Número-1156

• El Senado está listo para los acuerdos de las mayorías, afirma el presidente del IBD.
• Las iniciativas del Ejecutivo y los partidos no incluyen tema de derechos humanos.

 

El presidente del Comité Directivo del Instituto Belisario Domínguez, senador Miguel Barbosa Huerta, coincidió con expertos en que el nuevo sistema de seguridad nacional que se legislará en el Senado no debe tener una visión política, sino debe partir de una técnica de inteligencia y coordinación nacional, que dé resultados efectivos en el combate a la delincuencia organizada.

 

Al inaugurar el foro “Mandos únicos a debate”, Barbosa Huerta aseguró que los grupos parlamentarios en el Senado de la República están listos para llegar a los acuerdos y concretar la legislación que se requiere, “producto de las mayorías que puedan alcanzarse, y habrá que asumirla como una reforma constitucional para desarrollarse en leyes secundarias, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.

 

Lo anterior, refirió, no obstante que el Ejecutivo federal “perdió el interés” en la iniciativa que presentó en diciembre de 2014, que impulsa la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), “que no es precisamente de mando único, sino de policía estatal única”.

 

Empero, puntualizó, los grupos parlamentarios del PAN y PRD en el Senado presentaron sus respectivas iniciativas, las cuales coinciden en emprender una reforma al sistema policial mexicano, que es un planteamiento distinto al que se pretende, de conceder a gobernadores absoluto control de los recursos y estrategias de seguridad.

 

“Hoy el sistema de seguridad tiene una visión política del manejo policial, al conformarse con un Consejo Nacional integrado por el presidente de la República, gobernadores, y agregados; tiene cinco o seis plataformas nacionales, con la misma proporción, y esa forma se reproduce a las leyes estatales”, explicó el legislador por el PRD.

 

Mariana Meza, del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), comentó que las iniciativas del Ejecutivo federal, del PRD, del PAN, e incluso otra presentada por el PT, coinciden en que los problemas de fondo de las corporaciones policiacas, municipales y estatales están relacionados con la ineficiencia de controles internos de confianza, deficiencia en la supervisión, así como en la falta de profesionalización y modernización de su personal.

 

Por tanto, advirtió, se deben establecer con claridad técnicas y estrategias de controles internos, supervisión y profesionalización, “de otra manera el debate del fortalecimiento de las fuerzas de seguridad seguirá pendiente”.

 

 

En cuanto a las propuestas del PRD y PAN, explicó que ambas abren la puerta a la discrecionalidad para mantener policías municipales y de instalar una corporación estatal única en ciertos casos; en tanto que el PT no toca la estructura del mando, pero sí aborda el fortalecimiento de las corporaciones locales, a partir de su profesionalización, cadenas de mando y mejores prestaciones.

 

María Eugenia Suárez de Garay, investigadora de la Universidad de Guadalajara, destacó por su parte que uno de los grandes pendientes es el tema de garantías: “llama poderosamente la atención la inexistencia absoluta del concepto de los derechos humanos en los textos de estas iniciativas. No se entiende bajo qué argumento es válida la desvinculación, cuando justamente desde la seguridad pública y justicia penal se producen muchos de las más graves y frecuentes violaciones a los derechos humanos”.

 

Preocupa también, agregó, “la absoluta ausencia del avanzado proceso de militarización y de intervenciones militares en tareas de seguridad pública, en abierta contravención del artículo 21 constitucional”, que ordena el perfil civil de las policías.

 

Otro de los temas que deben abordar las propuestas legislativas, estableció, es plantear una ruta que explique la trayectoria de reforma institucional para crear policías estatales modernas, profesionales y sujetas a control democrático”, a fin de superar el riesgo del traslado de estructuras verticales y opacas “a mandos superdotados, más lejos de la rendición de cuentas y con mayores oportunidades de violar los derechos humanos y la ley”.

 

La especialista advirtió que para la creación de un nuevo sistema policial, “no es suficiente el acuerdo entre partidos, se debe conformar una política de Estado sostenible en el tiempo, sustentado en el derecho democrático”.

 

El experto del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Juan Salgado Ibarra, coincidió en que los derechos humanos no se han abordado en el análisis de la reforma, por lo que si bien es un buen avance, “el mando único no va generar el modelo democrático policial que necesita el país y va a dejar los mismos pendientes”.

 

Ello, sostuvo, porque el mando único trata de una transformación gerencial, “no de la estructura ni de la lógica policial en México. Se deben adoptar medias importantes para transformar la institucionalidad y la relación de las policías con la ciudadanía”, puntualizó.     

