Número-1054
- Los hechos ocurridos son una afrenta al Estado de derecho y a las instituciones de seguridad y justicia.
- Lamentan grupos parlamentarios actuación del gobierno de Nuevo León.
El Senado de la República lamentó y condenó los hechos ocurridos en el Centro Penitenciario de Topo Chico, donde se registró un enfrentamiento entre internos, que dio como resultado la muerte de 49 personas y más de una decena de heridos, cinco de ellos de gravedad.
Asimismo, la asamblea hizo un llamado a las autoridades estatales de Nuevo León para que investiguen de manera pronta y expedita lo ocurrido y esclarezcan los hechos; además que se inicie una investigación en torno a las acciones y omisiones de los funcionarios penitenciarios y de seguridad, a efecto de determinar las responsabilidades correspondientes.
Del mismo modo, exhortó a las autoridades responsables a garantizar la reparación del daño de las víctimas de estos lamentable hechos y se brinden todas las atenciones a los familiares de los fallecidos.
También, se pidió a las autoridades locales que atiendan las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre la situación de este centro penitenciario.
Al dar lectura al acuerdo de la Mesa Directiva, el senador Roberto Gil Zuarth, presidente de este órgano de gobierno, manifestó que los hechos ocurridos en el centro penitenciario son una afrenta al Estado de derecho y a las instituciones de seguridad y justicia.
Aseguró que desde el Senado de la República se trabaja en las reformas legales para transformar el sistema penitenciario, a la luz del nuevo sistema de justicia penal, y a cuatro meses de que venza el plazo constitucional para su implementación en todo el país.
Por ello, consideró necesario redoblar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno y de los poderes de la Unión para concretar un sistema de justicia a la altura de las necesidades de México.
Gil Zuarth mencionó que el gobierno de Nuevo León debe asumir sus responsabilidades con los neoleoneses, y evitar que acontecimientos como este vuelvan a ocurrir, así como dar las explicaciones necesarias y deslindar claramente las causas y consecuencias de estos hechos.
Al respecto, el senador Raúl Gracia Guzmán, del Grupo Parlamentario del PAN, dijo que ni el gobernador anterior ni el actual, ni el Ejecutivo federal, tomaron las previsiones para renovar el convenio que permitía a las Fuerzas Armadas tomar el control de los tres principales centros penitenciarios del estado, que venció en septiembre del año pasado.
Exigió que se renueve dicho convenio y se diga claramente quién es el responsable de que no se haya renovado, y en consecuencia, “quiénes son los responsables de esta gran tragedia que no es más que la gota que derrama el vaso de estos cuatro meses de crecimiento en la inseguridad”. Ya basta de las campañas proselitistas y que se dediquen a gobernar y dar seguridad a los neoleoneses, expresó.
En tanto, el senador del Grupo Parlamentario del PVEM, Gerardo Flores Ramírez, dijo que Jaime Rodríguez Calderón se ha distraído de su responsabilidad de gobernar “para dedicarse a hacer giras por todo el país descuidando la tarea fundamental que tiene, que es la de velar por la seguridad de su población”.
Afirmó que el gobernador y su equipo de transición conocían el problema de la sobrepoblación en los penales de Nuevo León; sin embargo, resulta que no hubo una atención especial al mismo.
El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, del Grupo Parlamentario del PT, señaló que el trabajo para garantizar la seguridad de los ciudadanos, el orden, la tranquilidad y la institucionalidad de los centros penitenciarios no pasa por una “persona independiente”, sino por un servidor público relacionado con las diversas instituciones.
Consideró esta situación como un “primer aprendizaje” “para que aquellos que aletean con el discurso de los independientes y que fomentan odios en contra de las instituciones políticas establecidas, lo piensen muy bien porque aquí nadie pude ser una isla”.
A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, la senadora Graciela Ortiz González manifestó que con estos hechos se puso en riesgo la gobernabilidad del estado y la seguridad de los habitantes que rodean el penal de Topo Chico.
Mencionó que da la impresión de que esta tragedia es producto de un gobernador “que no está atendiendo su responsabilidad” de gobernar, pues sigue en campaña apoyando a los candidatos independientes de las entidades donde habrá elección. Por ello, le hizo un llamado a “sacar las manos de las campañas de todo el país”.
En tanto, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, dijo que si se revisa el diagnóstico de la CNDH sobre el funcionamiento de estos centros, encontraremos cuáles son los puntos de preocupación que hoy derivaron en esta tragedia.
La senadora Martha Tagle Martínez comentó que es muy “fácil” condenar al Ejecutivo del estado y usar el tema para atacar a los independientes, “cuando todos tienen una responsabilidad por ser parte del Estado”.
Como parte del Estado, agregó, el Senado también tiene responsabilidad en esa masacre, así como todos los niveles de gobierno y los poderes de la Unión.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD, expresó que esta situación pone en evidencia la profunda crisis del sistema penitenciario, la ausencia de autoridad y cómo los grupos criminales detentan el gobierno de los penales.
Lamentó que el gobierno del estado no dé información puntual. Por qué la autoridad tardó, por lo menos cinco horas, para reaccionar, ¿fue un acto de negligencia, un acto de omisión o un acuerdo para permitir el enfrentamiento entre dos grupos delictivos que se disputan el gobierno de este centro de segregación social?, preguntó.
En su turno, el senador Javier Lozano Alarcón, del PAN, opinó que fue la “negligencia criminal, por parte de quien en teoría es el encargado del Poder Ejecutivo en el estado de Nuevo León”, la que ocasionó el enfrentamiento dentro del penal.
No estamos criticando la figura de los independientes, pero que tampoco se adornen los independientes de que son la salvación de México, porque “queda claro que se necesita de instituciones y la colaboración entre poderes, pues no se puede enfrentar a la delincuencia solos”.
Por último, el senador Miguel Barbosa Huerta, coordinador de la bancada del PRD, lamentó la forma en que el gobierno local maneja esta crisis, pues la mejor forma de transitar en un problema de este tipo dar información, pero “se han manejado de manera casi secreta”.
Por ello, dijo, espero que no se estén acomodando las cosas “para que se cree una verdad histórica en el caso de Topo Chico, como luego ocurre. Se acomodan las cosas para dar la versión oficial”.
Los senadores acordaron que las comisiones de Gobernación y de Justicia, así como la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional den seguimiento a este caso.
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