Entrevista realizada a la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, en el marco de la audiencia pública regional sobre la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas.
Pregunta, (P): (Inaudible).
Angélica de la Peña Gómez, (APG): … más importante que han unido a los grupos parlamentarios y particularmente han impulsado el trabajo en diversas comisiones para lograr cumplir con los pendientes que tenemos en esta materia desde el ámbito legislativo en el Congreso de la Unión.
P: ¿Qué temas se tienen pendientes si nos pude comentar?
APG: Los temas más trascendentales que tenemos que dictaminar en tese periodo de sesiones, uno de ellos sin duda es que hoy nos ocupa acá en Tabasco, que es la reunión regional para escuchar a las víctimas de personas desaparecidas.
Hay que dictaminar la ley que tiene que ver con la desaparición forzada y desaparición entre particulares, es un tema de los más sentidos y más importantes que tenemos ya un buen tiempo trabajando.
Hoy tenemos que concretar el dictamen de esta ley, a propósito de que ya hemos recibido también la iniciativa del Ejecutivo, junto con las otras propuestas que también hemos impulsado diversos senadores y senadoras.
El otro tema que también urge y prácticamente ya estamos en los últimos detalles para su dictamen es el de la ley General de Ejecución Penal, esta ley va a unificar al funcionamiento de todos los centros de privación de libertad tanto a nivel federal como a nivel local.
Es una ley única también para todo el país, estamos ya a punto de terminar, es una ley muy importante inscrita en los compromisos que tenemos por mandato de la Constitución derivados de la reforma de 2008 para cambiar estructuralmente el sistema jurídico penal de nuestro país hacia un debido proceso legal.
Otra ley que está inscrita también en este ámbito de cambio estructural de un sistema inquisitorio hacia un sistema garantista, es la Ley de Justicia Penal para Adolescentes que también ya estamos trabajando, ésa es una tercera ley muy importante también con una reforma constitucional que nos mandata que impulsamos en esta Legislatura y que nos mandata a hacer una sola ley nacional.
Y el cuarto tema tiene que ver con la ley para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta ley también que junto con la desaparición forzada previó una reforma constitucional para que hiciéramos leyes únicas en todo el país son, junto con los temas que yo mencioné, las cuatro leyes importantes que vamos a dictaminar como leyes novedosas en el país, las cuatro son leyes únicas que impactarán todo el marco jurídico también de las entidades federativas porque las leyes que existen en las materia en estos cuatro temas van a desaparecer.
P: ¿Son obsoletas?
APG: Son, miren, dependiendo de qué entidad trates, porque no todas están unificadas en el mismo criterio, pero le puedo decir que la Ley que tiene que ver con justicia penal para adolescentes pues una ley que no está debidamente fundada en el artículo 18 constitucional.
Hay una gran cantidad de interpretaciones como cuantos estados tenemos en el país que no podemos seguir permitiendo, necesitamos unificar un solo criterio y por eso hemos decidido en el Congreso de la Unión hacer una sola ley nacional porque es un solo sistema nacional.
P: ¿Éstas entrarán antes o estarán listas antes de que entre en vigor el sistema en todo el país?
APG: Sí, tienen que estar antes de que entre el sistema en vigor en todo el país, de tal manera que estamos obligados en el Congreso de la Unión a dictaminarlas antes de que termine este periodo de sesiones, que termina el 30 de abril.
P: En el caso de las desapariciones forzadas, preguntarle, ¿esto se da por los altos casos, los altos índices que se tienen en el país?
APG: Mire, cuando nosotros llegamos al Senado de la República en 2012, encontramos muchos reclamos de parte de la sociedad civil organizada, de parte de defensores de los derechos humanos y de parte de familiares, que han ido integrándose en organizaciones, en redes, en comités, eso es muy importante señalarlo.
Al principio batallaban solos, las familiares solas, realmente una situación terrible que ese tipo de situaciones se hayan vivido en el país. Empezaron a juntarse, empezaron a exigir.
Yo recuerdo que en el 2013 presenté una ley federal de desaparición forzada, la presenté ante las asociaciones y todas me dijeron necesitamos una ley general, una sola ley.
Porque tienen dificultades a la hora de buscar a sus seres queridos, que parten de un estado y desaparecen presumiblemente en otro u otro estado distinto. Y entonces estamos además frente a bandas, cuando es entre particulares, que están inscritas en delincuencia organizada y es una delincuencia organizada que está a lo largo y ancho del país.
Entonces eso dificultaba mucho encontrar, la búsqueda.
Y cuando se trata de las autoridades que perpetran la desaparición, que es la desaparición forzada, que es perpetrada por agentes del Estado, pus también las dificultades de si fueron agentes municipales o agentes en el ámbito estatal o agentes en el ámbito federal o de las Fuerzas Armadas, qué sé yo.
