Número-1479

• Las escuelas tendrán de 185 a 200 días efectivos de clase, siempre que se cumplan los planes y programas de estudio.
• Coinciden senadores en que flexibilización beneficiará en el aprovechamiento de los alumnos.

 

El Senado de la República aprobó con modificaciones la iniciativa del Ejecutivo federal para flexibilizar el calendario escolar de educación básica y normal, para que tenga una duración mínima de 185 días y un máximo de 200 efectivos de clase.

 

La reforma a los a los artículos 13, 51, 53, y 69 de la Ley General de Educación tiene por objeto responder  a criterios que garanticen la calidad educativa y el máximo logro de aprendizaje de los educandos.

 

Se faculta a las autoridades educativas locales para autorizar a las escuelas, los ajustes que realicen al calendario escolar, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos que emita la autoridad educativa federal.

 

También se fortalece la autonomía de gestión de las escuelas para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de conflictos.

 

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Educación, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que el actual modelo está agotado porque su operatividad es discrecional, no fomenta la participación de los padres de familia y autoridades educativas. “Lo que queremos es empoderar a la comunidad escolar”.

 

Manifestó que la propuesta se fundamenta en cuatro principios: el mejor aprovechamiento de la jornada escolar y el mejor desempeño en el aprendizaje, la descentralización, participación de las comunidades educativas, y fomentar autonomía de gestión.

 

El senador dijo que se amplía el marco de competencias de los actores directos y propone un modelo donde en tres niveles se dan participaciones muy importantes. El calendario de 185 a 200 días se establece con la condición de que se cumplan los planes y programas de estudio, objetivos y horas de estudio.

 

En cuanto a las autoridades escolares como directores, supervisores y jefes de zona, analizan si ésta es la mejor propuesta, y a autoridad estatal será la encargada de recomendar los ajustes al calendario a la autoridad nacional, comentó.

 

Romero Hicks detalló que a la propuesta del ejecutivo, se añadió que el Consejo Nacional para la Participación Social de la Educación (Conapase) pueda recibir una consulta por parte de la autoridad federal antes de emitir lo necesario para el calendario escolar.

 

Señaló que de aprobarse en la Cámara de Diputados, pasaría al Ejecutivo federal; durante el mes de mayo la Secretaría de Educación Pública expediría los lineamientos en consulta con los involucrados para que en el tercer lunes de agosto cuando inicia el calendario escolar, esto esté debidamente atendido.  

 

Para presentar la posición de su partido el senador, Jorge Aréchiga Ávila, del Grupo Parlamentario del PVEM, refirió que en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la duración del ciclo escolar en educación primaria tiene un promedio de 185 días y 791 horas, mientras que en México son 200 días y 800 horas.

 

En el nivel secundaria, tienen en promedio 183 días y 907 horas, mientras que México reporta 200 días y mil 167 horas. “Estas cifras demuestran que México tiene la mayor duración del calendario escolar, sin embargo, los países con menos días y horas tienen mejor rendimiento en las evaluaciones educativas internacionales”.

 

Al fijar el posicionamiento a favor del Grupo Parlamentario del PRD, el senador Raúl Morón Orozco destacó que el gobierno federal ya ha aceptado que se avance en la revisión de modelo educativo, considerándose la opinión de los educadores, poniéndose a debate principios y valores del sistema pedagógico, política, planeación, financiamiento, formación de docentes y los diversos niveles y servicios educativos.

 

“Este debate es fundamental, es el real debate, ubicar los perfiles de egreso de los estudiantes no sólo en lo que refiere a educación básica, también debe darse en el nivel medio superior y en el superior”, enfatizó al tiempo de reconocer que no hay condiciones para discutir la evaluación magisterial, pero que será un tema a revisarse posteriormente.

 

En lo anterior coincidió el senador Daniel Amador Gaxiola, del Grupo Parlamentario del PRI: “Sin duda falta mucho por hacer, tenemos un proceso a mediano plazo en la reforma educativa; se ha avanzado en esta ruta que en más de 30 años no se pudo mover, pero debemos ir a una profunda reforma, que sin los maestros no será posible alcanzar”.

 

Acotó que si bien seguirá en discusión la evaluación educativa, en los hechos se ha demostrado que no se ha afectado ninguna prestación ni se encuentran en riesgo las prestaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), “las nuevas reglas establecen que sean los mejores quienes estén al frente y debe reconocerse que los maestros con mejores avances en su calidad, recibirán satisfactores económicos arriba del 35 por ciento en su salario mensual”.

 

A favor del dictamen, la senadora Erika Ayala Ríos, también del PRI, subrayó que esta reforma permitirá adaptar el calendario a las condiciones contextuales de cada escuela, región o entidad sin perder de vista que los alumnos obtengan un aprendizaje de calidad.

 

En tanto, el senador Fidel Demédicis Hidalgo, del PRD, advirtió que el anuncio relativo a un recorte de cuatro mil millones de pesos al sector, afectará al proceso de enseñanza-aprendizaje. “Es un crimen” porque rompe con las posibilidades de que la educación sea equitativa y, mientras no se mejore la infraestructura educativa, la educación de calidad no llegará al sistema educativo nacional, argumentó.

 

El senador Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que lo más importante de la reforma educativa es que pone a la escuela, los niños y los maestros en el centro; y la aprobación del dictamen es sólo un paso para promover la calidad y gratuidad de la educación pública, por lo que su voto sería a favor.

 

El senador Zoé Robledo, del Grupo Parlamentario del PRD, refirió que la modificación es positiva, porque no es tan amplia, pero reconoce la necesidad de ajustar la organización y funcionamiento de las escuelas bajo el principio de sus diferencias.