Número-1266

• Ley general debe ser elaborada y perfeccionada con recomendaciones de los familiares de las víctimas, coinciden senadores.
• Este ordenamiento debe ser la piedra angular para comenzar un cambio que responda a la realidad del país, señalan organizaciones.

 

Familiares de víctimas de desaparición forzada y organizaciones civiles de derechos humanos exigieron al Senado que sus propuestas sean tomadas en cuenta en la elaboración de la ley que combata este delito y pidieron que en el nuevo ordenamiento se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano en la crisis que atraviesa el país en esta materia.

Durante las Audiencias Públicas Regionales para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición Forzada, el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes Márquez, aseguró que la Ley General debe ser elaborada y perfeccionada con base en los testimonios y recomendaciones de los familiares de las víctimas.

Aseguró que la desaparición de personas constituye una de las más “crueles” violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales, “no existe razón que la justifique y mucho menos cuando es orquestada por las autoridades o cuerpos policiacos”.

Dijo que cada una de las 27 mil personas desaparecidas en México tienen la misma importancia y valor, sin embargo, la gran mayoría no se encuentran documentadas en expedientes judiciales, derivados de la falta de confianza en las autoridades.

Por ello, somos conscientes de la necesidad de contar con un marco jurídico que establezca la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, los tipos penales, que incluya la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas y un Registro Forense Nacional.

Desde el Senado, las legisladoras y legisladores, refrendamos nuestro compromiso para lograr un producto legislativo que atienda y resuelva las problemáticas ocasionadas por este grave delito y estas audiencias servirán para recoger todas las observaciones que nos comparten, porque su dictaminación se realizará con las familias.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica De la Peña Gómez expresó que los legisladores y legisladoras están obligados a trabajar rápido para crear una ley que permita solucionar este problema, “todos los Grupos Parlamentarios estamos comprometidos y estamos unidos en la implementación de un ordenamiento legislativo que ponga orden”.

Expresó que esta ley debe establecer protocolos de búsqueda e investigación bajo un mismo concepto y atendiendo todas y cada una de las recomendaciones hechas en las audiencias públicas, así como tomar todos los estándares internacionales que permitan crear un ordenamiento legal efectivo.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar dijo que la expedición de esta ley no sólo es necesaria, sino urgente, ya que la sociedad no puede avanzar si continúa padeciendo hechos como este, “tenemos el compromiso de legislar de la manera más eficaz”.

En este sentido, dijo que es indispensable crear un procedimiento especial y expedito, para que los familiares de las personas desaparecidas puedan solicitar a la autoridad la emisión de una declaración especial de ausencia para el reconocimiento y protección de la personalidad jurídica de la persona desaparecida.

Indicó que también se buscará la implementación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el cual fomentará la colaboración de las distintas instancias gubernamentales, los diferentes órdenes de gobierno, familiares y organizaciones de la sociedad civil para la localización de las personas desaparecidas.

Escuchar sus aportaciones nos permitirá construir un instrumento normativo, que en su aplicación sirva para erradicar esta práctica delictiva, sancione a quienes la cometen y a su vez, garantice los derechos de todas las personas involucradas en el proceso, concluyó.

En su oportunidad, Janahuy Paredes, integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem) dijo que no se puede llevar a cabo la elaboración de una ley sin consultar a los familiares de las personas desaparecidas, y de quienes han luchado constantemente contra las mismas autoridades.

Hay muchas fallas jurídicas, vacíos y omisiones por parte de las autoridades para dar con el paradero de las personas, e incluso hemos sufrido acoso, hostigamiento y amenazas por parte de los elementos del Estado, cuando son ellos quienes deberían encargarse de la búsqueda y la localización de los familiares, puntualizó.

La representante de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), Grace Mahogany Fernández, precisó que los 27 mil desaparecidos reconocidos por el gobierno son los que tienen una averiguación previa o un acta circunstanciada, “no se considera que nada más uno de cada nueve desparecidos, cuenta con uno de esos dos documentos”.

Los datos del gobierno no consideran a los miles de migrantes que desaparecen en su tránsito por México, los cadáveres sin nombre que están localizados en fosas clandestinas o comunes, manifestó.

En este sentido expresó que no se puede crear “una ley a medias que nos va a dejar exactamente donde estamos, ya basta de esperar que alguien nos haga el favor de buscar a nuestros desaparecidos, es obligación del Estado encontrarlos y retornarlos a sus familias”.

Yolanda Moran, de Fundem, dijo que la mayor prueba de que la estrategia aplicada por el Estado mexicano no funciona, es el caso de los 43 estudiantes, por lo que se requiere de un sistema efectivo de búsqueda en campo, que esté anclado en la Federación y que tenga injerencia en todo el país.