Entonces las dificultades eran tales que ciertamente para poder atender todos estos reclamos, de todos estos años y de todas estas familiares y de las organizaciones de derechos humanos, así como las recomendaciones que México ha recibido de organismos internacionales, nos vimos obligados a reformas la Constitución en esta Legislatura en el Senado de la República para tener, para dotarnos de la facultad para legislar en una sola ley en la materia en todo el país.
P: ¿Tienen casos, tienen la cantidad de casos de personas desaparecidas de manera forzada?
APG: Bueno, entre otras cosas, ése es uno de los asuntos que tenemos que resolver porque hay una gran cantidad de cifras en donde no se ponen de acuerdo, el Gobierno nos dice son alrededor de 27 mil, pero no todas son desapariciones forzadas, también hay desapariciones voluntarias, cuántas son desapariciones perpetradas entre los cárteles, es decir, entre particulares en donde no hay ninguna presencia de ningún tipo de algún agente del Estado.
Es decir, como hay datos que se duplican, hay datos que faltan, hay muchísimas personas que no han presentado su denuncia, entonces necesitamos poner orden en el país con un solo registro nacional de personas desaparecidas, con un solo banco nacional de datos forenses, que también nos permita comenzar a encontrar a las personas.
Pero sobre todo, lo más importante son preceptos únicos para la búsqueda de personas.
P: ¿Eso lo marca la ley?
APG: Eso lo marca la ley, todo lo que yo estoy diciendo son preceptos que están inscritos en la ley, cuando menos en el dictamen que nosotros estamos preparando.
P: Esta base de datos que usted menciona, ¿se tiene en cuenta o por lo menos se ha propuesto para que se cree?
APG: Sí, claro. Se está proponiendo que se cree, hay una unidad de búsqueda que funciona en la PGR, pero el problema es que la PGR tiene un ámbito federal, no tiene competencia en las entidades federativas.
La ley va a obligar a que haya un solo banco de datos en los tres órdenes de gobierno, unificar a todos en una sola base de datos a partir de la aplicación de un solo protocolo y además determinar también cómo debe ser la búsqueda de esas personas para que podamos, no cada quien interpretar la búsqueda como queramos, sino a partir de un precepto de ley que está funcionando en todo el país, único en todo el país, y se, además, se integran los datos únicos en un solo registro nacional, para que empecemos a poner orden en el país para que podamos ir constituyendo de manera formal todas las unidades especializadas de búsqueda que se tienen que configurar en todas las entidades federativas.
Hay estados que dicen yo sí tengo mi unidad de búsqueda, pero tienes otro estado que también tiene su unidad de búsqueda, pero cada quien tiene su propio método, no están articulados, no tienen una interrelación.
P: ¿Y sí cumplen las entidades con tener sus unidades?
APG: No todas, son pocas. Mire, en el país tenemos tres estados solamente que tienen una ley estatal de desaparición forzada entre particulares, es el estado de Coahuila, el estado de Querétaro y la Ciudad de México, solamente tenemos esos tres.
Casi nada.
La de la Ciudad de México acaba de ser aprobada, todavía no está funcionando, por ejemplo la declaración de ausencia. Tenemos la ley de Coahuila, que tiene la declaración de ausencia, que tiene cosas interesantes que hay que aprender y cosas que hay que corregir.
Entonces ya sabemos por dónde tenemos que caminar.
P: ¿Sería homologar a todos y que todos crearan con las mismas capacidad y un mismo protocolo de búsqueda?
APG: Sí, un protocolo único que va a establecer la ley que tiene que ser aplicado de manera única ese protocolo de ley por todas las autoridades en los tres órdenes de gobierno.
P: Nadas más preguntarle su opinión en torno a cómo está Tabasco precisamente en la procuración de justicia porque aquí se han llevado algunos caso a la Comisión Interamericana precisamente porque dicen que la actuación de los Derechos Humanos deja mucho qué desear, precisamente porque violan las autoridades en este caso cuando retienen a una persona.
APG: Mire, necesitamos, ése es un tema que tiene que ver con otra ley, que es el caso del uso legítimo de la fuerza pública o en su defecto estamos frente a un fenómeno de tortura.
Lo que tenemos que hacer en caso de Tabasco, me parece, es atender todos estos reclamos. Sí les digo que con base en mi opinión que tengo nacional, en la parte del sur, y sobre todo de los que van a estar aquí presentes, no es de los estados más caóticos que tenemos en la región, eso también hay que decirlo.
A nosotros nos preocupa de manera muy preponderante el caso de Veracruz y el caso de Chiapas, o el caso de Oaxaca. Pero estados, algunos de la Península, o el caso de Tabasco, no tienen la situación tan crítica que tienen otros estados del sur.
Y ya si vamos subiéndonos al centro del país, o al norte del país, bueno, la situación es mucho más compleja.
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