Número-1290

  • El objetivo es que cuenten con las herramientas para cumplir con los tratados internacionales, conforme lo ordena la reforma de 2011.
  • De esta forma se evitará que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita recomendaciones condenatorias contra el Estado mexicano.

 

Es necesario que los jueces mexicanos reciban la capacitación en materia de derechos humanos en el ámbito jurídico internacional, para dar cumplimiento a los tratados internacionales firmados por México, considera la senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, del Grupo Parlamentario del PT.

 

El objetivo es que los juzgadores acaten y hagan respetar la reforma de derechos humanos, aprobada por el Congreso de la Unión en 2011, precisa la legisladora en un punto de acuerdo, publicado en la Gaceta del Senado, en el que solicita al Consejo de la Judicatura Federal impulsar programas y estrategias de capacitación.

 

La reforma, explica la senadora, obliga a los jueces a replicar la interpretación de normas jurídicas internacionales conocidas como pro persona o pro homine. Sin embargo, la mayoría de los jueces únicamente atienden en sus sentencias lo establecido en la Constitución Política, y la situación es más grave en las entidades federativas, pues los juzgadores sólo toman en cuenta la legislación local.

 

Esta situación llevó a que en el año 2015 se interpusieran siete mil 350 recursos de revisión en litigios de todas las materias: 93 por ciento por inconformidades debido a que los juzgadores no acataron la obligación de analizar los criterios de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

 

En el documento del punto de acuerdo, Guevara Espinosa señala que diversos especialistas han advertido que de continuar la tendencia de los jueces, en un lapso de cinco años pueden aumentar exponencialmente las sentencias condenatorias contra el Estado mexicano. Sin embargo, advierte que esto puede evitarse con la capacitación adecuada de los juzgadores.

 

El punto de acuerdo se turnó para su análisis a la Comisión de Derechos Humanos.

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