Número-1059

• Necesario, el uso de instrumentos como este para mantener la economía nacional en movimiento, afirma el IBD.
• Forma parte de las políticas integrales de protección frente al desempleo que se ha desarrollado en distintas regiones del mundo.

Además de representar un esquema de protección para los trabajadores que han perdido su empleo, el seguro de desempleo es un instrumento de política pública para enfrentar crisis económicas, pues los beneficiarios continúan obteniendo recursos para comprar productos y servicios, y esto provoca que el ciclo económico siga en movimiento.

Así lo destacó la Dirección General de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, en un análisis sobre la minuta que se encuentra en el Senado de la República respecto a esta prestación, sus beneficios, presencia en el mundo de medidas similares y características particulares en cuatro países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay; con énfasis en los requisitos para recibir los beneficios y su financiamiento.

En el documento, que forma parte de la serie “Mirada Legislativa”, el IBD menciona: “la apertura al crecimiento económico ha conllevado a incertidumbres como el riesgo de desempleo. Para mitigar este riesgo, es necesario el uso de instrumentos como los seguros de desempleo, con el objetivo de mantener la economía nacional en movimiento”.

Así, el trabajador que ha quedado momentáneamente desempleado, tiene recursos para su bienestar y el de su familia, e incentivos y capacitación para encontrar nuevamente un empleo.

Desde la presentación del Ejecutivo federal de la iniciativa de ley a la Cámara de Diputados existen diversas críticas sobre las características del seguro de desempleo y, particularmente, sobre la manera en que se financiará la prestación a los trabajadores.

De acuerdo con el proyecto, el financiamiento se obtendrían de los recursos que aporte obligatoriamente el patrón conforme la Ley del IMSS o la del ISSSTE, que equivale a 3 por ciento del salario del trabajador y los rendimientos que genere, así como del subsidio del gobierno federal con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación. En determinados casos, cuando aún sea insuficiente, el recurso provendrá del gobierno federal mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Algunos especialistas aseguran que “hacer uso de su seguro de desempleo implica lesionar su cuenta de ahorro para el retiro por obtener una liquidez inmediata”. Otros opinan que el seguro de desempleo “puede ser contraproducente, ya que si hace uso de su seguro va a tener menos fondos para adquirir su vivienda o tardará mucho más o será menos probable adquirir una casa”.

Sin embargo, el seguro de desempleo forma parte de políticas integrales de protección frente al desempleo que se han desarrollado en distintas regiones del mundo, entre las que se encuentra América Latina. Países como Brasil, Argentina, Chile, Venezuela y Uruguay “han abierto sus economías e implementado un conjunto de reformas económicas con el fin de potenciar sus capacidades y aprovechar las mejores oportunidades de crecimiento”.

Chile, refiere el análisis del Instituto Belisario Domínguez, obtiene los recursos para el pago de las mensualidades al desempleado de la cuenta individual de cesantía del trabajador así como del Fondo Solidario de Cesantía. Argentina tiene el Fondo Nacional de Empleo mediante el que se financian los programas de protección al desempleado, y cuyos recursos provienen tanto de aportes y contribuciones privadas como de aportes del Estado.

Brasil por su parte, cuenta con el Fondo de Amparo al Trabajador que financia tanto el seguro de desempleo como otros programas de protección al desempleado. Por último, los programas de protección frente al desempleo en Uruguay se financian con un fondo que proviene tanto de aportaciones patronales como de personales conforme a la remuneración de los trabajadores, así como de impuestos generales.

“Lo anterior --enfatiza el IBD-- demuestra que la propuesta de creación de un seguro de desempleo en México, financiado tanto por los fondos de la subcuenta mixta como por el fondo solidario y recursos del gobierno federal, contaría con un esquema muy parecido al de diversos países de América Latina que tienen varias décadas brindando dicha prestación a los desempleados”.

El análisis puede consultarse en: http://www.senado.gob.mx/ibd/content/productos/ml/ML95.pdf