Número-1025
- Causa impactos negativos en la inversión extranjera directa, actividad económica municipal, crecimiento fiscal y desarrollo, corrupción y variables macroeconómicas.
- Política de drogas debe distinguir derecho personal y objetivos de disminución de uso de drogas.
En el marco de las audiencias públicas para las Alternativas de Regulación para la Marihuana, Laura Atuesta, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) dijo que los efectos asociados a la actual política prohibicionista es el aumento de violencia en los estados con presencia militar, aunado a los nueve billones de pesos para atacar el mercado ilícito.
Sus costos generan impacto en la inversión extranjera directa, en la actividad económica municipal, crecimiento fiscal y desarrollo, corrupción y percepción de seguridad, variables macroeconómicas, producción agrícola, desplazamiento interno, viviendas deshabitadas, fragmentación y evolución del crimen organizado y diversificación de sus actividades.
La especialista señaló que el prohibicionismo ha tenido costos mayores que los de consumo, concentrado en los países de tránsito y producción, por ello dijo, “la política debe contar con objetivos claros, indicadores medibles y atribuibles; que sea un marco legal lógico y bien elaborado”.
Por su parte, Alicia Azzolini Bincaz, del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), sugirió que la política de drogas debe establecer la prohibición en la venta para menores de edad, lugares específicos y control de consumo, el número de gramos por día como medida para uso personal, posesión de plantas y campañas preventivas.
Subrayó que es necesario distinguir el derecho al consumo personal y, por otra parte, lo que debe contener una política pública orientada a cuidar la salud y disminuir el uso de drogas.
El doctor e investigador en psiquiatría, Francisco Martín del Campo Laurents, dijo que hay evidencia de los efectos la salud, principalmente en el sistema motriz, de alimentación, funciones cognitivas, del estado de ánimo y de respuesta en los usuarios de esta sustancia. “Si se autoriza el uso recreativo sí puede tener consecuencias y daños a terceros”.
La diputada federal Marcela González Salas, del Grupo Parlamentario del PRI, consideró que los derechos no pueden ser absolutos, ya que deben encontrar sus límites en los derechos de los demás y en el orden público, buscando siempre la manera menos intrusiva hacia los derechos de los individuos.
El diputado local, Vidal Llerenas, criticó la cultura de discriminación y prohibicionismo que hay para los consumidores de cannabis porque son sujetos de encarcelamiento y extorsiones.
En esta mesa también estuvo la senadora Angélica de la Peña Gómez, del PRD, así como integrantes del Consejo Técnico para las Alternativas de Regulación de la Mariguana.