Número-1287

• Ya se han presentado campañas de desprestigio y de violencia hacia mujeres candidatas.
• Autoridades electorales tienen la Constitución, tratados internacionales y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, hasta emitir una ley en la materia.

 

La senadora Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, plantea exhortar a los organismos públicos electorales locales y a los gobernadores de diversas entidades del país, para que aseguren que el desarrollo de los procesos electorales que tienen lugar este año, estén libres de violencia política de género.

 

A través de un punto de acuerdo, publicado en la Gaceta del Senado de la República, señala que la violencia de género ya está plenamente reconocida en el marco jurídico, y su principal instrumento es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, además de que México es parte de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, mejor conocida como “Convención de Belém do Pará”.

 

Sin embargo, advierte, el tema de la violencia política se encuentra en proceso de análisis en el Congreso de la Unión. Es un problema grave que ha sido reconocido tanto en el plano internacional, como en el regional; y por el que el pasado 15 de octubre de 2015, en el marco de la Convención de Belém do Pará, se adoptó la “Declaración sobre la Violencia Política y el Acoso Político contra las Mujeres”.

 

La Declaración expone que el acoso y la violencia política de género puede “incluir cualquier acción, conducta u omisión entre otros, basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir sus derechos políticos, conculca el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres”.

 

Ante ello, considera que las autoridades electorales deberán “promover que las instituciones electorales y otras entidades públicas que correspondan, incorporen el tema de la violencia y el acoso políticos contra las mujeres, en el marco de sus funciones relacionadas con la organización de las elecciones, la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, la elaboración de políticas de educación cívica, así como en su trabajo con los partidos políticos”.

 

En este sentido, la senadora expone en su punto de acuerdo que en los procesos electorales en 2016, en los que se renovarán 12 gobernadores, 388 diputados locales y 548 ayuntamientos, en13 estados, ya se han mostrado campañas de desprestigio y de violencia hacia mujeres candidatas.

 

En Puebla, por ejemplo, a días de haber sido designada una mujer precandidata, se desató una campaña de difamación en medios de comunicación y se distribuyeron panfletos con los que se pretende dañar su imagen, vinculándola a hechos graves de violencia de género, sin elementos comprobables.

 

Sin embargo, más allá del uso de los medios legales para contener acciones de este tipo, es necesario que los contendientes tengan el respaldo de las autoridades electorales y de los titulares del Poder Ejecutivo en cada entidad, advirtió.

 

Esto, agrega, para asegurar condiciones de igualdad, respeto y no violencia, y que brinden a la ciudadanía la certeza de vivir procesos electorales acordes a los tiempos y las aspiraciones democráticas y de paz del pueblo mexicano.

 

La senadora Saldaña Pérez explica que la exacerbación de actos de violencia por parte de actores reconocidos o anónimos, identificables por la ciudadanía, aunados a la actitud omisa de las autoridades, no significa dar igualdad de oportunidades, sino ser parciales y alentar un México violento.

 

Por lo que la oportuna, puntual y adecuada intervención de las autoridades electorales, es necesaria y urgente, pues hace falta voluntad política y un verdadero compromiso con la democracia, mientras se concretan reformas que permitan erradicar la violencia política de género.

 

Asimismo, destacó que la Magistrada María del Carmen Alanís, del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señaló que en tanto se emite la ley en la materia, para atender este grave asunto las autoridades electorales contamos con la Constitución, los tratados internacionales --así como con las interpretaciones que de ellos hacen sus organismos monitores-- y con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

 

En el punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria fue turnado a la Comisión para la Igualdad de Género, para su análisis.

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