Número-974
- Mando único provoca disputas entre gobiernos, mayor riesgo de corrupción, y no reduce presiones de la delincuencia: senador Barbosa Huerta.
- Experiencias internacionales de Brasil, Francia e Italia muestran la eficacia de mantener policías locales, afirma.
Al presentar ante el Pleno la iniciativa de reforma a los artículos 21, 73, 76, 104, 115 y 123 de la Constitución Política, el coordinador parlamentario del PRD, Miguel Barbosa Huerta, apuntó que la propuesta de la bancada perredista tiene el propósito de una reforma a fondo del sistema policial.
Con este objetivo establece: Definición de estándares policiales nacionales y la construcción de un servicio nacional de carrera policial; la acreditación de las instituciones policiales de todos los niveles de gobierno, como base de su permanencia, por parte de un organismo certificador nacional, con facultades amplias para detonar procesos de cambio en las policías.
Incluye fortalecer los mecanismos de control interno y la creación de instancias formales de control civil sobre las policías; institucionalización de un régimen de seguridad social y de derecho de asociación para personal de seguridad pública, como parte de un esfuerzo más amplio de dignificación y fortalecimiento de la carrera policial.
En materia presupuestal, propone la definición de un modelo que haga posible una transformación de fondo de las instituciones de seguridad pública.
Barbosa Huerta acotó que “con esta propuesta se le toma la palabra al Presidente de la República. Decir no a la iniciativa presentada por el Ejecutivo el año pasado no equivale a decir no a la reforma policial o decir sí al status quo”.
Consideró que el mando único, propuesto por el Ejecutivo federal, puede ser útil en materia de coordinación interinstitucional, empero “tiene múltiples inconvenientes”: el principal es que provoca “un divorcio entre el control operativo y el control administrativo de las policías municipales. Ese hecho inevitablemente conduce a disputas entre órdenes de gobierno, como se ha visto recientemente en los estados de Morelos y Nayarit”.
Además, obliga a una renovación cada tres años de los convenios entre municipios y estados, “lo cual anula una de las supuestas ventajas del mando único: reducir las presiones de las bandas criminales sobre los gobiernos municipales”. Esto, sostuvo el legislador perredista, porque “los presidentes municipales se vuelven blanco de corrupción e intimidación”.
Lo anterior, expuso el senador perredista, pone en evidencia que el mando único propuesto por el gobierno federal “es un arreglo estructuralmente inestable y no puede ser la ruta de futuro para el fortalecimiento de las policías”.
Recordar que diversos casos, en especial el de la desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa, pusieron al descubierto el contubernio entre policías municipales de Iguala y Cocula con la delincuencia organizada; pero, acotó, la corrupción también ha permeado en las policías estatales.
El mando único, refirió, representa el riesgo de una mayor corrupción: “Si se corrompe la policía de Iguala, el problema se acota a Iguala. Si se corrompe una policía única en Guerrero, el problema es del estado completo. Cabe recordar que la policía de Iguala tenía un convenio de Mando Único con el gobierno estatal de Chilpancingo cuando participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa”.
Apuntó que 55 por ciento de los 38 mil 698 policías no aprobados en el proceso de control de confianza, pertenecían a policías estatales; a ello se agrega que sólo cinco de 32 instituciones preventivas estatales cuentan con unidades de asuntos internos.
Además, a nivel estatal se registran deficiencias salariales y de capacitación, pues más del 60 por ciento de los policías estatales tienen remuneraciones inferiores a 9 mil pesos, y sus capacidades de prevención y persecución del delito “son bastante limitadas, en algunos casos nulas”.
El legislador perredista advirtió que para contar con un mando único efectivo, se requeriría desarrollar las capacidades y garantizar el despliegue operativo de las policías estatales, lo cual además de ser sumamente costoso, requiere de un periodo de implementación de, por lo menos, cuatro a seis años.
La experiencia internacional, además, destaca la importancia de las policías municipales, subrayó el coordinador parlamentario del PRD: “El mundo se mueve en la dirección contraria a la propuesta del Ejecutivo”, puntualizó y refirió que en países con reformas en materia de seguridad e incluso con sistemas de centralización, como Brasil, Francia, Italia y Alemania, cuentan con una amplia red de policías municipales. “De hecho, son excepcionales los países donde no existe algo que se asemeje a una policía local”, concluyó.