Número-1273

• La demanda popular contenida en la iniciativa ciudadana debe ser escuchada y discutida inmediatamente por el Congreso de la Unión.
• La propuesta se turnó a las comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y de Estudios Legislativos.  

 

Las iniciativas ciudadanas deben poseer el carácter de “preferente” en su discusión, pues son resultado de un esfuerzo ciudadano, “cuya voz debe estar blindada contra la posibilidad de que ni siquiera sean discutidas y, principalmente porque dichas iniciativas manifiestan la voluntad y necesidades del pueblo”, aseguró la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, del Grupo Parlamentario del PAN.

 

Con este fin, la legisladora propuso reformar la Ley Orgánica del Congreso General para que a las iniciativas ciudadanas se les dé un trámite legislativo preferente, como ocurre con las que el Ejecutivo Federal presenta al Congreso con tal carácter, mismas que son discutidas de manera prioritaria, a través de un proceso legislativo expedito que cuenta con plazos fijos para su aprobación.

 

El Presidente de la República puede presentar dos iniciativas preferentes o señalar dos presentadas en periodos anteriores y que estén pendientes de dictamen. Así, el carácter de preferente obliga a las Cámaras a discutirlas dentro del plazo improrrogable de 30 días naturales después de su presentación, concede plazos más expeditos para la emisión de opiniones y elimina la posibilidad de que las iniciativas sean mandadas a lo que comúnmente conocemos como “la congeladora”, aseguró.

 

Parece absurdo que únicamente el titular del Poder Ejecutivo Federal sea el que cuente con la exclusiva atribución de presentar iniciativas preferentes, ya que la iniciativa ciudadana está apoyada con un mínimo de 106 mil 561 firmas acompañadas con la clave de elector de cada firmante, por lo que considero causa suficiente para que la demanda popular que contiene la iniciativa ciudadana sea escuchada y discutida de forma inmediata, aseveró.

 

Además, la senadora Silvia Guadalupe Garza explicó que con su propuesta se pretende provocar a los particulares, las asociaciones civiles y a la sociedad en general para que se involucre y haga valer los instrumentos de participación ciudadana con los que cuentan.

 

“Obligar a las Cámaras a que una vez que hayan acreditado que las iniciativas ciudadanas cumplen con los requisitos de ley, sean forzosamente discutidas”, detalló.

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