Número-1063

• Hay una sobrepoblación que asciende a 45 mil 140 personas en 194 cárceles del país, señala.
• El estado en que se hallan los reclusorios del país es lamentable, indica en un punto de acuerdo.

La senadora Mariana Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del PAN, propuso que el Senado de la República solicite al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y a las secretarías de Gobierno de los estados, que implementen acciones para erradicar las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren al interior de los centros penitenciarios del país.
Asimismo, plantea que la Cámara de Senadores haga un exhorto a la Secretaría de Salud y a sus homólogas en las entidades federativas, a efecto de que diseñen e implementen programas de prevención y atención dirigida a la población recluida en penales.
También incluye, en una proposición con punto de acuerdo, la propuesta para que el órgano legislativo solicite a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) un informe sobre el estado que guarda cada una de las recomendaciones que ha emitido a los gobiernos federal y de los estados, relacionadas con el sistema penitenciario.
La legisladora señala que de acuerdo con el “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014”, elaborado por la CNDH, el estado en que se hallan los reclusorios del país es lamentable, pues existe un gran número de deficiencias que representan una gran problemática.
Precisa en el documento que el diagnóstico incluyó los 130 centros estatales penitenciarios más poblados del país, cuya población total al momento de la supervisión era de 195 mil 329 internos.
Destacó que las deficiencias con mayor incidencia son las violaciones a derechos humanos, carencias en los servicios para mantener la salud de los internos, sobrepoblación y aglomeración, inexistencia de programas de prevención de adicciones o desintoxicación para los internos con adicciones, entre otros problemas.
Por otro lado, indica que según el informe Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional, correspondiente al mes de octubre de 2015, la población total recluida es de 251 mil 512 personas, de las cuales 238 mil 245 son hombres y 13 mil 267 mujeres.
De ellos, 203 mil 226 están encarcelados por delitos que corresponden al fuero común, y 48 mil 286 al fuero federal; además, se registró una sobrepoblación de 45 mil 140 personas, en 194 centros penitenciarios.
Ante este panorama, la senadora señala la necesidad de adoptar políticas públicas integrales que reúnan elementos de continuidad, marco jurídico adecuado, presupuesto suficiente e integración institucional. Estas acciones, subraya, deberán incluir un modelo de política criminal acorde con las normas internacionales y de derechos humanos, que contenga información técnica, evaluaciones y datos científicos.
Comentó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido líneas de acción para atender el problema de hacinamiento en los centros penitenciarios, como velar porque el proceso penal y los programas conexos se aborden mediante un enfoque integrado, sostenido y dentro de un plazo razonable.
Asimismo, recomienda optar por un diseño de política criminal, en la que se garanticen los derechos fundamentales, adoptar pasos concretos para asegurar un uso excepcional y racional de la prisión preventiva, y aumentar el empleo de medidas no privativas de la libertad, aplicando el principio del encarcelamiento como último recurso y el principio de la proporcionalidad.
La CIDH también ha recomendado fortalecer el acceso a la justicia y los mecanismos de defensa pública, las medidas para prevenir la reincidencia, así como garantizar el principio del trato humano a las personas privadas de libertad y el cumplimiento de los estándares internacionales aplicables, entre otras medidas.
Gómez del Campo subrayó que es evidente que las reformas al sistema penal contribuirán a que haya menos personas en los centros de reclusión; sin embargo, resulta urgente que los gobiernos federal y de las entidades federativas rediseñen sus políticas para erradicar violaciones graves a derechos humanos y diversos problemas que ocurren al interior de los centros de reclusión.
El punto de acuerdo se remitió a la Comisión de Derechos Humanos para su análisis y dictamen correspondiente.