Asimismo, pidió a los senadores que en la construcción de la nueva ley se incluya a los familiares de las personas desaparecidas, se garantice una coordinación efectiva, no simulada, entre los tres órdenes de gobierno y se obligue a las autoridades a emprender la búsqueda de las personas que se encuentran en esta situación.

En su turno, Jorge Verástegui, del Centro de Derechos Humanos, Fray Juan de Larios, consideró que el fenómeno de desapariciones que ocurre en el país se relaciona con un problema de leyes y de capacidades humanas, políticas, económicas, pero sobre todo, con la criminalidad institucional del Estado mexicano.

A nombre de la Red Eslabones Región Centro Norte, Graciela Villagómez Grupos, señaló que grupos criminales abren de manera recurrente centros de rehabilitación para personas con adicciones sin permisos ni algún tipo de supervisión de las autoridades, donde reclutan a jóvenes y “realizan con ellos diversos delitos, incluyendo, la desaparición y trata de personas”.

En este sentido, expresó que urge un censo y supervisión exhaustiva en todo el país de este tipo de lugares y que la ley general establezca un mecanismo para su control y revisión por parte de la Secretaría de Salud.

Luz Escorza, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, aseguró que cada día hay más personas desaparecidas y “nadie en territorio mexicano está exento de ser el siguiente; ni ustedes”. En estos momentos, agregó, uno de los problemas más importantes del país es encontrar vivos o muertos a los miles de seres humanos desaparecidos.

Dejó en claro que la posibilidad de que esta ley funcione, aunque fuese jurídicamente perfecta, depende no nada más de la voluntad, sino de la cantidad de recursos que se le asignen.

En este sentido, dijo que este año electoral es muy importante y sentará bases sólidas para 2018, por lo que “buscar y encontrar a las personas desaparecidas hablaría del trabajo colectivo de ustedes. Debemos contar con todos los recursos humanos y materiales suficientes” para ese objetivo.

Nadín Reyes Maldonado, participante de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, expuso que ante la situación que vive el país y que embarga a miles de familias, es necesario tomar medidas reales que permitan sancionar y castigar a quienes cometen estas prácticas.

La ley, precisó, es una herramienta más para poder lograrlo, sin embargo, esto no terminará si no existe una verdadera voluntad política por parte del Estado para erradicar esta grave violación a los derechos humanos.

Recordó que el pasado 3 de diciembre diversas organizaciones entregaron a la Comisión de Derechos Humanos del Senado una iniciativa de ley en esta materia que señala que las desapariciones forzadas forman parte de una política sistemática y generalizada y las considera como un crimen de lesa humanidad.

No obstante, comentó que para atender la gravedad que se vive, es fundamental partir del reconocimiento de la responsabilidad que tiene el Estado en la comisión y aquiescencia de esta grave violación y de su por omisión ante las desapariciones cometidas por particulares.

Propuso que la ley cuente con una clara y adecuada tipificación de los delitos de desaparición forzada cometida por agentes del Estado y por particulares, acordes a los tratados internacionales, así como establecer sus sanciones y penas específicas de acuerdo a la gravedad de los hechos.

Indicó que tiene que quedar debidamente establecido que quienes comenten este delito son agentes del Estado y no sólo servidores públicos, ya que esto permitirá que se investigue a toda la cadena de mandos, sin importar jerarquía y fueros con los que cuenten.

Sugirió que el Estado esté obligado a iniciar de oficio y de manera inmediata la búsqueda de alguna persona desaparecida, sin que sea obligatorio que exista una denuncia o reporte de por medio.

Asimismo, dijo que se deben crear fiscalías especiales en todos los estados de la república, quienes estarán obligadas a solicitar la búsqueda de personas en lugares como cárceles civiles y militares, centros clandestinos de detenciones, estaciones migratorias, centros de salud, entre otros.

Del mismo modo, planteó que las investigaciones se puedan realizar en conjunto con los familiares de las víctimas.

También propuso la creación de un registro nacional de personas desaparecidas diferente al que ya existe, el cual deberá contener casos registrados desde los años 60 hasta la actualidad, además de crear un instituto nacional autónomo forense.

En representación del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Humberto Guerrero, dijo que esta ley debe ser la piedra angular para comenzar un cambio, que responda e impacte de manera efectiva la realidad del sistema de búsqueda, “por eso invitamos al Senado para que rompa con la política negación y elaboré un documento que este a la altura de la crisis que atraviesa el país en materia de desaparición forzada”.

Estamos aquí porque queremos redactar una ley que realmente funcione, para que en México se vea materializada la letra en una sensación real de justicia, “no queremos que solamente responda a los señalamientos que vienen desde el exterior”, manifestó.

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