Número-1077

• Contrasentido, que México se convertirá en importador de cannabis cuando es uno de los principales productores: Graco Ramírez.
• Legisladores señalan que la regulación no sólo debe abarcar el área de salud, sino también la de derechos humanos.

Durante la última mesa de análisis de las “Audiencias públicas para las alternativas de la regulación de la marihuana”, especialistas hicieron un llamado a impulsar una política pública integral del uso de esta droga que no sólo contemple la parte medicinal del cannabis, pues sería un “error” y un “pequeño paso que no llevaría a ningún lado”.
La senadora María Elena Barrera Tapia, del Grupo Parlamentario del PVEM, aseguró que las audiencias públicas se llevaron a cabo en un marco plural y de total inclusión, las cuales han provocado que se avance en la homologación de criterios para generar una política pública de alcance en la regulación de la marihuana.
Recordó que en estas reuniones se dio a conocer información con estricto rigor académico y científico, cuyos elementos vienen a dar certeza y claridad en la toma de decisiones consensuadas en este tema.
En este sentido, Barrera Tapia comentó que los legisladores utilizarán todos esos datos técnicos, con la finalidad de trabajar en la propuesta y reforma que la población requiere ante el panorama actual.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, precisó que en ambas cámaras del Congreso se está creando un terreno fértil de discusión, para entrar en una segunda etapa de propuestas legislativas.
Dijo que a partir de las audiencias que hoy terminan, se presentarán propuestas por parte de las legisladoras y legisladores de ambas cámaras para tener en la mesa de discusión todos los elementos que permitan resolver este problema e ir más a fondo.
México no puede seguir siendo lo que es, tenemos que buscar alternativas y es necesario que nos pongamos de acuerdo para convocar a reuniones de trabajo de manera más puntual, que permitan determinar el alcance de las reformas y la voluntad política.
El senador Alejandro Encinas, integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, puntualizó que entre las conclusiones derivadas de las audiencias públicas destaca la responsabilidad social de los legisladores de plantear una solución integral, porque “si nos quedamos sólo en el tema de salud pública y no atendemos el de derechos humanos, vamos a tener resoluciones sumamente frágiles que seguirán alentando la existencia de mercados ilícitos, en beneficio de la delincuencia organizada”.
Senadores y diputados “debemos avanzar en una nueva política de drogas, más allá de las convicciones éticas, políticas, religiosas, filosóficas o morales, debemos tomar una decisión en el interés público, basados en los ejes articuladores de salud y derechos humanos”, refrendó.
Para lograr lo anterior, apuntó, se debe revisar lo concerniente al sistema de penas impuestas, en particular a los usuarios, desde aspectos como la portación de mariguana y otras drogas, pues actualmente se ofertan a un muy bajo costo y esto es un gran atractivo para los jóvenes. Asimismo, dijo, se deben fortalecer los programas de prevención e información a través de campañas educativas, así como de atención a adicciones
Su compañero de bancada, el senador Armando Ríos Piter, dijo que el discurso oficial es va preconfigurando el resultado final “tratando de hablar del uso medicinal de la marihuana y no dejando que se expanda en toda la amplitud que debe tener”.
Opinó que no se realiza un debate a fondo, ya que “no le entramos con contundencia” al tema de la política de drogas y sólo se enfoca en el uso medicinal de la marihuana, por lo que “corremos el riesgo de no avanzar en este tema”.
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido, advirtió que si sólo se regula el uso e importación de cannabis para su uso medicinal, México será más dependiente de los mercados de sus principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, donde ya está regulada, no sólo en medicamentos y consumo, sino su uso industrial.
Lo anterior, precisó, es un contrasentido, porque México se convertirá en importador de una sustancia básica de la que es gran productor, pero mantendrá la lucha contra la producción, uso y consumo en territorio nacional; “ahora vamos a legalizar la dependencia, somos productores, pero vamos a importarla por la salud; pero vamos a combatirla, porque es ilegal”, apuntó.
El mandatario morelense señaló que el mercado de la cannabis es exitoso a nivel mundial, pues existen dos mil 500 productos y subproductos en diversas industrias, como de energías renovables, textiles y de la alimentación, y puso como ejemplo la producción de cáñamo, que en 2010 registró una derrama de 500 millones de dólares en ventas.
