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De aprobarse esta enmienda, destacó en su propuesta que las donaciones o cuotas voluntarias no serán, en ningún caso, contraprestaciones del servicio educativo.
En la exposición de motivos se establece que el Reglamento de la Ley General de Educación dictará los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas escolares.
Además, se advierte que el servidor público que condicione el acceso a la educación que imparta el Estado a cambio de donaciones o cuotas escolares, será sancionado en los términos de ley,
Con los cambios a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los servidores públicos deberán abstenerse de condicionar el acceso a la educación que imparta el Estado a cambio de donaciones o cuotas escolares.
En la tribuna, el legislador veracruzano reconoció que el concepto de educación gratuita es producto de la lucha histórica del país, ya que deriva de las demandas revolucionarias traducidas en la institucionalización del Estado.
Consideró que hoy en día deben resolverse algunas circunstancias adversas que ponen freno a la universalidad, calidad y equidad educativa, como las cuotas escolares.
Argumento que las cuotas escolares se concibieron como una forma de responder a las insuficiencias u omisiones del Estado mexicano, y por ello, son contradictorias con la obligación que tiene el Estado de proporcionar educación gratuita.
Sin embargo, advirtió que en muchos casos se ha denunciado que las autoridades educativas han desvirtuado el esfuerzo de los padres de familia al obligarlos a “pagar” las cuotas escolares, cuya práctica ha derivado en abusos y cobros excesivos.
Señaló que frente a la insuficiencia presupuestal, escasez en el mobiliario, papelería y demás insumos, evidentes en muchas de las escuelas públicas, la figura de “cuota voluntaria” se estableció como práctica extraoficial en las escuelas públicas para allegarse de recursos adicionales.
Es importante destacar, dijo, que el propio gobierno federal reconoce el cobro de las inscripciones y otras cuotas en documentos oficiales como circulares, por lo que es urgente regular su práctica, para dotarla de mecanismos de transparencia, legalidad y control a efecto de evitar los abusos a los padres de familia.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Educación y de Estudios Legislativos, Primera.
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