Número-1208

• Se deben normar la evaluación, el financiamiento, la vinculación, la internacionalización, la educación a distancia, la certificación de profesiones, entre otros temas, señalaron.
• La legislación actual es obsoleta, aunque estiman que se está a tiempo para hacer modificaciones al sistema educativo en este nivel.

La educación superior en México necesita una ley general que la norme, ya que las disposiciones actuales son obsoletas y hasta la deterioran, señalaron académicos durante la primer mesa de debate, llamada “El estado actual de la legislación mexicana en materia de educación superior: vigencia, completitud y coherencia”, del foro “La legislación mexicana de educación superior”, realizado en el Senado de la República.

Los expertos debatieron las demandas actuales del sistema de educación superior, los ámbitos susceptibles de regulación y las implicaciones de continuar con el sistema actual.

Enrique Fernández Fassnacht, director general del Instituto Politécnico Nacional, señaló que en la educación superior se deben normar la evaluación, el financiamiento, la vinculación, la internacionalización, la oferta de instituciones extranjeras, la educación a distancia, la certificación de profesiones, tiempo de estudios, la doble titulación o simultánea y crédito, entre otros elementos.

Dijo que en caso de dejarse la situación como se encuentra actualmente, afecta la laicidad y gratuidad, y deteriorará a la educación superior. Además se debe reflexionar, especialmente, la evaluación de la educación superior, porque existen más de 30 mil programas educativos en el país.     

Salvador Malo, director general de Educación Superior Universitaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP), comentó que los funcionarios públicos tienen dos tareas importantes, una es aplicar la legislación vigente, y la otra es generar políticas públicas para transformar la educación superior.

Abundó que el momento actual es propicio para realizar cambios importantes en la educación superior del país, e incluso se está retrasando esa transformación, con relación a lo que ocurre en el mundo, en cuanto a ese tema, ya que existe una revolución académica sin precedentes.

Angélica Buendía Espinosa, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, dijo que la legislación actual no responde a las demandas de cobertura, calidad, las relaciones laborales de los profesores de tiempo completo y los que laboran por hora --80 por ciento de los profesores en la educación superior trabajan bajo este concepto-- y la diversidad institucional.

Pero, advirtió, se tiene que tener cuidado de cuáles son los límites que se deben poner en la regulación, porque no solamente es que se promueva un cambio institucional, sino también tratar de vincularlo con otros asuntos y ámbitos de la regulación.    

Marisol Silva Laya, académica del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana, refirió que la legislación en la materia es obsoleta, y no está acorde con el sistema educativo que se ha construido a lo largo de 40 años.

Advirtió en que es necesaria la formulación de una ley de educación superior, que además de regular también garantice el cumplimiento al derecho a la educación y el acceso de los jóvenes a la educación superior.

Roberto Rodríguez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, dijo que se necesita una ley federal o especial con jurisdicción federal en materia de educación superior; y que ese “déficit normativo” ha sido cubierto con un conjunto de disposiciones ad hoc, parches o regulaciones bien intencionadas, pero abigarrado, disperso y hasta contradictorios.

Es urgente la posibilidad de abrir los cauces hacia la formulación de una ley de educación superior o, cuando menos, de un título especial en la Ley General de Educación, dedicado a la regulación de ésta en el sector público y particular.   

María de Ibarrola Nicolín, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, dijo que México tiene un cuerpo normativo de la educación superior: disperso, fragmentado, extenso, poco pertinente e insuficiente.

Además, también se debe considerar la participación de los investigadores y profesores en todos los servicios prestados, en las innovaciones y las patentes, consideró.