Número-1210

• Entregan a la senadora Lisbeth Hernández Lecona proyecto de gasto federalizado para los órganos garantes.
• Plataforma del Sistema Nacional de Transparencia podría no estar concluida antes del plazo establecido en la ley, advierten comisionados.

 

Comisionados de los órganos garantes en materia de transparencia, que se ubican en los estados de la región centro del país, advirtieron que sin la designación de los recursos necesarios estas instituciones no podrán concluir la construcción de la plataforma del Sistema Nacional de Transparencia antes del 5 de mayo, tal como lo mandata la ley.

 

Esto lo manifestaron en una reunión de trabajo que sostuvieron con la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del PRI, quien manifestó que a pesar del reforzamiento del marco normativo, México se ubica ocupa el último lugar de los miembros de la OCDE en materia de combate a la corrupción.

 

Hernández Lecona afirmó que los legisladores tienen una responsabilidad mayor en el análisis y elaboración de las leyes reglamentarias en materia de transparencia, a efecto de implementar trasversalmente mecanismos de prevención, control y sanción de la corrupción.

 

Consideró que lo más viable es presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) esta propuesta, a efecto de analizar los esquemas de distribución y sus variables, pues es fundamental que la ley general de transparencia pueda ejecutarse.

 

Al presentar el proyecto de gasto federalizado en materia de transparencia para los órganos garantes, el comisionado del Estado de México, Javier Martínez Cruz, reiteró que no será posible terminar la construcción de la plataforma del Sistema Nacional de Transparencia, antes del 5 de mayo de este año, como lo mandata la ley.

 

Ello, explicó, porque la legislación pide sistemas tecnológicos, recursos materiales y humanos, homologación de la información de los gobiernos municipales; sin embargo, vemos con tristeza que ni diez por ciento de los dos mil 456 municipios alcanzará a cubrir lo que mandata la ley general.

 

Ante este escenario, dijo, se encontró en el Ramo 33 del gasto federalizado la oportunidad de obtener recursos para los órganos garantes locales. Específicamente, dentro de los fondos metropolitano y de infraestructura urbana y social.

 

Por ello, propuso que se presente una iniciativa para modificar la Ley de Coordinación Fiscal a fin de que se puedan asignar recursos a estas instituciones y se tenga la posibilidad de proyectarlos en el paquete económico para 2017.

 

Consideró que el país vive un momento de transformación en materia de transparencia y los órganos garantes son la punta de lanza en materia de rendición de cuentas.

 

A su vez, Francisco Javier Mena Corona, coordinador para la Región Centro del Sistema Nacional de Transparencia, dijo que partir de las nuevas obligaciones que se establecen para los órganos garantes de los estados, es necesario realizar una reingeniería institucional, por lo que se requiere de recursos para inversión.

 

Mencionó que se necesitan elementos materiales y humanos que hagan frente al nuevo contexto normativo, cumplir cabalmente con lo que mandata la Constitución Política y la Ley General de Transparencia, así como brindar mejores servicios y garantizar el acceso a la información pública, archivos y protección de datos personales.

 

Refirió que en la actualidad existe una disparidad en la asignación de recursos a los órganos garantes locales; de ahí, que esta propuesta tenga como objetivo principal fortalecer presupuestalmente a estas instituciones.

 

En su turno, Mireya Arteaga Dirzo, consejera presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), expresó no se debe considerar que sin recursos la ley será ineficaz; pero, precisó, estamos aquí para pedir el apoyo de otras instituciones y lograr que se sumen órganos garantes de otras regiones del país.