 

Advirtió que la transformación del sistema policial “es un gran paquete” porque uno de los objetivos centrales debe ser recuperar la confianza ciudadana y para ello deben resolverse grandes pendientes, como las garantías de no repetición, es decir que eliminen por completo las acciones de arbitrariedad y violencia de parte de elementos policiales.

 

“¿Cómo garantizar que policías estatales no caerán en los mismos vicios que las policías municipales?, ¿de verdad las iniciativas de mando único van a permitir avanzar en que los policías cumplan con los derechos humanos?”, cuestionó.

 

Alejandro Hope, de Daily Post, consideró que debe replantearse la propuesta de reforma del sistema de seguridad, pues resulta paradójico que, aun sin haberse legislado, actualmente haya mando único en 27entidades, “pese a que es un modelo que no le gusta a nadie, ni a críticos ni a promotores”.

 

Apuntó que es necesario establecer con claridad mecanismos para fortalecer a las policías estatales, pues más del 50 por ciento de sus elementos registran bajas percepciones, de entre cinco y 10 mil pesos, a lo que se suma su deficiente nivel académico, pues 65 por ciento tiene como grado máximo la secundaria y ello dificulta su profesionalización.

 

Sin embargo, las policías municipales representan una gran alternativa en el nuevo modelo de seguridad, pues son más cercanos a la población y, por ende, es más factible su supervisión y certificación, acotó. Además dijo que los elementos policiales estatales también registran altos niveles de desconfianza por parte de la población.

 

Alberto Capella, titular de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos, subrayó que el esquema de mando único ha dado resultados positivos en la reducción de la incidencia delictiva, y es un valioso instrumento, aunque no suficiente para avanzar en esa dirección.

 

En Morelos se integró una corporación única, en donde el gobierno estatal ejerce el mando sobre los policías municipales, corporaciones preventivas estatales y concentra las funciones policiales. Como responsable de la Comisión, dijo, me ha tocado lidiar con una realidad delictiva más compleja y sofisticada de lo que se puede analizar desde un escritorio, afirmó.

 

Uno de los desafíos del esquema es el relativo a la fragmentación de las corporaciones municipales, la cooptación de una sola corporación en un grupo de 33 es suficiente para la consolidación de un grupo delictivo. Asimismo, subrayó que la unificación del mando permite mejorar la coordinación operativa y trabajar en la persecución del delito, más allá de los límites y en las fronteras municipales, se han homologado los sistemas de reclutamiento, capacitación y monitoreo de los elementos, de tal manera que se cumple con los mejores estándares para garantizar la actitud y capacidad del servicio.

 

Se ha reducido 80 por ciento el secuestro, se ha evitado que las policías municipales sean funcionales para las bandas delictivas, se ha reafirmado el vínculo con la ciudadanía y la centralización de funciones en la autoridad estatal propicia que para la opinión pública sea el único responsable de la seguridad, concluyó.

 

Por el IBD, la investigadora Carla Angélica Gómez Macfarland expuso que existen posturas encontradas en torno al mando único, destacándose que la crítica más fuerte es porque se considera que se transgrede el sistema de coordinación de competencias entre los niveles de gobierno; se debilita el federalismo; lesiona la autonomía municipal; existe el riesgo de prácticas antidemocráticas de quien posea el mando; y se debilitan las capacidades locales.

 

Entre los argumentos a favor, destacan la profesionalización policial; equidad en el tratamiento de seguridad social y laboral; más recursos para investigación y persecución de delitos a partir de un mejor control de presupuesto; y la posibilidad una mayor confianza de la ciudadanía.

 

La especialista destacó también cifras dela Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, la cual refiere que en 2014 el costo de la inseguridad para los hogares mexicanos fue de 1.27 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), equivale a 63 mil millones de pesos, derivados del monto de lo robado; la adopción de medidas de prevención (cámaras de vigilancia, elementos de seguridad, etcétera), además de los gastos derivados de daños a la salud al momento de ser víctima de un delito.

 

En cuanto a la cifra negra, agregó, en 2014 no se denunciaron 92.8 por ciento de los delitos, con una reducción de un punto porcentual con respecto a 2013, Entre las razones por las que no se denuncia, destaca con 63 por ciento la creencia de que la autoridad no podrá resolver el delito; a ello se agrega que sólo 36 por ciento de la población dijo confiar en las policías municipales, y en las estatales un poco más.

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