En la Ciudad de México, acotó, en 2015 se registraron 75 mil usuarios, entre los 12 a 75 años de edad, que representaron un mercado de 560 millones de pesos, no fiscalizados. “Hay un mundo de actividades para el mercado de la cannabis y hay condiciones para hacer una actividad exitosa, que hoy absurdamente mantenemos en la ilegalidad, en manos de criminales”, concluyó.
El ex secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda Gutman, afirmó que sería un error grave, serio y lamentable que los sectores que han peleado por la legalización de la mariguana se conformen solamente con la legalización médica, “pues representa un muy pequeño paso que no llevaría a ningún lado”.
Señaló que México se está rezagando en esta materia, ya que hay varios países de la zona que están dando pasos más avanzados en la materia, incluyendo algunos estados de la Unión Americana, por lo que es fundamental entrar en la discusión del tipo de regulación que se pretende establecer.
A su vez, el diputado Juan Fernando Rubio Quiroz, del PRD, dijo que la llamada guerra contra las drogas ha fracasado y generado mucha violencia, muerte y sufrimiento a miles de familias mexicanas, pero también potencializó el gran negocio ilícito del narcotráfico.
Por ello, consideró necesaria una política pública responsable que contemple el establecimiento de una estrategia nacional basada en un enfoque de salud y que abone a las medias respetivas para dejar de criminalizar a los consumidores.
El diputado Vidal Llerenas Morales, del Grupo Parlamentario de Morena, manifestó su convicción de que regular la mariguana permitirá transformar un mercado que hoy genera violencia y deja a los consumidores a merced de criminales, a un sistema de comercialización con mecanismos de acceso que no fomente el consumo, esto a partir de información clara sobre los riesgos de la mariguana, la cual, acotó, no genera más daño ni representa más riesgo a la salud como el tabaco y alcohol.
Apuntó que México es el único país que se estudia a nivel mundial en cuanto a la violencia derivada de las políticas contra las drogas, porque su población es la que más sufre por esta razón; a esto se suma que representa un grave problema para el sistema carcelario, pues cada año suman 100 mil personas que son puestas a disposición del Ministerio Público sólo por posesión de este enervante.
Bajo estos argumentos exhortó al Congreso a “no tratar, como me da la impresión que hace el gobierno federal, de patear el balón, sino hacerle caso a la Corte”, la cual estableció que las leyes de drogas mexicanas no son constitucionales, porque la penalidad que impone es superior y no se compara con el daño que pudiera causar a la mariguana de la sociedad.
Steve Rolles, de Transform Drug Policy Foundation, dijo que hay tres formas de regular la oferta y demanda de esta droga: permitir el autocultivo, el establecimiento de clubs sociales de cannabis y un mercado regulado de venta al menudeo.
El especialista explicó que retomar el control de este mercado y regular el riesgo, ayudará a reducir los daños sociales y en la salud pública que están vinculados con el uso del cannabis.
El catedrático de la Universidad de Georgetown, Álvaro Santos, aseguró que la legalización de la mariguana ofrece una oportunidad para que el gobierno pueda organizar el mercado, tomando en cuenta factores como el producto, rutas, actores y actuación del Estado.
Una ventaja de organizar el mercado en la legalidad es que le otorga al gobierno herramientas finas de control, para que el Estado sea más transparente en las reglas, su aplicación y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
La política de criminalización ha causado más daño que las mismas drogas a los usuarios, por tal motivo, este puede ser un esfuerzo muy importante para organizar el mercado y disminuir la violencia, donde el gobierno pueda implementar sus reglas, utilizando sus recursos para penalizar a quienes no las cumplen.
Por su parte, el director general del Instituto Nacional de Salud Pública, Mauricio Hernández Ávila, señaló que cualquier gobierno que esté considerando cambios regulatorios a las políticas de cannabis, debe tomarse el tiempo necesario para generar la infraestructura, destinar los recursos suficientes para lograr un buen resultado e implementar los mecanismos para que se vaya ajustando.
Es necesaria la implementación de las capacidades gubernamentales, regulatorias y humanas que permitan que la legalización se lleve a cabo, bajo un modelo que se prescribe al amparo de una licencia, se dispensa por un sistema regulado y se vigila el uso terapéutico.
Estudiemos, tomemos el tiempo necesario y dediquémosle los recursos que requiere el análisis de este problema que es muy importante, expresó.

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