecuado y fijo que establezca la Constitución.

 

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.

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